Imagen con fines ilustrativos. EFE/Archivo
El ordenamiento territorial, mejorar el acceso hacia el agua potable y otorgarle prioridad a un sistema de transporte público amigables con el ambiente figuran entre las principales propuestas que algunos de los candidatos presidenciales plantean en sus programas con miras a un potencial gobierno.
El último informe del Estado de la Nación, Costa Rica presenta una desmejora en el patrón de uso de los recursos naturales, y la gestión de la institucionalidad ambiental. A esto se le suma que el país aumentó su deuda ecológica, impulsada por la Huella Ecológica, de 3% a 11% en el lapso comprendido entre 2002 y 2012.
Luis Guillermo Solís, candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), señala en su plan de gobierno que es vital apoyar la moratoria en el tema de la piña, prohibir la corta del bosque primario con fines comerciales y el diseño de una política pública dirigida al consumo del agua. Además, ofrece la elaboración de un plan nacional de reciclaje, con tarifas preferenciales para familias y empresas que separan los residuos sólidos.
Mientras tanto, Otto Guevara, candidato presidencial por el Movimiento Libertario (ML), centra su propuesta ambiental en impulsar un plan para destinar agua potable para el 100% de la población, además asegura que es necesario seguir con las políticas de seguimiento al riesgo de cambio climático y el ordenamiento territorial.
El Estado de la Nación expone que existe un conflicto por la tenencia y la ocupación de tierras en áreas protegidas, principalmente porque existe, en muchos casos, decretos imprecisos y una falta de verificación de campo.
José María Villalta, candidato presidencial del partido Frente Amplio (FA), propone una reforma constitucional para proteger el agua, evitando cualquier riesgo de privatización de los servicios públicos que brinden agua.
Villalta también promovería la moratoria de la piña en Guácimo y Pococí y una prohibición de la exportación del agua con fines comerciales en el país, salvo en casos de necesidad y emergencia. Como reforma del transporte público, para beneficio del ambiente, gestionaría un Tren Eléctrico Interurbano como proyecto prioritario.
El candidato, en su plan de gobierno, expuso su desaprobación a posibles proyectos mineros. Incluso, menciona la creación de la denominada Doctrina Nacional de Energía, donde pretende definir alternativas para reducir la dependencia del petróleo y lograr la autosuficiencia energética para 2050. En cuanto a parques nacionales y áreas protegidas, el candidato propone destinar el 50% de las ganancias que generen por visitas para pagar los terrenos que aún se deban.
Oficialismo ofrece continuación
En la parte ambiental, la propuesta de gobierno de Johnny Araya, candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), ofrece continuar con la ruta a la carbono neutralidad trazada para el 2021. Entre sus intenciones principales destacan el ordenamiento territorial y la ejecución de un plan de calidad ambiental que agrupe tierra, aire y residuos sólidos. Según el plan de Araya, él estaría anuente a velar porque se cumpla la legislación que prohíbe la pesca de arrastre en el país.
¿Qué opinan los ambientalistas?
Eduardo López, miembro de la Federación Ecologista (Fecon), han venido manejando una agenda de discusión, donde mencionan temas sobre agua, energía, transgénicos y agrotóxicos. Por ello, manejan una serie de aspectos que deberán ser abordados como prioridad.
“El tema del agua es uno de los temas centrales, la discusión que existe en torno a la Ley de Aguas en la Asamblea Legislativa. La idea es que se logre generar una propuesta en materia de agua (…) creemos que uno de los puntos centrales será energía y el uso de combustibles fósiles a nivel de país”, reseñó López.
Para Álvaro Sagot, abogado y ambientalista, el tema del agua ha trascendido, con una influencia importante del cambio climático. Abordado desde una un enfoque de múltiples criterios.
“Tenemos que ver el asunto desde una óptica más arriba, cuando hablamos de cambio climático, son situaciones que engloban reordenamiento territorial, gestión integral del recurso hídrico, es ver el agua como un derecho humano fundamental”, agregó Sagot.