Un juez ordenó movilizar 370 privados de libertad de San Sebastián. (Imagen con fines ilustrativos / Archivo CRH)
El tema estalla cuando se da un motín o incidente en una de las cárceles del país. O recientemente cuando un juez ordena que se saque de un centro 370 privados de libertad y cambie su estado. Pero la sobrepoblación es una enfermedad que viene atrofiando al sistema penitenciario, con una escalada acelerada.
La cantidad de reos que sobrepasaba la capacidad instalada de los centros del país pasó de 85 en el 2008 a 3.113 en el 2012. Esto según Informes de Estadística Penitenciaria del Departamento de Investigación y Estadística del Ministerio de Justicia y Paz.
Se plasmaron en el Informe Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría de los Habitantes del año pasado. Pero incluso para abril del 2012, la población total ascendía a 3.378 (10.203 sentenciados y 3.175 indiciados).
Tras consulta de crhoy.com, Justicia informó que al 8 de octubre de este año ya son 3.707 los privados de libertad de más que hay en las cárceles. Esto representa un 38,6%. Según el Informe de Labores de la Defensoría 2012-13, ese índice era del 5% en el 2004. La cárcel con la situación más grave es San Sebastián (San José) con 75% de sobrepoblación, seguida de San Carlos (60%) y Liberia (56%).
La Directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) Mesoamérica Marcia Aguiluz dijo que el tema es preocupante desde hace varios años. Hace pocas semanas, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando la situación y pidiendo acciones para que esa instancia jurídica solicite información al Estado costarricense.
Aguiluz mencionó que órganos internacionales han recomendado valorar la legislación que se aplica, pues la privación de libertad debe ser la última medida a tomar. La Directora mencionó que debe analizarse como se dicta la prisión preventiva, que cambios de régimen se le puede dar a un privado, así como la rehabilitación que no se está logrando en los centros penitenciarios.
Marcia Aguiluz asegura que el Estado no ha tenido una intención de abordar de forma integral la problemática, cuya alarma se dio hace un tiempo. La Directora del Cejil cree que las cárceles se convierten en escuelas para delinquir, pues no se han tomado decisiones estructurales y responsabiliza a los gobiernos.
Justicia busca diálogo, pero situación es de emergencia
El Viceministro de Justicia Jorge Rodríguez dijo a crhoy.com que por cambios en la normativa y la efectividad de la policía creció la población carcelaria. Defendió que en esta administración se han invertido más de ¢13.500 millones en el área, pero no alcanza pues el rezago es muy grande. Efectivamente este gobierno tuvo el mayor repunte en infraestructura en las últimas 4, pero solo en setiembre se dejaron 500 nuevas personas en las cárceles.
Rodríguez aseguró que se debe discutir como país y Estado sobre el sistema de justicia penal. Pero críticos de la situación como la Cejil asegura que es tarde hacerlo ahora y se debió hacer desde hace muchos años. El propio Viceministro admite que “nos pone en jaque pensar que a estas horas se va a revisar estas medidas” (que llevaron a más personas a la cárcel).
Aunque la situación es de emergencia, el Ministerio de Justicia llama al diálogo entre los distintos actores. Jorge Rodríguez explica que el grueso de la inversión en infraestructura carcelario se hizo en la década de 1980. Justifica que la discusión debe ser permanente, pues no se da por superada y que han faltado recursos, no voluntad.
OIJ también es parte
El Juez Roy Murillo ve el egreso de privados como única solución inmediata. (CRH)
El OIJ ha reclamado en múltiples ocasiones que Justicia deja a privados de libertad indiciados o condenados en sus cárceles. Incluso planteó un recurso de amparo contra el Ministerio.
Ante los magistrados, el Director Francisco Segura mencionó que hay un “eminente peligro de amotinamiento, la exposición de personal a giras, la exposición en las salas de juicio y la falta de personal por evacuaciones”. Profundizó en sus empleados, al afirmar que cumplen jornadas extenuantes, bajo estrés, cumpliendo horas extras y sin dar a basto.
En esa ocasión, la magistrada Magda Pereira comentó que el hacinamiento aumentó por el mayor uso de procedimientos abreviados, la creación de los tribunales de flagrancia y más prisión preventiva. Pereira mostró énfasis con respecto a resolver la situación del OIJ, pero el problema integral de sobrepoblación aún no tiene una solución en las esferas más altas del Ejecutivo.
El juez Roy Murillo dijo en su comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, que el cambio de régimen y liberación de privados, bajo un análisis meticuloso, es la única medida que podrá disminuir el hacinamiento en un corto plazo.
Murillo ordenó la liberación o cambio de régimen de 370 privados, pero al menos cuatro de los beneficiados fueron detenidos por presuntamente volver a delinquir. Tras la decisión vinieron las críticas y ante la falta de un enfoque integral, por el momento solo se tienen esfuerzos por más infraestructura, promesa de diálogo y medidas de emergencia.