Las medidas tomadas por el Gobierno de la República, a través del Ministerio de Hacienda, para aumentar los ingresos tributarios no minimizarán en nada el problema del déficit fiscal, según los economistas, al contrario, mucho del dinero que podría entrar se utilizaría para pagar los compromisos que el Gobierno ha asumido.
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, mencionó que el déficit fiscal es grave. CRH.
El Ministerio de Hacienda emitió una directriz para congelar el 85% de las plazas que están vacantes en el Estado y con eso, se ahorraría 22 mil millones al año. También, aprobó un tope para las pensiones con cargo en el Presupuesto Nacional que ahorraría 12 mil millones de colones por año.
Además, envío a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley contra la evasión fiscal y pronto remitirá otra iniciativa de ley anticontrabando, que según el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, recoge todas las propuestas del sector privado sobre este tema.
Sin embargo, mientras toma estas medidas, aprueba un aumento salarial escalonado para el sector público de 4 y 5,14% (para aquellas personas que ganan menos del salario mínimo de 380 mil colones), un incremento del 12% para el Fondo Especial para la Educación Superior Universitaria Estatal (FESS) y un alza en las pensiones del régimen no contributivo (RNC), que atiende a las personas en mayor condición de pobreza.
Estas decisiones, según el economista, Melvin Garita, no vienen a solucionar en nada los serios problemas del déficit fiscal, al contrario, minimizan el problema de fondo que es que las remuneraciones (salarios y pensiones) y transferencias es mayor que los ingresos totales.
Para el economista, Alberto Franco, las medidas tomadas por Hacienda no son equivocadas, pero “si comprometedoras”.
“Esto va a tener un impacto neto de lo que se ha hecho hasta el momento y muy negativo para las finanzas públicas en este año. Incluso en Ecoanálisis estamos anunciando un déficit fiscal mayor al establecido en el Programa Macroeconómico del Banco Central de 6,2%, en vez de 6%”, destacó.
En contraparte
Consultado sobre el tema, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, aseguró que confía en el ministro de Hacienda, Helio Fallas y defendió las decisiones tomadas.
El mandatario agregó que hay un rezago en los efectos de los programas sociales y los beneficios de la economía en los grupos más vulnerables. Por eso aseguró que es un cambio en el rumbo de la administración, a pesar de mantenerse la austeridad.
Con respecto al aumento en el presupuesto del FEES, también dijo que hay un contenido ideológico que muestra un viraje y justificó el aumento de apoyo financiero a las universidades públicas.
El mandatario reconoció, durante su discurso presidencial, que el déficit fiscal es grave y que debe combatirlo con eficacia cada una de sus causas.
El déficit fiscal pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas, según la Contraloría. CRH.
“En palabras sencillas, por cada colón que el Estado percibió en impuestos, le robaron o este regalo otro colón”, puntualizó.
Jorge Guardia, economista, criticó el excesivo incremento a las Universidad Estatales (12%) y lo catalogó como “abusivo y revelador de inefables compromisos”.
El ex presidente del Banco Central de Costa Rica y economista, Francisco de Paula Gutiérrez, mencionó que los aspectos tributarios se están manejando de una forma no tan clara como se hubiera querido.
“El Gobierno está haciendo esfuerzos para aumentar la recaudación, pero se la está gastando con un déficit del 6% y esto no concuerda, considero que se está jugando un poco con fuego”, mencionó.
La Contraloría General de la República, Marta Acosta, reiteró algunas recomendaciones, con carácter propositivo que ya habían sido anunciadas cuando se presentó la Memoria Anual del 2013, entre ellas sobresalen: revisar programas que generan gasto público y que no están cumpliendo con los objetivos para los que fueron creados, darle sostenibilidad a los regímenes de empleo público y pensiones.
Es necesario valorar la asignación y ejecución de los recursos correspondientes a destinos específicos con el fin de ajustarlos a la situación económica y social del país.
Además, revisar y ajustar el alto gasto en exoneraciones y otros tratamientos que alcanza un 5,6% del Producto Interno Bruto (PIB) dando transparencia a esta información e incorporándola al Presupuesto de la República.