La Contraloría solicitó a la Comisión Nacional de Emergencia mayor control y transparencia en atención de emergencias no declaradas. CRH.
La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe en el que identifica irregularidades en los procesos para la adquisición de bienes y servicios en la Fase de Respuesta a Emergencias por parte de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).
De acuerdo con el informe DFOE-PG-IF-09-2013 con fecha del 10 de diciembre de 2013, la CNE no está efectuando la rendición de cuentas sobre los gastos en que se incurre como resultado de la atención de las emergencias no declaradas, ante la junta directiva de la CNE.
Dicho informe cita como ejemplo, la ausencia de información sobre el uso del dinero disponible en el Fondo Nacional de Emergencias (FNE) por un monto mínimo de 4.000 millones de colones, para la atención de urgencias, ya que considerando lo cancelado por concepto de alquiler de maquinaria por horas, se determinó para el año 2011, que ese gasto fue por la suma de 1.908.464.680 de colones, que equivale a un 47,7% de lo asignado; mientras que para el año 2012 ese porcentaje representó un 45,8% (1.834.212.252). Es decir, casi la mitad del fondo mínimo asignado del FNE para la atención de emergencias es utilizado anualmente para la contratación de horas máquina.
“Al respecto, el Director Ejecutivo de la CNE señaló a esta Contraloría, que sí se le informa a la junta directiva sobre dichos gastos; sin embargo, de la revisión de las actas de las sesiones realizadas por ese órgano colegiado para los años 2011 y 2012, solo se localizó la presentación de los estados financieros del FNE, pero no se logró evidenciar que la información relacionada con la atención de las emergencias en la fase de respuesta, para las emergencias no declaradas, haya sido de conocimiento de esa Junta; por ejemplo, que se le informara que más del 45% de los recursos reservados para emergencias están siendo utilizados en el alquiler de maquinaria para emergencias no declaradas”, según se desprende del informe del Área de Fiscalización de Servicios Públicos de la CGR.
Ante esta situación, la CGR solicitó a la CNE que debe establecer formalmente la práctica de informar a la junta directiva, las acciones llevadas a cabo para la atención de las emergencias no declaradas, para lo cual deberá definir los mecanismos y procedimientos correspondientes, a más tardar al 31 de marzo de 2014, mediante una certificación donde conste que se estableció dicha práctica, así como los mecanismos y procedimientos respectivos.
Además, el informe indica la falta de uniformidad en la redacción de la normativa aplicable a la atención de las emergencias no declaradas, sobre el concepto del alquiler de horas máquina, lo que según el órgano contralor, crea confusión sobre sus alcances.
Mejorar atención de emergencias
El ente contralor pidió a la CNE mejorar la atención de las emergencias en el país. EFE.
En cuanto a la atención en la etapa de respuesta a este tipo de emergencias, debe realizarse ajustada a los procedimientos establecidos formalmente, procurando que las acciones sean inmediatas a la hora de la emergencia, de tal manera que se salvaguarde las personas y se eviten daños mayores.
El informe también determina deficiencias de control por incumplimiento en los procedimientos ejecutados para la contratación de bienes y servicios para la atención de las emergencias en su etapa de respuesta, que podrían incidir en la calidad, oportunidad y suficiencia de la documentación de respaldo de tales adjudicaciones.
En este sentido, la Contraloría pidió integrar y mantener en los expedientes de contratación para la adquisición de bienes y servicios en la etapa de respuesta, toda la información requerida conforme a los procedimientos establecidos.
Asimismo el ente contralor fue enfático al indicar a la CNE que debe documentar los créditos y transferencias de los recursos autorizados para la atención de emergencias en la etapa de respuesta. Para ello debe remitir al órgano contralor, a más tardar el 28 de febrero de 2014, una certificación de que los créditos y transferencias citados ya contienen la información requerida conforme a los procedimientos establecidos.