Cinco altos funcionarios del actual gobierno que tuvieron una participación activa en la campaña electoral del Partido Acción Ciudadana (PAC) y en la victoria de Luis Guillermo Solís, consumieron parte de las partidas de pagos por Servicios Especiales u Honorarios Profesionales, caracterizadas como ‘recargadas’ por la comisión que analizó los gastos de campaña del partido.
Ese es el caso de Melvin Jiménez, actual Ministro de Presidencia, quien fue jefe de campaña y del 18 de noviembre al 21 de mayo registró un pago total de 9.041.666 colones por honorarios profesionales. En ese mismo rubro, Carlos Alvarado, actual presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (Imas) y que fungió como jefe de comunicación de campaña, devengó del 16 de octubre al 31 de marzo más de 5 millones de colones, para un pago quincenal de 631.250. Esto según consta en reportes de cuenta del PAC de octubre del año pasado al mes de mayo, de los cuales este medio tiene copia.
Por servicios especiales, Ann McKinley Meza, actual jerarca de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica (Japdeva), recibió un pago de 2.184.785 colones, entre el 6 de marzo y el 15 de abril. Carlos Segnini, Ministro de Obras Públicas y Transportes, 1.875.000, entre el 28 de febrero y el 15 de abril. Por último, Ana Gabriel Zúniga, viceministra de Asuntos Políticos, tuvo un pago de 1.344.467 colones, del 3 de marzo al 7 de mayo.
“Nos parece poco razonable que la partida de “Servicios Especiales” supera en monto de ¢145,861 millones a la de “Sueldos de Personal” de ¢139,355 millones. Consideramos que se debe a que está sumamente recargada con pagos que revisten toda la característica de sueldos normales sujetos a retención de cargas sociales e impuesto al salario”, cita textualmente la comisión analizadora de gastos en su informe, presentado a principios de setiembre. Es decir, esos dineros fueron pagados a los señores citados anteriormente sin descontar cargas sociales.
Sobre funciones

Oscar Fernández, extesorero del PAC presentó un informe de gastos en campaña el 6 de setiembre. Archivo CRH
McKinley explicó que ella fue Fiscal General ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en la segunda ronda. Aseguró que para asumir el rol solicitó un permiso sin goce salarial en su trabajo anterior y participó en los monitoreos realizados durante la pérdida de papeletas.
“Lo que se me pagó en el partido era proporcional a lo que yo devengaba en la Asamblea Legislativa (su antiguo trabajo)… Como tenía que pasar metida en el TSE y dando capacitaciones como Fiscal General… por eso fue que me salí como mes y medio”, dijo McKinley.
Carlos Alvarado recordó que asumió la dirección de comunicación de campaña de luego finalizar una etapa laboral en Panamá. Incluso explicó que la propuesta para asumir el Imas llegó después de concluida la segunda ronda y aseveró que “lo que yo recibí era un salario… Me metí porque creí en esto y creo en Luis Guillermo. Pagué impuestos y todas las cosas… Lo del Imas no fue algo que se conversara antes de la segunda ronda”, recalcó el comunicador.
Segnini explicó, mediante un vocero del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt), que su función fue principalmente para la segunda ronda, donde fungió como Coordinador Nacional de Electorales, dependencia encargada de inscribir y capacitar miembros de mesa o cualquier otro personal necesario para los procesos electorales.
Mientras tanto, Ana Gabriel Zuñiga manifestó que fue contratada en momentos de campaña y su labor fue denominada como ‘facilitadora de organización regional’. En su caso le correspondía hacer los procesos organizativos de la provincia de San José, lo que combinó con la secretaría de Juventud.
“En la primera ronda me desempeñé como secretaria provincial de San José y haciendo labores de campaña ad honorem. Para lo que correspondió a la segunda ronda, y que hubo una posibilidad del partido para contratarme, me cesan de mi trabajo y asumo de tiempo completo las jornadas de trabajo de la campaña remuneradamente”, puntualizó la hoy viceministra.
La comisión también vio con recelo los pagos ejecutados a las empresas encargadas de los eventos masivos durante la campaña.