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CCSS acusa de peculado a médico ligado con caso de supuesto tráfico de órganos

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Mora Palma fue detenido en julio del 2013 en el HCG. Archivo CRH/OIJ

Mora Palma fue detenido en julio del 2013 en el HCG. Archivo CRH/OIJ

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presentó una querella y una acción civil resarcitoria contra un médico nefrólogo de apellidos Mora Palma, quien figura como principal sospechoso de liderar una red dedicada al tráfico y extracción internacional de órganos, descubierta el año pasado por las autoridades.

Mora era el Jefe de Nefrología del Hospital Calderón Guardia (HCG) y según confirmó el Ministerio Público por este caso se le está acusando por el delito de peculado. La denuncia le achaca utilizar las instalaciones y los laboratorios clínicos del HCG para hacer trámites y gestiones previo a los transplantes.

“La acción civil pretende cobrar económicamente por los daños y perjuicios sufridos por la comisión de un delito. En adelante lo que procede es que el juzgado deberá de señalar una fecha para realizar la audiencia preliminar, en la cual se convoca a todas las partes involucradas .En esa audiencia, el Juzgado decide si eleva o no el caso a juicio”, indicó, vía correo electrónico, Tatiana Vargas, vocera del Ministerio Público.

La denuncia de la CCSS y la investigación por el delito de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos se contemplan en el expediente 13-0000227-1219-PE. El pasado 12 de setiembre la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada presentó la acusación respectiva contra Mora Palma y otros tres médicos de apellidos Mauro Stamati, Fonseca Guzmán y Monge Monge. También contra un comerciante de nacionalidad griega, de apellidos Katsigiannis Karkasi, quien era propietario de una pizzería cercana al hospital.  En total se contabilizan 14 personas como víctimas.

“Un médico (jefe de nefrología) del HCG lideraba una organización que realizó al menos 14 trasplantes de riñón a personas extranjeras, principalmente israelíes. Los órganos provenían de personas costarricenses a quienes se les pagaba por despojárseles de sus riñones… A las víctimas se les pagaba entre 3 y 10 millones de colones”, recordó el Ministerio Público.

El papel de Mora Palma como supuesto líder recaía en localizar clientes extranjeros que requirieran un trasplante de riñon. También, captaba personas de bajos recursos para ofrecerles dinero a cambio de ese órgano y se dedicó a coordinar la extracción y el posterior trasplante.

La fiscalía señaló que en el caso de Mauro Stamati, especialista en urología, su labor recayó en realizar extracciones de riñón en dos hospitales privados de San José. Monge Monge, especialista vascular periférico también realizó extracciones de órganos en dos clínicas privadas capitalinas.

En tanto, el empresario de origen griego centró su función en ubicar y captar personas en mala condición económica, ofreciendo dinero a cambio de que autorizaran la extracción ilegal de órganos.

Fueron detenidos pero en libertad

Mora Palma fue detenido el 18 de julio del año pasado, tras cuatro meses en prisión preventiva fue dejado en libertad bajo medidas cautelares. Tuvo que pagar 100 millones de colones como garantía, debe firmar periódicamente y no puede salir del país, entre otras medidas. Sus medidas estarán vigentes durante todo el proceso penal.

El resto de imputados fueron detenidos el 10 de octubre de 2013 en las afueras del HCG, fueron puestos en libertad bajo medidas cautelares, como no acercarse a testigos, firmar periódicamente e impedimento de salida del país. Para estas tres personas las medidas cautelares vencen el próximo 10 de octubre.

Este caso cautivó la prensa internacional de países como México, Israel y recientemente el New York Times de Estados Unidos que dedicó un amplio reportaje al caso y el modo de operar entre varios continentes.

Por el delito de extracción ilegal de órganos las penas van desde los seis hasta los 10 años de prisión por cada uno de los casos que se le atribuyan a los imputados. De modo que por las 14 víctimas, Mora Palma podría ser condenado hasta unos 140 años de prisión como máximo.


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