El expresidente Arias siempre negó que la Fundación recibiera dinero de Industrias Infinito. (EFE/Archivo)
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) solicitó que se desestime el caso que se sigue contra Óscar Arias, por una supuesta donación de Industrias Infinito a la Fundación Arias para la Paz. Esto por el caso del fallido proyecto minero de Crucitas.
Tras consulta de crhoy.com, la Oficina de Prensa del Ministerio Público respondió que “el expediente 12-000124-621-PE salió con solicitud de desestimación por falta de pruebas”, pese a que existía la posibilidad de negociar con el gobierno de Canadá para que entregara nueva documentación. Aunque la información se consideró necesaria para esclarecer el caso, la Fiscalía evitó seguir con la solicitud de ampliación de la prueba.
De acuerdo con la respuesta, será el Juzgado Penal de Hacienda el que decida ahora al respecto de la solicitud de la Fiscalía. Sin embargo, antes de eso, se comunicó el expediente a la Procuraduría General de la República (PGR), tal y como lo establece la Ley.
Ahora la Procuraduría tiene hasta el próximo lunes 6 de octubre para emitir su respuesta sobre el caso. Después de eso, el expediente será entregado al Juzgado, que decidirá si se acoge o no la solicitud de la Fiscalía.
A pesar de lo que parece el cierre de un polémico caso, la institución respondió que “esta conclusión fiscal (desestimación) no significa el cierre permanente del caso, sino que permite la reapertura del expediente siempre que ingrese nueva evidencia”.
El artículo 300 del Código Procesal Penal indica que cuando el Ministerio Público decida solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad o el sobreseimiento, “deberá ponerlo en conocimiento de la víctima de domicilio conocido para que esta manifieste si pretende constituirse en querellante”.
En ese caso, tiene tres días para indicarlo por escrito. “La querella deberá presentarse ante el Ministerio Público, dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo anterior”, estipula dicho artículo. Una vez que se reciba la respuesta, se trasladará al Tribunal.
El delito investigado es de posible concusión y se realizaron investigaciones a nivel local, que tampoco llevaron a la Fiscalía a realizar una acusación.
El Procurador de la Ética Rónald Víquez afirmó que de la información enviada en primer lugar por Canadá, no se llegó a otra conclusión. Además en la segunda entrega, tampoco se constató el nexo económico y las autoridades de ese país no entregaron más datos, pues no había proceso al respecto.
Ante la falta de prueba, la Procuraduria comparte el criterio de la Fiscalía. Víquez dijo que la institución no tiene que responder obligatoriamente, sólo si tuviera información para dar un criterio distinto y hacer otra acusación. Agregó que la desestimación no pone fin al proceso, aunque por el momento no consideren que hayan pruebas para mantenerlo.
“De momento así es. Básicamente la información que se solicitó no es concluyente, hasta el momento no se ha podido probar ese eventual pago o esa conexión donde hubo movimientos monetarios de por medio, ligados a los imputados”, afirmó el Procurador Víquez.
Prueba ampliada de Canadá no llegó, porque Fiscalía negó información para la gestión
El fiscal General Jorge Chavarría, quien busca reelegirse, consideróa hace unos meses que la prueba de Canadá era insuficiente. (CRH)
Desde hace más de año y medio, la Fiscalía inició procesos con el gobierno de Canadá, para obtener una prueba financiera, que consideraba necesaria en la investigación del caso. Desde el 8 de febrero del 2013, la información desde ese país norteamericano llegó a Costa Rica.
Sin embargo, seis meses después el fiscal General, Jorge Chavarría, la calificó como incompleta y adelantó que solicitarían más detalles a Canadá. En febrero de este año, se retomaron las gestiones y se envió una segunda carta rogatoria para pedir más información.
La prueba financiera que se solicitó tenía por objetivo determinar si la empresa minera realizó una donación de $200.000 a la Fundación Arias para la Paz y el Progreso, en el 2008, cuando Óscar Arias era Presidente. El dinero, según la organización Mine Watch Canada, habría sido girado a la Fundación pocos días antes de que Arias declarara el proyecto minero de Crucitas, de interés público.
Según la respuesta a este medio, las autoridades de Canadá enviaron un oficio a la Fapta con la petición de que Costa Rica le revelara una serie de informaciones que. Pero por ser parte de la investigación y estar cubiertas por el artículo 295 del Código Procesal Penal, sobre privacidad de las actuaciones, la Fiscalía consideró que no era viable aportar lo solicitado.
Al no tener esa prueba, la institución considera que ya no se puede recabar más datos, por lo que solicitó la desestimación. Aunque defiende que el proceso se podría abrir eventualmente.
crhoy.com solicitó copia de las cartas rogatorias hechas a Canadá, así como el documento del país norteamericano, en el cual solicitó la información. Sobre el primero la Oficina de Prensa respondió que son documentos privados y porque el caso no se ha cerrado.
También se quisieron conocer los argumentos para negar la información a Canadá, pero se dijo que sería explicar el caso, que es privado. También se quiso hablar con el fiscal de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Juan Carlos Cubillo, pero dijo que se refería al caso vía correo electrónico, con la Oficina de Prensa.
¿Qué aportó Canadá y por qué la Fiscalía no aceptó?
Tras una consulta adicional de este medio, la Fiscalía explicó parte del detalle del proceso. En un inicio, se buscó la colaboración de Canadá, tras información confidencial aportada “por un profesional en el periodismo”. Se buscó acceso a las cuentas bancarias de la Fundación Norlien, para determinar si hizo la donación a la Fundación Arias u otra en Costa Rica.
En el 2012, el Juzgado Penal de Hacienda autorizó la apertura de cuentas de la Fundación Arias, para conocer si recibió una donación irregular. En ese momento, cómo informó el diario La Nación, el director de la Fundación, Luis Cordero, aceptó que se reunió con Ronald Mannix, accionista de Infinito Gold, quien vino al país a nombre de la Fundación Norlien.
“Ese acto de investigación no fue realizado por las autoridades canadienses, y por ello no informaron en un el primer informe que enviaron a nuestro país. En vista de eso, la Fiscalía costarricense gestionó una ampliación del informe”, detalló ahora la Fiscalía.
Posteriormente, Canadá consultó si el Ministerio Público podía acreditar confiabilidad en la información periodística recibida y si la fuente podría ampliar los detalles de interés para el caso, con el fin de solicitar a un Tribunal de ese país la liberación del secreto bancario.
Ante esa solicitud canadiense, “en virtud de tratarse de información no verificada por el medio de prensa ni por la persona periodista que informó, el Ministerio Público no está en condiciones de avalar la veracidad de la información”.
“No obstante se trató de obtener un contacto con la persona de profesión periodista que entregó la información con el fin de obtener la confirmación y la ampliación de los detalles, sin que pudiese concretarse, ya que existen noticias de que esta persona actualmente no reside en nuestro país”, respondió el Fiscal Cubillo, quien defendió que lo correcto es la desestimación.
Código Procesal Penal
Cuando el hecho denunciado no constituya delito o sea imposible proceder, el Ministerio Público solicitará al tribunal del procedimiento preparatorio, mediante requerimiento fundado, la desestimación de la denuncia, la querella o las actuaciones policiales.
La desestimación no impedirá reabrir el procedimiento, cuando nuevas circunstancias así lo exijan, ni eximirá al Ministerio Público del deber de practicar los actos de investigación que no admitan demora.
La resolución que admite la desestimación, se comunicará a la víctima de domicilio conocido y será apelable por esta, por el querellante, el actor civil y el Ministerio Público. Si se trata de una víctima que está siendo objeto de protección, el fiscal a cargo del caso deberá informarla de inmediato.
En su momento, el análisis de la prueba de Canadá avanzó, con un perito que trabajó en su traducción durante varios meses. Pero no fue suficiente para considerar que el caso tenía prueba suficiente.
El expresidente Arias ha negado que la Fundación haya recibido donaciones de la minera. En otro proceso, la Fiscalía consideró que la concesión a de la mina Crucitas fue ilegal, por lo cual acusó al exministro de Ambiente de Arias, Roberto Dobles, desde noviembre del 2012, hace casi dos años. El juicio se realizará del 27 de octubre hasta el 19 diciembre.
Diputado: la prueba de Canadá es una cortina de humo
El diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, está denunciado por la empresa Infinito Gold desde el 2010. (Archivo CRH)
Al enterarse de la noticia por este medio, el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, afirmó que está decepcionado de la decisión de la Fiscalía, pues consideró que ni siquiera se llevó a cabo una indagatoria y no se tomaron en cuenta a organizaciones que pidieron ser reconocidas como “víctimas de domicilio conocido”, bajo el 300 del Código Procesal Penal.
Estas no fueron notificadas, lo que le generó preocupación al congresista. Por eso dijo que analizará con lupa el procedimiento, ya que hay responsabilidades que el país exige. Además recordó la relación del Fiscal Chavarría con Óscar Arias, de quien fue su viceministro.
Araya fue más allá y aseguró que la prueba de Canadá es una cortina de humo, pues no se necesita para investigar el tema. El diputado recordó que el Tribunal Contencioso Administrativo recomendó a la Fiscalía que se investigara si Óscar Arias incurrió en prevaricato o no, al declarar de interés público un proyecto minero privado.
Al ser otra investigación, el congresista insistió en la situación de posible prevaricato. Pero ante la situación con la información por la supuesta donación a la Fundación, reclamó que ha habido secretismo y que no se ha solucionado la petición de organizaciones. Por eso dijo que la objetividad de la Fiscalía está en duda.
Además, recordó que la propia Sala Constitucional concluyó que hubo intenciones claras para que hacer que el proyecto minero avanzara. Araya ya había renunciado a su inmunidad para someterse a un juicio, por una demanda de Infinito Gold por supuesta difamación.
Justamente el pasado miércoles, en el Plenario, Araya recordó el tema cuando se habló del expresidente Arias, por su reciente opinión sobre materia fiscal. El diputado afirmó a sus colegas “es para informarle que sigo esperando que el fiscal general llame a declarar a Óscar Arias sobre lo de Crucitas”.