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La compra que realizó la administración anterior de 7.3 hectáreas de terreno a la Asociación privada Inbio, tiene al actual gobierno en una encrucijada, pues la zona no sirve para el fin por el que fue adquirida y ahora el Estado tiene que cancelar lo que debe.
De acuerdo con la viceministra de ambiente Patricia Madrigal, el Estado debe 5 mil millones de colones a la Asociación y los tienen que pagar a un plazo de 6 años, dando abonos de 490 millones de colones al año.
Sin embargo, Madrigal agregó que no tienen claro qué harán con los terrenos, debido a que no sirven para ubicar ahí la sede del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y no estaba en los planes conservar el terreno como parque, pues costaría cerca de 120 millones de colones, que no estaban contemplados.
“La justificación que se dio era dejar de pagar alquileres, pero esto no va a ser así, de hecho se va a triplicar el gasto, esas condiciones no se cumplieron. Yo no diría que nos dejaron un problema, creo que son varios problemas y me parece que por cortesía de que ingresaba una nueva administración debieron esperar”, comentó Madrigal.
La vice ministra explicó que ya se pagaron 1.500 millones de colones y que el compromiso adquirido por la administración es pagar 490 millones por año hasta el 2021.
Madrigal aseguro que les preocupa de dónde saldrán los fondos para saldar la deuda adquirida. Los terrenos tienen una dimensión de 71.893 metros cuadrados de los cuales, 50 mil son área boscosa.
El costo de las nuevas edificaciones es de 1.100 millones de colones y solo cuentan con 500 millones, por lo que el resto tendría que salir del presupuesto 2015, pero por los recortes hechos esto deja de ser una opción. Agrega que, de todas formas, no es una muy buena opción.
“Si se sigue por la construcción implicaría el pago de la construcción, pago de la deuda y pago del alquiler. En este momento nos parece que con los recortes sería inviable, nos pone en una difícil situación. El análisis que se desarrolla determinará si hay vicios o no los hay. Pero si los hay, nos parece que no sería adecuado seguir invirtiendo recursos en un proceso así”, dijo Madrigal.
En febrero de este año el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) le solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) proceder con la escritura y el 4 de abril el Banco Improsa le devuelve al InBio las fincas que estaban en un fideicomiso y la Notaría del Estado da fe de que están libres de gravámenes y deudas, por lo que se firma la escritura contra el adelanto de los 1.500 millones de colones, recursos provenientes del Ministerio de Hacienda.
Madrigal indicó que para el 2015, 418 millones de colones tendrían que salir del fondo de Parques Nacionales, para abonar al pago de la deuda. Con este desembolso se disminuye el fondo en un cinco por ciento, que se podría haber utilizado para el mejoramiento de las instalaciones para los visitantes.
Auditoría pendiente
La viceministra solicitó la apertura de una auditoría, realizada por funcionarios del Minae y del Sinac y que tiene como fin corroborar si los procesos de compra de los terrenos se llevaron acabo en apego a la legalidad. Por el momento, la jerarca afirma que se realizaron con demasiada celeridad.
“Si el proceso es legal, quiere decir que el terreno es patrimonio del Estado, ahí tendríamos que ver si se traslada el Sinac o si se continúa con el parque y eso se está determinando mientras se tienen los resultados de la auditoría”, dijo Madrigal.