Imagen ilustrativa, tomada de www.transportesdeldu.com
Cuando la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) fija una tarifa para el servicio de autobús una de las variables más importantes (o la más importante) es la cantidad de pasajeros que utilizan el servicio.
La lógica tarifaria es que a mayor cantidad de pasajeros, los costos de la empresa se dividen entre más personas, y a menos pasajeros reportados, el resultado es más alto.
Para el Consejo de Transporte Público (CTP) la cantidad de pasajeros representa la razón de ser de las rutas que se autorizan. Con este dato, se definen la cantidad de unidades designadas, la frecuencia de horarios y hasta la viabilidad de la ruta.
¿Pero quién verifica la cantidad la cantidad de pasajeros que utiliza el servicio? Pues en un inicio es el CTP el que hace un estudio de la demanda, pero muy pocas veces lo actualiza, por lo que es el empresario quien da el registro final al CTP, quien lo traslada a Aresep para que fije las tarifas…
Pero esos resultados no siempre son ciertos y son alterados en ocasiones, tal como sucedió con la empresa que da el servicio en Tobosi. En 2013, por insistencia de los usuarios, la Aresep inició un estudio en el que determinó que el operador reportaba un cifra mucho menor de la demanda real, por lo que las tarifas se dispararon.
Esto lo sabe Aresep y el CTP y ante la duda razonable, ahora los concesionarios deberán entregar al CTP la información “cruda” que brinden las barras contadoras electrónicas que se utilizan como una medida de control dentro de la empresa.
“En realidad se generó algún tipo de duda con lo de Tobosi, entonces nosotros, en aras de que el ciudadano tenga información veraz, tomamos esta decisión para que el costo operativo se ajuste a una realidad [...] no podemos permitir que si algún empresario inescrupuloso altera esa información, haya una inflación en la tarifa”, manifestó Mario Zárate, director del CTP.
Poco proactivos
Para Leonel Fonseca, ex regulador de Aresep, es inexplicable que hasta ahora el CTP obligue a los operadores a brindar información fidedigna.
Fonseca asegura que los servicios públicos deben ser al costo, con un margen de utilidad justo, y que el dato de ganancia es desconocido por las autoridades.
De acuerdo con sus estimaciones cuando fue regulador, la demanda del servicio es un 40% mayor de la que los operadores lo reportan.
Tanto el CTP como Aresep reconocen que los estudios de campo son casi inexistentes, pese a que son su competencia y potestad.
En lo últimos años, los estudios de campo de Aresep se limitan a Tobosi, Palmares y las interlíneas. Mientras que en el CTP, Zárate reconoció que la institución no tiene el personal suficiente para hacer esa tarea, por lo que se comprueba que la demanda de pasajeros es una cifra que las autoridades reciben a “ojos cerrados”.
La obligatoriedad de entregar la información mantiene preocupado a los empresarios de autobús. El representante del Foro Nacional de Transportistas, Asdrubal Fallas aseguró no temer a entregar los datos, sino el formato cómo deberían entregarse, pues el servicio lo brindan distintas empresas que no comparten el mismo formato.
Sin embargo, Sebastián Urbina, viceministro de Transportes precisó que lo que pretende el CTP es la información “cruda” sin procesar y que para ello se establecieron protocolos.
También preocupa a los empresarios la inversión que deberán hacer con los sistemas electrónicos, pero la Aresep lo reconocerán en la metodología ordinaria de ajuste, según confirmó la institución.
La Aresep apoya el uso de barras electrónicas en los autobuses y así se lo dejó saber a la Defensoría de los Habitantes en febrero del año pasado, cuando pidieron a la entonces defensora, Ofelia Taitelbaum, desestimar el uso del dispositivo en aras de proteger los datos más precisos que podría brindar un operador al CTP, pese a no ser su obligación.