(Imagen con fines ilustrativos. CRH).
La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) recibe cerca de 360 consultas cada mes de personas por violaciones a su privacidad, pero de esas, solo 12 interponen la denuncia contra bancos y comercios.
De acuerdo con Mauricio Garro, director de la entidad, las denuncias en diciembre y enero crecieron en comparación con los meses del año anterior, y la mayoría van a enfocadas a llamadas constantes en donde ofrecen tarjetas de crédito o servicios, además de cobros de cuentas personales y de familiares.
“La violación a la intimidad es una violación a la personalidad y en este tanto funge tanto personalmente, para el individuo titular de ese derecho como para sus familiares (…) nos llama gente diciendo ‘mire es que llaman a mi papá, a mi mamá, a mi novia’ y eso de por sí ya puede importar una violación a la intimidad. Lo más frecuente es la denuncia por exceso de llamadas para cobros de líneas de crédito”, afirmó el director.
Según Garro, las personas pueden solicitar a las empresas que dejen de llamar siempre y cuando no haya existido antes un consentimiento por parte del titular.
“Existen casos en que las empresas expresamente solicitan un consentimiento por parte del titular de la línea de crédito para que se llame a terceras personas a fin de contactarle en caso de que haya que notificarle algo o eventualmente en caso de deudas o retrasos en el pago. En ese caso la persona está autorizando a que se le contacte a través de otros medios. El consentimiento informado debe ser claro y preciso respecto precisamente de los fines para los cuales se va a utilizar la información (…) habiendo autorizado ese fin eso no significa que pueda haber un abuso”, explicó el director de Prodhab.
No existe una regla de cuántas son las llamadas que puede recibir una persona sin que se entienda que se está violando su derecho a la intimidad y por tratarse de un derecho a la personalidad está referido a un ámbito subjetivo de la persona y depende la condición psicológica, mental y emocional en un momento dado, por lo que para algunos una sola llamada de cobro podría significar una violación a ese derecho, de acuerdo con lo expuesto por Garro.
Imagen con fines ilustrativos. Archivo CRH
“El momento en que la persona siente que su derecho a la intimidad está siendo violentado a partir de ahí surge el claro derecho a interponer un denuncia ante la Agencia de Protección de Datos”, añadió.
Problemas con líneas telefónicas se tienen que atender en la Sutel
El director explicó que hay algunos casos en donde las personas adquieren una línea telefónica que antes pertenecía a otra y reciben constantemente llamadas telefónicas a cobrar. En estos casos, se debe interponer la denuncia ante la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
“La Ley General de Telecomunicaciones establece que la Sutel tiene ciertas prerrogativas (privilegios) en el campo de protección de derechos de las personas, además establece que será por la vía de procedimiento administrativo de solucionar cualquier controversia planteada a través de una denuncia o una reclamación (…) en este caso la denuncia tendría que ser planteada a través de la Sutel (…) la recomendación claramente –y es el derecho de toda persona- de acudir a todas las vías que considere oportunas en protección de sus derechos, corresponderá a la Prodhab o a la Sutel determinar competencia o no”, citó Garro.
¿Cómo interponer una denuncia cuando se considera que se está violentando el derecho a la intimidad?
Hay dos opciones, la primera es que las personas pueden acudir directamente a la entidad a solicitar el cese de llamadas o mensajes, además de la supresión de la información de las bases de datos. Si esto no es resulta, existe la segunda opción, que es interponer la denuncia ante la Prodhab.
“La entidad está obligada a responderle a la persona en un plazo de cinco días, es un trámite que se realiza directamente entre la persona y la entidad. Independientemente a que se haya hecho esto, la persona puede recurrir a la Prodhab e interponer la denuncia, para ello debe señalar específicamente a quién está denunciando, la dirección donde notificar a esta entidad, cuales son los hechos que producen la denuncia y debe fijar sus pretensiones, es decir qué es lo que espera que se resuelva por parte de la Agencia de Protección de Datos”, explicó el funcionario.
Además, la persona puede aportar toda la prueba que tenga como registro de llamadas y si existen, grabaciones porque esto facilita el proceso.
“En términos coloquiales es una especie de pequeño juicio, la persona debe tratar de cumplir con la mayor de las formalidades posibles para que se pueda evacuar, recibir y estudiar esa prueba y también se le da un traslado de cargos eventualmente a la entidad denunciada para que se manifieste y aporte también la prueba que conste. En este tipo de prueba se puede ofrecer prueba testimonial y confesional”, indicó Garro.
Por lo general, el trámite dura alrededor de mes y medio y en la mayoría de los casos –cuando se presentan suficientes pruebas- se comprueba lo expuesto por los usuarios. Si las entidades siguen haciendo las llamadas están obligadas a indemnizar al afectado hasta por 13 millones de colones.