Un mes después de que Mario Barrenechea asumió oficialmente la gerencia del Banco de Costa Rica, su nombramiento y atestados académicos fueron cuestionados en el plenario de la Asamblea Legislativa por el diputado Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana.
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El legislador relató, con detalle de fechas y actores, la seguidilla de presuntos hechos irregulares que habrían llevado al banco a contratar a Barrenechea y dos nuevos subgerentes, uno de los cuales tendría una relación de parentesco con el auditor del banco.
Redondo también afirmó, con base en una comunicación del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, que el nuevo gerente no está incorporado a dicha agremiación ni está registrado su título de postgrado.
La misiva fue dirigida a la junta directiva del banco por el fiscal del Colegio, Javier Vega, quien resaltó un mandato legal para la incorporación.
“…el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, como ente fiscalizador de la actividad profesional en las Ciencias Económicas, respetuosamente quiere dejar plasmada su inconformidad por la decisión tomada…”, indica el oficio F-0011-2015, con fecha 8 de enero.
Barrenechea fue electo por la junta directiva del BCR a mediados de diciembre, pero asumió formalmente en enero. En el pasado ya había ostentado el mismo puesto, específicamente entre mayo de 1997 y setiembre del 2002, periodo durante el cual impulsó la venta del banco estatal.
Hermetismo de la junta directiva
Ante las acusaciones de Redondo, el Banco de Costa Rica respondió que las afirmaciones del legislador no corresponden con los motivos que llevaron a la designación de Barrenechea como gerente, a mediados de diciembre pasado.
“Las afirmaciones que hace el señor diputado Mario Redondo incurren en serias imprecisiones terminológicas, sus afirmaciones no corresponden a los hechos que motivaron los acuerdos que adoptó la junta directiva; es omisa en cuanto al fundamento jurídico de los mismos y a la realidad económica y al régimen de competencia en que actúa el Banco, lo que aclararemos con mayor profundidad el día de mañana (este jueves)”, manifestó Ronald Solís, presidente de la junta directiva del banco.
La exdiputada Evita Arguedas, quien funge como directiva del banco y sus subsidiarias, indicó que la junta ya había discutido -al momento de la elección de Mario Barrenechea- cómo iban a contestar sobre el particular y que eso se iba a canalizar únicamente por medio del presidente de la junta.
“Me veo imposibilitada, por un acuerdo tomado como órgano colegiado, de darle alguna comunicación de mi parte; y por un respeto de algo que se estableció, yo me veo en esa posición de no dar un comentario”, dijo.
Este medio tiene una copia del acuerdo de la junta directiva en el que se aprobó el nombramiento de Barrenechea, provista por el despacho del diputado Jorge Arguedas.
Según el documento, los siete directivos de la junta directiva del banco -Rónald Solís, Paola Mora, Mónica Segnini, Alberto Raven, Evita Arguedas, Gustavo Arias y Francisco Molina- dieron el visto bueno para el nombramiento de Barrenechea.
Esto motivó a que el diputado Redondo pidiera este miércoles la renuncia de todos los miembros, por considerar inadecuado el nombramiento.
Movimientos y denuncias en la banca estatal
En días recientes los bancos del Estado han estado en la mira de la opinión pública por temas relacionados a sus gerentes, sus sistemas de incentivos y sus utilidades.
La tarde del 26 de enero anterior, el economista Fernando Naranjo renunció a la gerencia del Banco Nacional aduciendo que, ante los buenos resultados del banco, había llegado el momento para asumir nuevos retos profesionales.
No obstante, ese día, en el plenario de la Asamblea Legislativa, el diputado Antonio Álvarez Desanti, del Partido Liberación Nacional, afirmó que la renuncia de Naranjo fue provocada por la junta directiva del banco, que tuvo discrepancias con las decisiones del funcionario.
En la mañana de ese mismo día, la Contraloría General de la República llamó la atención de tres bancos públicos, cuyos incentivos a empleados consumen anualmente el 23% de sus utilidades netas.
En la lista, la Contraloría apuntó al Banco Nacional y el BCR, ambos estatales. También al Banco Popular, que no es estatal pero que maneja fondos públicos.
Con motivo de esta denuncia, el Poder Ejecutivo dio el martes un mes para que los bancos expliquen criterios de incentivos y premios que dan a sus funcionarios.
A mediados de enero también se conocieron las utilidades de los bancos estatales durante el 2014. Sobresalieron los resultados del Banco Nacional, con un crecimiento respecto al año previo, y Bancrédito, que reportó una ganancia un 59% menor a las del 2013.