Para los expertos el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez tiene una gran cuota de responsabilidad en la crisis a raíz de la Ley Mordaza, pues es desde su cartera donde se deben de delimitar los objetivos y alcances de los proyectos de ley que proponga el Gobierno (CRH).
El borrador del proyecto de Ley General de Radio y Televisión, más conocida como la Ley Mordaza por sus intenciones de penalizar a los medios de comunicación por sus contenidos, se convirtió en el “ejemplo corona” de la descoordinación y la falta de estrategia del gobierno de Luis Guillermo Solís, desde el punto de vista de politólogos y analistas.
El plan elaborado en el seno del ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) evidenció además las carencias en cuestiones de comunicación y de articulación interinstitucional, a criterio de los expertos.
De nuevo la responsabilidad por este tema cae, desde el punto de vista de los expertos, en el ministerio de la Presidencia, pues es de esta cartera desde donde el Ejecutivo planifica y dicta los lineamientos de las iniciativas de ley.
El politólogo Gustavo Araya consideró que “es realmente grave” que no haya habido una lectura profunda de lo que hicieron los 23 abogados del Micit por parte de la ministra Guisella Kopper y del principal interlocutor u operador político de Solís, el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez.
“Tenían que haber habido, desde un puro principio, lineamientos claros emanados desde la Presidencia de la República de cuáles eran los ámbitos en los cuales se iba a proponer esta reforma, este no es un pecado menor”, dijo Araya.
Para la analista Montserrat Sagot, este hecho revela una vez más la carencia de una política de comunicación, pero según dijo, no solo hacia la ciudadanía sino también a lo interno del propio gabinete de Solís.
La analista Montserrat Sagot dijo que además de una carencia de una política de comunicación, el reciente caso de la Ley Mordaza arroja que cada uno de los ministros trabaja por cuenta propia y que no hay una articulación interinstitucional (CRH).
“Más allá de la comunicación, lo que se percibe es una gran descoordinación entre los actores de gobierno. No hay una unidad ni una línea coherente de acción, lo que hay son una serie de acciones individuales en los ministerios”, dijo la experta.
Para el analista Claudio Alpízar este caso se suma a las inconsistencias de esta administración y revela que los jerarcas de los ministerios no están en capacidad de ser las autoridades de su sector, pues son sus subalternos los que dan la cara ante las situaciones complejas.
Citó a modo de ejemplo el propio caso del viceministro Allan Ruiz en el Micit en el tema de la Ley Mordaza, el del ex ministro de la Presidencia Daniel Soley por el caso de la Procuradora Ana Lorena Brenes y el ofrecimiento de una embajada y de los viceministros del ministerio de Hacienda, que son quienes dan la cara en materia fiscal.
“Es evidente la falta de un equipo y de un gabinete sólido en la actual administración, así como la falta de un plan para gobernar”, dijo Alpizar.
Si bien el pasado miércoles Solís dijo que de momento no tenía planteada la remoción de ningún jerarca, Alpízar dijo que el mandatario debería de reconsiderar su posición y hacer una revisión de su gabinete de cara a su segundo año de mandato.
“El Presidente de la República está urgido de recobrar credibilidad política, la ha perdido”, aseguró Alpízar.
En ese sentido coincidió la analista Elma Bejarano, quien dijo que el cambio debe de iniciar por el ministerio de la Presidencia.
Hasta este momento el gobierno no ha sentado responsabilidades por la elaboración de la cláusula de sanciones en el proyecto de ley, el jueves antes de partir a Panamá el presidente Solís optó por evadir una consulta de este medio al respecto.
Las faltas graves que se contemplan en el borrador del proyecto de Ley General de Radiodifusión versan sobre la utilización de lenguaje “vulgar” o “contrario a las buenas costumbres”. Estas faltas iban a quedar a criterio de un grupo nombrado bajo nombramiento político.
Las penas que contempla el texto van desde multas entre los ¢4 millones a los ¢40 millones. Incluso, se especifica que quienes incurrieran en faltas podrían exponerse hasta el retiro de las frecuencias de radio o televisión.
El martes el gobierno dijo que desistía de estas intenciones y que en el plan final no serán contempladas.
Desde hace casi un mes, crhoy.com advirtió de las sanciones y valoraciones que contemplaba el borrador que impulsa desde Ciencia y Tecnología.