El perjuicio económico hacia el Estado, generado por la cuestionada construcción de la trocha fronteriza, sigue siendo una incógnita para la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).
Desde enero de 2013, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió una acción civil por este caso y encomendó a la PEP solicitar la documentación para determinar una eventual suma que estarían solicitando a favor del Estado.
La PEP ha determinado en el proceso actuaciones irregulares, cobros por obras que no se hicieron e irregularidades en facturas de cobros. Este proceso cumple casi dos años y uno de los obstáculos obedece a las constantes variables que aportan los informes contables proporcionados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Es necesario consolidar aproximadamente 22 informes contables que involucran 45 empresas, 400 facturas y una serie de irregularidades que van variando con respecto a los informes de la sección contable del OIJ”, informó la PGR, a través de su oficina de prensa.
La PEP agregó que la información contable permanece en gestión, “a efecto de consolidar el daño causado y los responsables”.
Ronald Víquez, en una entrevista concedida el año pasado, en su calidad de procurador de la PEP, señaló que no contaban con la información suficiente para determinar una cifra definitiva.
“Hay actuaciones irregulares, se cobró por cosas que no se hizo, y eso es precisamente lo que estamos investigando. ¿A cuánto asciende eso? No lo tengo determinado. Si le puedo decir que hay una acción donde están congelados el pago de 480 millones de colones correspondientes a facturas cuestionadas”, dijo, en esa oportunidad.
Las pesquisas
El Ministerio Público sigue, desde 2012, una investigación por este caso bajo el expediente 12-000053-621-PE. En marzo de este año, confirmaron la recepción de seis informes de la Sección de Delitos Económicos del OIJ y el 13 de marzo solicitaron la prórroga de las medidas cautelares interpuestas contra cuatro imputados de apellidos Ramírez, Serrano, Castillo y Baralis, estas se mantendrán hasta el 14 de setiembre.
A la fecha se contabilizan 14 levantamientos del secreto bancario, dos solicitudes de levantamiento tributario de personas físicas y jurídicas, 16 solicitudes de secuestro de información privada, 55 allanamientos, 125 entrevistas a testigos y 42 personas imputadas pero ningún acusado.
Cabe destacar que Manuel Serrano (exingeniero del Consejo Nacional de Vialidad) y Manuel Ramírez (supervisor de la obra) estuvieron en prisión durante 10 meses, fueron puestos en libertad en octubre de 2013.
En el proceso, también se solicitó una medida cautelar atípica para que se suspendiera el pago de determinados montos de 45 facturas. “Es decir, no se solicitó la suspensión del pago total, sino de algunos montos aparentemente irregulares incluidos en cada una de las 45 facturas. Esta medida fue acogida por el Juzgado Penal”.
En marzo, crhoy.com informó que unos 5.932 millones de colones asignados por decreto a la obra siguen sin utilizarse. Está vigente desde el 21 de febrero de 2011 hasta esa misma fecha, pero de 2016.
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