Al centro Carlos Obregón, Presidente del ICE. Archivo
“Me parece inaudito que el ICE trate de tapar esa información porque a final de cuentas, ese exceso de planilla, exceso de salarios, los pagamos todos los costarricenses a través de una luz eléctrica más cara”.
Así reaccionó el legislador Otto Guevara a la noticia de que el Instituto Costarricense de Electricidad planteó un recurso de Hábeas Data en su contra y en contra del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esto luego que Guevara diera a conocer los salarios que se pagan con fondos públicos a los 22 353 empleados de la entidad.
“La organización sindical y la administración del ICE están muy molestos porque se evidenció ante la ciudadanía información fidedigna de lo que fue la planilla que pagaron (…) Los datos salieron de la Caja Costarricense de Seguro Social y esos datos se los dio el ICE a la Caja”, insiste Guevara, pues el ICE aseguró en días pasados que la información estaba manipulada y era inexacta. Para Guevara, esta es una “pataleta” del ICE y los sindicatos que se sintieron expuestos ante la opinión pública que es “la que paga los salarios”.
La gestión la planteó el ICE ayer ante la Sala IV luego que trascendiera la lista de puestos y salarios, aduciendo que la información fue obtenida ilegalmente. Pero el diputado asegura lo contrario y cuenta con el respaldo de las cartas cruzadas con el Sicere, que maneja la información oficial que los patronos reportan mes a mes sobre los trabajadores.
Guevara reveló, por ejemplo, que el ICE paga sueldos de más de 2 millones de colones por oficios categorizados como “chofer de vehículo liviano”, “telefonista” u “oficinista”.
Los datos generaron diversas reacciones, una de ellas en el sector industrial que ha insistido en que los salarios y privilegios de los empleados del ICE se traducen en incrementos en la tarifa que pagan los costarricenses por el servicio de electricidad. De esta opinión es Mario Montero, vicepresidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, quien ha asegurado que “estamos arrastrando décadas de una mala práctica en la estructura de costos que impacta la operación del ICE. Hay una sobrepoblación de trabajadores y con salarios altos”.
El ICE, en conjunto con sindicatos, presentaron recurso de Hábeas Data. CRH.
Ya Academia de Centroamérica había advertido hace algunos meses, mediante un estudio, que “el pago de los incentivos con poca fiscalización se ha convertido en uno de los principales gastos del sector público y mucho de eso está relacionado con que 120 mil funcionarios se cobijan bajo 54 regímenes de convenciones colectivas”. El pago de ese dinero sale del bolsillo de todos los costarricenses que salen a trabajar -igual que ellos- todas las mañanas.
“Intimidad” de unos, pagada por todos
“Me parece que es inaceptable la posición del ICE, que es una entidad pública; los salarios que se pagan ahí se pagan con fondos de todos los costarricenses (…) El ICE en lugar de tratar de ocultar la información de los salarios de la gente que trabaja en esa entidad (…) en un gobierno que se presentó como el gobierno del cambio, de la casa de cristal… me parece improcedente por parte del ICE el promover un Hábeas Data en contra de la Caja y en contra mía”, aseguró Otto Guevara.
Guevara reitera que los salarios y privilegios de los funcionarios de la entidad se pagan con plata de todos los costarricenses, que el Estado obtiene mediante el pago de los impuestos, de los servicios como la electricidad, agua, telefonía, gasolina y otros.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) ha señalado, en reiteradas ocasiones, que la empresa privada “genera el 85% de la fuerza laboral de este país”. Eso quiere decir que el 85% de los trabajadores de Costa Rica pagan los salarios, anualidades y pluses salariales que disfrutan los 200 mil empleados que hay en la función pública.
¿Qué ha dicho la Sala?
La Sala Constitucional recientemente se ha referido al tema de la publicación de salarios de los funcionarios públicos. En la resolución No. 20140040037 de las once horas del 21 de marzo de dos mil catorce, expediente 13-012328-0007-CO indica, con relación a la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales que “(…) el interés público de la información solicitada por el amparado -el monto del salario de los funcionarios- se mantiene incólume. Dicha información no puede ser catalogada como dato personal de acceso restringido (…) En el caso del salario de los funcionarios públicos, la información trasciende el interés de su titular y de la Administración Pública, pues también es del interés del administrado conocer el uso y destino de los fondos públicos (…) Está claro que suministrar tal información implica irremediablemente indicar a qué funcionario en concreto, debidamente identificado, le es asignada determinada remuneración, es decir, quién de manera precisa recibe cierto salario”.
La Sala Constitucional indicó también, en la sentencia número 2008-13951 de las nueve horas con veinte minutos del 19 de setiembre de 2008, que “(…) El derecho a la intimidad, contenido en el artículo 24 de la Constitución Política, es un límite extrínseco del derecho de acceso a la información administrativa, en este caso no es oponible, pues los datos exigidos no son de aquellos que se pueden calificar como sensibles (…) su entrega no implica una intromisión excesiva”.