El 9 de julio, la contralora Marta Acosta compareció en la Comisión de Ingreso y Gasto. (Archivo CRH)
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) cumplió su advertencia y presentó una demanda contra la Contraloría General de la República (CGR). La entidad inició el proceso en el Tribunal Contencioso Administrativo el 12 de agosto pasado, debido al manejo y gestiones en torno a Radiográfica Costarricense (Racsa), empresa subsidiaria de Grupo ICE.
La encargada de la Dirección Jurídica del Instituto, Julieta Bejarano, confirmó a crhoy.com la presentación de la demanda. Según la jerarca no se busca una confrontación con el ente contralor, ya que se reconoce su importante papel de fiscalización.
Sostuvo que no se pretende que deje de hacerlo, sino que la Contraloría no ejerza una función administrativa dentro del ICE. Es la posición a partir de lo sucedido con Racsa, auditada en el pasado y actualmente por la CGR, por el déficit financiero que intenta superar.
Bejarano explicó que la Contraloría ordenó actos concretos que “invaden” el campo de la gestión administrativa de Racsa, lo que vulnera el ordenamiento y la estructura del ICE.
La administración de Racsa es un dilema desde hace más de una administración, debido a errores financieros, proyectos fracasados y poca preparación por parte del Grupo ICE para que esa empresa subsidiaria enfrentara la apretura del mercado de telecomunicaciones. Desde el 2011 la Contraloría advirtió del riesgo de quiebra.
El 9 de julio la contralora Marta Acosta, compareció ante la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa, y reveló – en una sesión secreta – parte de la situación financiera de la Radiográfica, que el año pasado acumulaba pérdidas por $5 millones.
Días después, el 20 de julio, la tensión continuó en crecimiento, cuando distintas autoridades comparecieron y defendieron el trabajo hecho para salvar Racsa y hasta se fustigó a la Contraloría por sus declaraciones públicas. El presidente del ICE, Carlos Obregón, afirmó que el entre contralor se basó en información desactualizada, que rechazó los argumentos del ICE y adelantó la posibilidad de demandarla.
Menos de un mes después el ICE llevó a cabo su amenaza. Julieta Bejarano aseguró que se va un paso más allá y desdibujan los límites de la fiscalización regular de la Contraloría, pues se interviene la gestión del ICE. La encargada del área legal también refutó que se basaron en indicadores e información no actualizada. La diferencia de opinión se resolverá en los tribunales.
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Complicaciones, fracasos y advertencias
La Nación publicó en marzo del 2012, basada en dicho informe, que “Racsa perdió su rentabilidad y no tenía liquidez para hacer frente a sus deudas en el corto plazo. De enero del 2010 a junio del 2011 acumuló pérdidas de operación por ¢6.786 millones”.
Según se detalló en ese momento, tuvo que recurrir a las utilidades disponibles y a endeudarse más, con una caída en los flujos de caja. Las utilidades disponibles pasaron de ¢6.681 millones en el 2007 a un saldo negativo de -¢690 millones al cierre del primer semestre del 2011. Y según el ente contralor las pérdidas seguirían hasta el 2013.
Aunque el ICE le inyectó ¢5.845 millones, la Contraloría señaló que “de no tomarse las acciones inmediatas de inversión y logística empresarial, la compañía no contará con los recursos para operar y, por ende, estaría en condiciones de insolvencia financiera”.
El Informe reportó que la caída en ingresos se dio por una fuga de clientes y una alta carga financiera por endeudamiento en proyectos sin rentabilidad esperada. Además no se invirtió en buenos negocios y había un alto costo operativo.
Según la CGR se usaron “herramientas financieras alternas (aportes extras de socios, endeudamiento para capital de trabajo y readecuación de deudas) (…) medidas son paliativas y de corto plazo”.
Crisis acumulada
En el 2010, el ICE le inyectó otros ¢3.062 millones para capitalización de activos y luego otros ¢2.783 millones como capital de trabajo para el proyecto de Páginas Amarillas. Racsa debió pedir $2 millones al Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa).
En el 2012, la Contraloría dio al Consejo Directivo del Instituto, dos meses para decidir la permanencia o no de Racsa como negocio del Grupo ICE. Se decidió tomar acciones para sostenerlo…proceso de salvación que sigue cuatro años después.
Desde entonces, la empresa no ha podido recuperarse. Durante la administración de Laura Chinchilla el problema se agravó. Al final de la gestión de Teófilo de la Torre frente al ICE, quien sustituyó al cuestionado Eduardo Doryan, la entidad acumulaba pérdidas de $10 millones por año.
En setiembre del 2012 la empresa anunció un Internet más rápido y barato, tras una acuerdo con la firma sueca Vía Europa, sin que prosperara. En junio de 2013 el Cosevi rechazó la propuesta financiera de Racsa para colocar y mantener cámaras en carretera por no ser viable. Y en febrero del 2014 Full Móvil pasó a Racsa, para “agregar valor a su oferta de mercado”.
Francisco Calvo asumió la Gerencia con la intención de revertir la situación, previendo cerrar el 2014 con pérdidas por $5 millones. La idea: el optimismo ante negocios que aún no estaban concretados.
Desde setiembre del 2011 el diputado Luis Fishman pidió a la Fiscalía investigar el mal manejo y descalabro, pero este año aún no había acusados y responsables. Desde el 2012 los diputados iniciaron su investigación. En abril anterior la nueva legislatura también incursionó en el tema, logrando la sesión privada con la Contralora y ahora a la espera del llamado a Gobierno Central.
La falta de preparación anterior
Antes de ese informe, la Contraloría emitió otro sobre el complejo proceso de apertura de las telecomunicaciones en el país. En el DFOE-IFR-IF-11-2011, emitido el 21 de octubre del 2011, recordó que “la empresa pionera en el mercado de infocomunicaciones en nuestro país” facilitó a las empresas la infraestructura de transporte y de base de clientes.
Antes de la relación de socios, se debía redefinir el rol de Racsa. Pero no se hizo. “Según la revisión de actas del Consejo Directivo del ICE, durante el período 2006-2011, se determinó que entre los años 2006 e inicios del 2009 el tema no fue tratado”, señaló el Informe.
El problema fue que nunca se planteó el camino a seguir, mientras ya se había entrado a competir y lo peor, con las empresas competidoras teniendo los datos de Racsa.
“Aunado a la falta de infraestructura para ser competitivo, se evidencia la carencia de decisiones estratégicas del Grupo ICE en relación con el rol de Racsa en el sector, todo lo cual pone en alto riesgo la permanencia de esta subsidiaria en el mercado de las telecomunicaciones”, advirtió desde ese momento el ente contralor.
Desde el Gobierno de Arias
El 26 de febrero de 2009 se instruyó a la Gerencia General del ICE, “para que presentara a ese Órgano Colegiado, en una próxima sesión, una propuesta que de previo sea conocida por la Junta Directiva de Racsa, y que incluya el punto de vista de los conocedores del negocio de Radiográfica, para darle mayor claridad a la propuesta”.
Cuatro sesiones pasaron y no se hizo nada. El 14 de abril de 2009 , el Consejo Directivo acordó encargar a la Secretaría para que coordinara la visita de la Junta Directiva de Racsa ante ese Consejo, para hablar sobre la estrategia de ambas empresas, de cara a la apertura.
Cinco sesiones después, el 14 de mayo, estaba en agenda el tema sobre el rol de Racsa, pero el Gerente General (del ICE), en ese momento, solicitó autorización a los señores Directores para retirar el tema de su conocimiento, lo cual fue aceptado.
Meses después en setiembre del 2009, la Gerencia advirtió que se debía garantizar la disponibilidad de redes de acceso, “para retener en lo posible los clientes que en ese momento eran servidos a través de redes de competidores, cuya relación comercial seguiría siendo atendida por Racsa y que posteriormente se fortalecería como empresa de Telecomunicaciones del Grupo ICE, con ‘un sentido irrenunciable de coordinación, cooperación y colabora’”
El 30 de junio de 2010 (ya con Óscar Arias en el poder), ocho meses después, se tenía agendado el tema sobre el rol de Racsa para presentarlo al nuevo Presidente Ejecutivo del ICE – Eduardo Doryan – pero éste sugirió que se retirara el tema, porque se estaba presentando la estrategia a nivel de Grupo ICE.
El 24 de setiembre de 2010 se advirtió que Racsa “enfrentaba ya una competencia real y efectiva en materia de servicios de internet y redes empresariales, por lo que resultaba crítico asegurar una posición competitiva sólida, que le permitiera recuperar la pérdida de participación relativa de mercado observada recientemente y revitalizar su posición competitiva”.
La apertura evidenció las vulnerabilidades en temas como infraestructura y capitalización. Se acordó aprobar las propuestas de la Comisión ICE-Racsa: convenio para conexiones satelitales; Páginas Amarillas; reestructuración de deudas; fideicomiso de inversión y las soluciones de transporte y última milla; capitalización en materia de activos, infraestructura y capital de trabajo a favor de Racsa.
La Gerencia de Telecomunicaciones debía tener listos los contratos o documentos en 10 días hábiles y dar seguimiento con informes periódicos. Igualmente la Gerencia de Racsa debía coordinar con la Gerencia del ICE para una estrategia de ventas y comercializar la infraestructura dada por el ICE.
Hasta el 14 de diciembre del 2010 se informó de los avances. “Los 10 días hábiles establecidos por el Consejo Directivo, a partir del 24 de setiembre 2010, se tornaron en aproximadamente dos meses y medio calendario”, dijo el Informe.
“Con la apertura del mercado de telecomunicaciones, las empresas de cable conocían la base de clientes de RACSA y además contaban con fibra óptica en su infraestructura para llegar directamente al usuario (última milla), con toda clase de servicios, por lo que se convirtieron con gran facilidad en operadores directos, desplazando a Racsa, en el mercado masivo de servicios de Internet.
A partir de lo anterior es claro que, no era un problema el que Racsa no tuviera la última milla antes de la apertura y que le permitiera a otros dar el servicio, con lo que se activaban otras ramas de producción de la economía; sin embargo, en la etapa de apertura, al no haberse tomado las previsiones necesarias para que Racsa dejara de ser totalmente dependiente de terceros, se introdujo una constante de incertidumbre importante para la empresa.
Tal situación cambió por completo la realidad de Racsa, afectándola en sus finanzas y en su capacidad para competir en el mercado masivo, pues no cuenta con la infraestructura necesaria para poder ofrecer a los clientes iguales o mejores servicios que los que brinda la competencia, lo que la expone a una condición de riesgo de permanencia en el mercado”, reseñó el Informe para explicar la situación.
Así, sin contratos con operadores privados, debía renegociar constantemente las condiciones contractuales. Esto era un riesgo constante en la prestación del servicio y por ende de disminución de la cartera de clientes y de caída en sus ingresos.
Además aunque la empresa incursionó en la venta de Internet ADSL, tenía la limitación de la corta distancia a la cual se puede brindar el servicio, algo que no tenían sus competidores.
ICE: se intentó dialogar con la Contraloría
Las autoridades del Minae, ICE, Racsa y el Micitt comparecieron por el tema Racsa. (CRH)
El 20 de julio, Carlos Obregón explicó que el informe DFOE-IFR-IF-04-2015 de la Contraloría incurrió en una falsedad, cuando insistió en que no se habían revertido los resultados financieros.
Pero además defendió que el 9 de febrero, luego de presentar el informe ante el Consejo de Gobierno, se solicitó una cita al ente contralor, para “tener un acercamiento entre ambas partes e intentar que se considerara información omitida y hacer algunas aclaraciones que podían mejorar el informe definitivo”.
Esta petición se rechazó y el 24 de febrero se emitió el informe definitivo, en el cual se rechazaron las objeciones del ICE. Para el Instituto se intentó el diálogo, pero se tornó difícil y se sufrieron rechazos.
Al ser el informe confidencial, Julieta Bejarano no se refirió al mismo, aunque si aseguró que la Contraloría ordenó acciones de cómo debe operar Racsa.
¿Qué le ordenó Racsa?
Igualmente se le ordenó revalorar a más tardar al 31 de julio, “la decisión que tomó el Consejo Directivo sobre la continuidad de Racsa”, conforme a una disolución de sociedades, considerando si la situación financiera de la empresa le permite cumplir sus objetivos.
Además le indicó al Consejo Directivo del ICE los parámetros que debe considerar al hacer esta revaloración e instruyó una política de aplicación inmediata que garantice que las inversiones del ICE en sus subsidiarias no afecta los costos del ICE, al punto de incumplir el principio de servicio al costo.
Aunque la demanda no busca una sanción, ni una condena contra la Contraloría, si busca que el juez defina si las órdenes han excedido su competencia. El ICE ha insistido en diversas ocasiones que la información financiera de telecomunicaciones es confidencial por Ley.
La directora Jurídica, Julieta Bejarano, cuestionó que la Contraloría quiera divulgar esos datos, cuando puede tener acceso a toda la información. En su vista al Congreso, la contralora Marta Acosta mostró su disconformidad con la confidencialidad de cierta información de entidades públicas.
La Dirección Jurídica del ICE secundó la postura de la Presidencia, que sigue en discusión, dado que los competidores en el mercado de telecomunicaciones conocerán datos sensibles. La Ley 8660 dicta que es secreto.
Igualmente el Instituto defendió que no deben haber cambios pues se generaría una desventaja, ante Claro y Telefónica que no deben divulgar nada de sus estrategias y números en los negocios.
La Dirección Jurídica recordó que el ICE no se financia con impuestos ni es parte del presupuesto, sino de la venta de servicios. Ante esta postura, aseguró que se debe analizar con más cuidado la idea de que es de interés público el uso de esos fondos, generados en un mercado abierto, en el cual los otros operadores también reciben dinero de la venta de servicios, con tarifas reguladas.
“El Estado no financia al ICE, no nos da un cinco”, reiteró, para aportar a la discusión sobre el uso de fondos públicos, si bien es una empresa estatal. Aquí un extracto de la conversación que tuvo crhoy.com con la Directora Bejarano y Danny Saborío también de esa entidad, en la cual argumentaron sobre ese punto.
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Así ha sido ratificado por subsiguientes votos de la Sala Constitucional.
Es confidencial la información relacionada con las actividades del ICE y sus empresas, calificada por estas como secreto industrial, comercial o económico, cuando, por motivos estratégicos, comerciales y de competencia, no resulte conveniente su divulgación a terceros.
Artículo 35 – Ley 8660