La denominada “Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado”, que se crearía para atender a las pequeñas empresas, tendría una menor fiscalización en el uso de los dineros públicos que administra en relación a la mayoría de instituciones del Estado.
Archivo. CRH
Así lo estipula el proyecto de ley que busca su creación, el cuál se encuentra en proceso de consulta, previo a ser enviado a la Asamblea Legislativa.
Asimismo, la iniciativa libra al ente de varias leyes que se encargan de supervisar el uso de los recursos públicos.
Según el artículo 10 de dicho proyecto, la agencia no debe cumplir con el estatuto del Servicio Civil, es decir, las contrataciones podrían hacerse sin cumplir con los requisitos de la Ley 1581 para el empleo público.
También se exonera a la Agencia de cumplir con los artículos 9 y 10 de la Ley de Planificación Nacional (5525). Esto desvincularía al nuevo ente de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y le libera de solicitar permiso al Mideplan antes de iniciar un trámite de endeudamiento externo.
La Agencia tampoco estaría sujeta al Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública (6227), el cuál se refiere a los procedimientos administrativos que se pueden llevar contra empleados de las instituciones públicas.
Otra legislación que tampoco le aplicaría es la Ley para el equilibrio financiero del sector público (6955) que regula el gasto público, incluido el que se haga en planillas y presupuestos.
El mismo artículo del proyecto dispensa a la Agencia del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (7428), que específicamente se refiere a la fiscalización presupuestaria.
Igualmente se le exime de cumplir con la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, a excepción de los artículos 57 (suministro de información) , 95 (estados consolidados) y el título X de dicha ley (Régimen de responsabilidad).
Por último, el proyecto también prevé que la nueva Agencia quede eximida de cumplir con los reglamentos o directrices fundados en las leyes mencionadas anteriormente.
El estatus que adquiriría esta nueva institución pública sería el de “ente público no estatal”, una categoría que ya ostentan unas 18 entidades: La Academia Nacional de las Ciencias, el Ente Costarricense de Acreditación, la Oficina Nacional Forestal, la Promotora del Comercio Exterior (Procomer), la Editorial Costa Rica, la Junta de Pensiones del Magisterio, el Banco Popular, el Banhvi, Jasec, Corbana, Laica, Fonecafé, Corfoga, Conarroz, Conacoop y los colegios profesionales, entre otros.
Muchas de las entidades enlistadas carecen de la misma fiscalización que pretende evitar la Agencia.
“Agilidad para manejo de recursos”
crhoy.com consultó al Ministerio de Economía, estructurador del proyecto, sobre el motivo para eliminar todos estos requisitos de fiscalización y control presupuestario.
Al respecto, la viceministra de Economía Geannina Dinarte expresó que se buscó dar “mucha agilidad para poder ejecutar los recursos”.
Geanina Dinarte, viceministra del Meic. CRH
“Estamos hablando del sector productivo, las respuestas de la institucionalidad tienen que ser rápidas para que no se pierdan oportunidades de negocio y a veces, con los trámites que implican algunas de estas normas, es muy difícil que podamos responder de forma rápida a esos requerimientos, que pueden ser capacitación o acompañamiento de asistencia técnica”, manifestó.
La funcionaria argumentó que lo planteado ya ha sido probado en el país con buenos resultados, como por ejemplo con Procomer. Explicó que la fiscalización sería ex post, es decir, una vez ejecutados los dineros.
Dinarte añadió que también se prevén mecanismos de transparencia y auditorías internas y externas para evaluar los resultados de la ejecución de recursos públicos.
“No es que queramos zafarnos de los controles sino que estamos planteando controles ex post para poder ser más rápidos en la ejecución”, dijo.
Entre los mecanismos de transparencia enumeró los siguientes: publicidad de la información (programas, costos, destinos de los recursos, fondeo) y controles desde las instituciones que proveen los recursos.
Financiamiento de la Agencia
El artículo 6 del proyecto que crea la Agencia también estipula que se financiará -entre otros fondos- con el 50% de los recursos del Fondo Especial para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fodemipyme), el cuál actualmente ronda los ¢6.000 millones, de acuerdo con cifras facilitadas por la viceministra Dinarte.
Otro rubro importante de fondeo sería un 15% de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de cada año, del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), que actualmente se destinan a INA Pyme, pues las funciones serían asumidas por la Agencia.
La funcionaria detalló que la Agencia tendría un estatus similar al del Sistema de Banca para el Desarrollo (ente de financiamiento) y Procomer (ente de internacionalización).