Imagen con fines ilustrativos. Archivo CRH
El sorpresivo ingreso de Uber al país abrió un amplio debate sobre su legalidad para operar, tema que no estuvo exento de puntos de vista ofrecidos por expresidentes, diputados, exministros, políticos o abogados.
Uno de ellos fue José María Figueres, expresidente de la República en el período 1994-1998, quien consideró urgente que el gobierno establezca los mecanismos para reunir a las partes involucradas en el tema y se implemente un modelo donde Uber y los taxistas formales puedan coexistir, “donde los más beneficiados sean los usuarios”.
“Primero, ningún Gobierno debe permitir, ni mucho menos incentivar a grupos para que tomen la ley en sus manos. Segundo, hay, aproximadamente, 10.000 taxis en nuestro país, y ellos son sustento para muchas familias costarricenses. Deben tener también una oportunidad para seguir operando. Tercero, Uber ingresa como líder en su campo y amparado por los beneficios de la tecnología que es, por naturaleza, imparable y muy necesaria para Costa Rica”, publicó Figueres, en su cuenta oficial en Facebook.
Quien hizo un análisis más amplio fue Henry Mora, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y economista, quien señaló que Uber podría acogerse a las opciones que le permite el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y EE.UU., avalado desde 2007.
“Como servicio comercial (auxiliar mercantil según el Código de Comercio), el porteo por parte de personas o empresas privadas queda comprendido en las disposiciones que el Cafta incorpora en el Capítulo 11, Comercio Transfronterizo de Servicios. Para el Estado, estas disposiciones representan la obligación de no reglamentar sectores de la economía que queden fuera de las Medidas Disconformes (Lista de Costa Rica); no al menos sin ofrecer a los inversionistas extranjeros ‘trato nacional'”, explicó el legislador.
Mora añadió argumentando que “si en Costa Rica se permite el porteo a nacionales, el Cafta obliga a que las empresas extranjeras amparadas al tratado reciban ‘acceso al mercado’ y ‘trato nacional’”.
Debate diverso
José Miguel Villalobos, exministro de Justicia y abogado penalista, cree oportuno que Uber opere bajo una concesión y calificó como prohibido cualquier tipo de transporte remunerado de personas que no tenga permisos.
“La reforma al artículo 323 del Código de Comercio por la ley 8955 del 16 de junio del 2011 excluyó la posibilidad de existencia del porteo de personas. Solo se pueden transportar sin concesión cosas o noticias y para hacerlo con personas se requiere una autorización legal bajo la ley 7969 (…) es prohibido prestar el servicio de transporte remunerado de personas sin una concesión”, considera Villalobos, en un comentario en su perfil personal en Facebook.
Roberto Artavia Loría, exrector del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae) manifestó en Facebook que Uber debe funcionar en el país, “porque bloquearlo es como oponerse a la telefonía móvil si uno representa la telefonía fija; como oponerse al correo electrónico o al servicio de courier porque el envío de correo tradicional requiere de estampillas; en otras palabras, es detener el avance de algo que nos brinda mejor servicio, mayor productividad y que, al hacerlo, obliga al servicio original a reinventarse y mejorarse”.
Franklin Corella Vargas, externó el viernes que si Uber o cualquier empresa similar consigue operar en el marco de legalidad costarricense, se hace necesario presentar un proyecto de ley para que se le deduzca un porcentaje de cada viaje para crear un fondo especial de desarrollo en vías y transporte público.