En agosto del 2014, el Gobierno anunció el aumento al presupuesto de las universidades públicas. (Archivo CRH)
Aunque no la toman como una cifra oficial y niegan que sea una oferta del Gobierno, los rectores de las universidades públicas están claros en que su solicitud es de aumento para el presupuesto y, pareciera que se acercan a aceptar un aumento del 7,18% para el 2016.
Este martes se realizará una nueva sesión, que podría ser la última, en la discusión por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), entre el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y el Ministerio de Educación (MEP). El pasado viernes, el diario La Nación lanzó la cifra, como la que ya se tiene sobre la mesa.
Este lunes el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, afirmó que las cifras son “especulativas”, pues “el Gobierno no ha hecho ese ofrecimiento” de una cifra exacta. Así todo lo planteó como “márgenes de negociación”, mientras se concluye la negociación.
La espera se finalizaría esta semana. Jensen reiteró que se debe respetar la Constitución Política, ya que en un transitorio del artículo 78 se estipula que los recursos destinados a la educación en general, no pueden ser menor al del año anterior.
Por eso señaló que el 7,18% de aumento se acerca a cumplirlo, aunque faltan cálculos. Las estimaciones estarán listas este lunes, se presentarán en la reunión del martes y se podrían definir.
Artículo 78 – La educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación.
En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución.
El Estado facilitará el acceso tecnológico a todos los niveles de la educación, así como la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios. La adjudicación de las becas y los auxilios estará a cargo del Ministerio del ramo, por medio del organismo que determine la ley.
Transitorio I.
El gasto público en educación podrá ser inferior al ocho por ciento (8%) durante los períodos fiscales anteriores al año 2014. Sin embargo, en ningún caso el porcentaje del producto interno bruto destinado a la educación podrá ser más bajo que el del año precedente.
El 20 de agosto del 2014, el presidente Luis Guillermo Solís, la ministra de Educación Sonia Mora y demás autoridades de Gobierno anunciaron con satisfacción y orgullo que el presupuesto del 2015 se definió en ¢410.000 millones, lo cual significó un aumento de ¢51.000 millones, con respecto al 2014, es decir un alza del 14,03% y un 10% de aumento real.
Búsqueda de una fórmula y legalidad
El 4 de junio de este año estudiantes de la UCR marcharon en defensa del presupuesto para la educación superior. Ahora piden un aumento mayor. (CRH)
El presidente del Conare, Julio Calvo, aseguró que la discusión ha sido intensa y aún se busca una cifra de aumento “dentro del marco legal”. Según el académico en el proceso se ha hecho autocrítica y se planteó la necesidad de ajustes en cada “U” pública, ante la dramática situación fiscal y necesidad de bajar gastos del Estado costarricense.
El también rector rector del Instituto Tecnológico (TEC) señaló que faltan detalles, pero esta semana se anunciaría la resolución de la negociación del FEES. Con respecto al 7,18% de aumento, Calvo agregó que se ha estado “muy cerca” de esa cifra, pero negó que sea oficial.
Esto porque falta un razonamiento legal que la sustente, para que no sea un número aislado.
Según Calvo las negociaciones arrancaron con un 4% de aumento, subió al 10% y luego se mantuvo entre 7% y 8%, para ajustarse a la solicitud del Gobierno, así como las necesidades del sector educativo. El Rector reiteró que debe estar amarrado a una “fórmula”, para negociar a futuro.
Por eso señaló que si no cada año se estará lideando con reuniones, para tener una cifra. El Presidente del Conare pidió estabilidad, en la meta de llegar a que las universidades reciban un 1,5% del Producto Interno Bruto, como obliga la Carta Magna.
Mencionó que cada año, los gobiernos plantean un escenario fiscal para la necesidades fiscales. Pero no solo defendió los mínimos – como cada año y que este sería el del 7,18% – sino que insistió en ese marco o fórmula. El Rector aprovechó que se cierra quinquenio y se inicia otro, para mostrar el interés de que es un buen momento para tener un convenio para los próximos cinco años.
Aún así es consciente de que es difícil tener una negociación para el próximo lustro, por lo que se volvería a cerrar únicamente en una negociación anual.
El funcionario es claro en que no se puede bajar ni restar recursos a educación, pues sino el país sufrirá las consecuencias de la crisis de 1980, cuando se recortó y una gran población no concluyó educación formal, y años después se derivó en poblaciones de escasos recursos y excluidas.
Con el aumento del FEES en un 7,18%, pasaría de ¢410.500 millones a ¢440.000 millones a. es decir casi ¢30.000 millones más.
La discusión sobre recortes al gasto y los salarios de las universidades se ha intensificado en los últimos meses, con fuertes ataques de sectores como el diputado Otto Guevara y defensas de acciones por parte de las universidades.