La ampliación de la ruta a Limón sigue bajo presión. CRH.
Un grupo de expertos de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCR), entre quienes destacan Ricardo Castro, Randall Murillo y Aaron Morales, cuestionan las intenciones de las autoridades por llenar de mitos, verdades a medias y algunas omisiones el proyecto de ampliación de 107 kilómetros de la ruta 32 hacia Limón.
Este grupo aclaró que están a favor del proyecto, pero en contra de las imposiciones de China en las condiciones del préstamo de financiamiento y de la contratación condicionada de la empresa china CHEC.
Estos son algunos aspectos que los especialistas señalaron en una entrevista concedida a crhoy.com:
“El precio de la obra es de $465 millone”. Según los expertos, esto no es cierto. De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) el monto de la obra, calculado por la empresa china CHEC, será de $465 millones, pero los especialistas aseguran que el costo será mucho mayor, pues a esa suma se debe agregar el precio de relocalización de servicios y expropiaciones.
Según el MOPT, bastará con $20 millones para completar las obras, sin embargo, las mismas autoridades de servicios públicos como el ICE, consideran que ese dinero no será suficiente.
“Diversos estudios justifican el precio de las obras que impone CHEC”. Mientras no se cuente con un anteproyecto preciso que incluya cantidad de obras, calidad de esas obras y materiales a utilizar, ningún estudio es preciso en cuanto al precio de la misma.
Hasta ahora, solo se pueden conseguir estimaciones que varían entre sí, tales como las aportadas por el MOPT realizada por Cal & Mayor, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y el estudio referencial que hizo la Asociación de Caminos y Carreteras de Costa Rica. Todos arrojan resultados diferentes y solo son montos estimados.
“Con CHEC no hay que pagar reajustes”. De acuerdo con los representantes de la Cámara de la Construcción el convenio con CHEC indica que en “casos fortuitos” y el Estado costarricense deberá asumir el costo que eso implique, pero nunca se define cuáles son esos casos, por lo que se podría considerar que hasta una huelga es un caso fortuito por indefinición.
Además, los expertos señalan que ninguna obra requiere de un sobreajuste de precios superior al 2% como resultado del encarecimiento de los materiales de construcción. Lo que sucede es que si la Administración no define inicialmente cuáles obras son las que se necesitan, en el proceso constructivo podrían aparecer otras necesidades que habrá que pagar.
La CCC también señala que en todo caso, se le está pagando a CHEC un sobreprecio de hasta un 25%, por lo que desde el inicio, ese ajuste ya está saldado.
“China es la única opción de financiamiento”. Para los expertos esto también es falso, pues hace tres años -cuando se iniciaron las discusiones sobre este proyecto-, el país tenía empréstitos que podía haber utilizado, tales como la línea de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Tampoco era necesario descartar otras entidades financieras. Los expertos señalaron como ejemplo el crédito que adquirió el Instituto Costarricense de Electricidad con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) por un monto de $560 millones a un plazo de 40 años con una tasa fija de interés anual de 0,6%.
“Licitar la obra tardaría años”. Según dijo Pedro Castro, titular del MOPT, licitar la obra tardaría más de un año en la mejor de las condiciones.
Los expertos señalaron que efectivamente los procesos de licitación tardan demasiado, pero solo cuando el MOPT y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) los encabezan. Según datos recopilados por la CCC, las instituciones autónomas tardan 380 días en formular un cartel y en adjudicar las obras, sin tomar en cuenta el proceso de construcción, mientras que el MOPT o Conavi lo hacen en 1.184 días bajo las mismas condiciones.
Para la CCC, la licitación pública es el mecanismo más transparente para la contratación de obra pública, pero mientras las autoridades de infraestructura realicen carteles con imprecisiones la adjudicación se seguirá retrasando.
“Contratación directa es el mejor mecanismo”. Construir obra pública “a la carrera” ha demostrado ser el mecanismo menos efectivo para la administración, según los expertos. Como evidencia, el caso de la “Trocha Fronteriza” con declaratoria de emergencia y la nueva refinería con China, dos proyectos que no dieron frutos. “Contratar a la empresa CHEC sin haber concursado en ninguna licitación y sin tener si quiera un anteproyecto, no garantiza una sana ejecución”, según la CCC.
“El proyecto de ley se puede modificar”. Eso no es correcto.
Pedro Castro mencionó, en una conferencia de prensa la semana anterior, que a raíz de los cuestionamientos de algunos diputados, se podrían modificar condiciones en el proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, las condiciones del préstamo no pueden variar, según reconoció el viceministro de Crédito Público, Jordi Prat, quien reconoció que de variar se tendría que someter a discusión en un nuevo proyecto de ley. Las condiciones del contrato comercial y de financiamiento no se pueden variar porque fueron cláusulas ya negociadas.
“El proyecto es constitucional”. Aunque el gobierno ha defendido esa tesis, la misma Secretaría Técnica de la Asamblea Legislativa reveló en un informe que el proyecto de ley podría tener vicios de inconstitucionalidad.
Según la CCC, el mismo proyecto compromete la soberanía del Estado costarricense en alguna de las clausulas del contrato, por ejemplo donde se indica que China podría cobrar el préstamo y los intereses cuando el Gobierno de ese país modifique leyes.
También, en el convenio se le concede a China trato especial en temas de migración y ambiente.