Hace un mes, Laura Chinchilla tuvo su último día como mandataria en Casa Presidencial y entregó el poder a Luis Guillermo Solís. Antes de salir, dijo en reiteradas ocasiones que tenía nostalgia por salir, pero también ansiaba tener tiempo libre, para su familia, lejos al trajín del puesto que ocupó durante cuatro años.
Pero esta semana volvió a estar en el ojo público, cuando publicó su oposición y crítica a la decisión del nuevo Gobierno de eliminar una directriz que mandaba a la Procuraduría General de la República no conciliar en casos de evasión fiscal y buscar un juicio penal que no solo resarciera del daño a la Hacienda Pública sino que sentara una sanción moral y judicial contra quienes defraudaran al fisco.
Con la decisión del nuevo Gobierno, cuya directriz aún no se publica pero ya se conoce, se busca -según dijeron el Presidente Solís y el ministro de Hacienda Helio Fallas-, obtener los recursos de evasores de forma más expedita. Así es como, después de que el propio Presidente negara la derogatoria de dicha directriz, ahora el gobierno defiende la medida y niegan que se trate de beneficiar a grandes evasores o cambiar el curso de sonados casos, como los que enfrentan La Nación y Teletica Canal 7.
Caso de La Nación en medio del conflicto con expresidenta
A un mes de que saliera del poder, Laura Chinchilla vuelve a estar en el ojo público por críticas a La Nación y al Gobierno actual. (Herbert Arley para CRH)
Pero hay un caso en medio de las diferencias, de los ataques y contrataques entre Chinchilla y el periódico de Llorente de Tibás. El medio es acusado de supuestamente haber evadido el pago de impuestos, por la venta de un equipo de impresión, específicamente unas máquinas rotativas.
Como detalló crhoy.com en enero del año pasado, la supuesta simulación fue explicada por la Dirección de Tributación en documentos para la acusación.
De acuerdo con esos señalamientos, La Nación S.A. representada por Manuel Francisco Jiménez Echeverría, habría simulado la venta de dos rotativas ya depreciadas a Capital Leasing Corporation, sociedad constituida por su primo hermano Carlos González Jiménez, por un monto de $2 millones.
A su vez, Capital Leasing Corporation de Belice habría simulado la venta de las mismas rotativas a Arrendadora Interfin, S.A. de la cual Luis Liberman era Vicepresidente. Esa nueva venta fue por la suma de $5 millones, generando una ganancia a la compañía de Belice de $3 millones, que aparentemente pierden los demás accionistas de La Nación y el Ministerio de Hacienda, por la proporción de los impuestos no pagados sobre la utilidad generada.
Arrendadora Interfin, S.A. alquiló entonces las rotativas a La Nación en poco más de $80 mil mensuales. De acuerdo con la Dirección de Tributación, ese fue “un medio idóneo de engaño dirigido a lesionar a la Hacienda Pública” que, a primera vista y según el informe de la DGT, mostraba un ocultamiento de ingresos por los cuales La Nación debió de haber pagado impuestos. Cabe resaltar que la maquinaria de la cual se habla en esta nota nunca abandonó las instalaciones de La Nación, ubicadas en Llorente de Tibás.
A 2002, el monto del perjuicio, según cálculos de la Dirección General de Tributación Directa (DGT), superaba los 450 millones de colones y a lo largo del tiempo han generado intereses, multas y un daño social calculado en más de 1900 millones de colones.
Acusaciones de ida y de vuelta
Fernando Herrero renunció a su puesto tras publicaciones de La Nación, aunque Chinchilla lo defendió y lo sigue haciendo. (CRH)
Si bien hay un caso desde hace diez años cuando Abel Pacheco era presidente, y en varias ocasiones La Nación solicitó la desestimación, prescripción y conciliación del caso, el conflicto vuelve al ojo de la tormenta luego que se supiera que el nuevo gobierno había decidido abrir la posibilidad de que tanto La Nación como otras empresas investigadas por evasión fiscal pudieran conciliar.
Un día después que Chinchilla criticara la decisión gubernamental y asegurara que La Nación la había emprendido contra su gobierno por insistir en que no se conciliara, el medio aseguró que fue al revés, que la directriz vino después de los reportajes que publicó en el 2012 donde señalaba que el exministro “subvaluaron sus propiedades por un total de unos $22 millones de dólares, para pagar menos impuestos”.
Después de la revelación, Fernando Herrero y el entonces director de Tributación Directa Francisco Villalobos renunciaron a sus puestos. En su comunicado, afirman que Grupo Nación “venía conversando con las autoridades, incluido el Ministro de Hacienda, sobre la forma de lograr una conciliación”. Esas conversaciones se dieron desde 2005 y desde entonces la posibilidad de conciliar se había denegado, según consta en registros.
La directriz que firmó Chinchilla para evitar conciliaciones se firmó más de dos semanas después de las renuncias.
Ahora, la conciliación que para La Nación se frenó varias veces podría volver a tomar fuerza en lo que queda de año, ante la audiencia que está pendiente en agosto, pues el nuevo Gobierno pretende negociar en estos casos para recuperar el dinero, aunque advirtió que “no cambia la situación legal de los imputados en los procesos penales pendientes”.
Grupo Nación responde a falsedades difundidas por expresidenta Chinchilla
En resumen, el grupo empresarial afirma que lejos de darse una persecución de ese medio de comunicación hacia la exmandataria Chinchilla, fue posterior a sus publicaciones periodísticas -que derivan en la renuncia el 2 de abril del 2012 de su ministro de Hacienda, Fernando Herrero y del director general de Tributación Directa, Francisco Villalobos-, que se emite la directriz N30-P, que limita conciliar en causas de evasión fiscal y con ello se rompen las conversaciones (de La Nación con personeros de Hacienda) para ese fin.
La directriz de Chinchilla que limitaba las conciliaciones se publicó el 19 de abril de 2012, esto es 17 días después de las renuncias de Herrero y Villalobos, y se firmó el 12 de abril de ese mismo año. Asegura el comunicado que GN se entera de la directriz de Chinchilla por una publicación en el Diario Extra, así conocen “la sorpresiva decisión del Ministerio de Hacienda de interrumpir las conversaciones para conciliar” en la causa judicial que ese medio mantiene en estrados judiciales por una presunta evasión fiscal de más ¢1.918 millones. Aseguran que la mandataria “utilizó un medio de comunicación nacional”, refiriéndose a la publicación de Extra que tiene fecha 25 de abril 2012. Agregan que fue hasta el 27 de abril, dos días después, que la comunicación de la directriz llega al expediente judicial de la causa de Grupo Nación– que se ventila en el expediente 04-000008-0618-PE –, afirman en su comunicado. GN sostiene que “los hechos y las fechas son incontestables”. Y cierran afirmando que es “igualmente preocupante para la democracia, si no más, es el empleo del poder político y de los formidables instrumentos a su disposición para silenciar a los medios de comunicación y castigar a quienes denuncian los abusos del poder”. Sin detallar a qué conductas, en particular, de la exmandataria Chinchilla se refieren.
Grupo Extra se sacude ante comunicado de La Nación
La Corporación Periodística Grupo Extra reaccionó ante la publicación La Nación, donde el diario tibaseño asegura que se habrían filtrado documentos sobre el caso para que se diera la publicación en el citado impreso.
La directora de Diario Extra, Paola Hernández aseguró que el caso Nación-Tributación Directa ya lo habían publicado desde el 2004 y que el medio que ella representa no se presta para ser utilizado con fines políticos, como afirmaron en Tibás.
“Hicimos la publicación del caso Nación hace diez años, para nosotros no es un tema nuevo y hemos dado seguimiento. Nosotros tenemos acceso a mucha información, tenemos muchas fuentes de información y hasta confidencia. Pero permitir que alguien diga que a nosotros nos usaron para difundir las informaciones no lo compartimos. Es más que sabido que nosotros no tenemos intereses políticos ni económicos”, aseguró Hernández.
Sobre los documentos obtenidos sobre el caso, la comunicadora además negó que Diario Extra se prestara a formar parte de un plan para desprestigiar a Grupo Nación, y aseguró que se trató de una labor periodística.