Las patrullas han sido entregadas a varias delegaciones. (Archivo CRH)

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) gestionó ante la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) fondos para adquirir una cantidad considerable de vehículos que fueron asignados a la Policía de Fronteras.

El dinero, proveniente del Fondo Nacional de Emergencias, se gestionó desde el año pasado. Según Vanessa Rosales, Presidenta Ejecutiva saliente de la CNE, el monto facilitado al MSP ronda los 6 mil millones de colones y se utilizaría para adquirir 100 vehículos. Esto estuvo amparado en el decreto 36440-MP, relacionado con la emergencia en el sector fronterizo con Nicaragua.

“Esos son recursos del Fondo que manejamos desde acá, es parte de ese grupo de proyectos que ya están en proceso… Creo que son alrededor de 100 vehículos, es en el marco de la Policía de Fronteras para la emergencia en el cordón fronterizo. Se aprobó la utilización, ellos presentaron un plan, eran como 6 mil millones de colones para vehículos”, mencionó Rosales, al ser consultada por crhoy.com.

El dinero también va dirigido a adquirir cuadraciclos, pantaneras, equipo móvil y de comunicación. El MSP ha gestionado la adquisición de los vehículos en diferentes procesos licitatorios. Esta fue adjudicada a Purdy Motor S.A, según consta en el oficio UDO-FP-157-2014 del 5 de marzo anterior. Las compras fueron criticadas por diputados y por la Asociación Nacional de Empleados Públicos que denunciaron que el dinero se usó para carros de lujo. Algo que el entonces Ministro, Mario Zamora, justificó diciendo que era para trabajar.

“Esto se aprobó a mediados del año pasado y ellos han venido en procesos licitatorios, buscando la contratación. Pero los recursos no salen de aquí, nosotros pagamos, ellos hacen todo el proceso y pagamos acá”, citó Rosales.

Según la funcionaria, que culminó laboras la semana anterior, Walter Navarro, entonces viceministro de Seguridad, le hizo una serie de peticiones muy amplias con respecto a los requerimientos del cordón fronterizo norte y esto fue aprobado.

Cantidad importante

Walter Navarro, viceministro policial de Seguridad, no supo precisar la cantidad de vehículos adquiridos pero sí confirmó que se trataba de una cantidad considerable de unidades que serían parte de la Policía de Fronteras.

“Definitivamente sí se han comprado una cantidad considerable de vehículos. No sé si ya entraron todos, pero sí se han comprado una cantidad considerable de vehículos… Esto viene desde el tema del decreto de emergencia de la Zona Norte”, expuso Navarro.

Paquete completo

Mario Zamora, Ministro de Seguridad saliente, explicó que el dinero se está utilizando en tres frentes: cámaras, vehículos y delegaciones.

“Ese es el paquete completo de la inversión de la CNE hacia el MSP en esta materia”, señaló el jerarca.

Según datos del MSP para este año se repartirían 546 vehículos que fueron asignados a diferentes delegaciones policiales de todo el país.

El director de la DIS Mariano Figueres asegura que tomarán decisiones necesarias para luchra contra actos ilegales. (CRH)

La Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) se convierte en una de las fuentes de mayor trabajo para el Gobierno de Luis Guillermo Solís, después de que anunciaran cambios en su funcionamiento. Para algunos analistas, se necesitan retoques profundos, otro apuesta a mantener su estructura y otros personajes han apostado a su eliminación.

El exministro de Seguridad Fernando Berrocal es tajante al respecto y dijo que “la guerra fría terminó hace más de dos décadas y, con ello, la misión para la que fue creada la DIS”. Agrega que mientras la DIS esté adscrita por ley al Ministerio de la Presidencia, será una “policía política”.

Por eso el exjerarca en el segundo gobierno de Oscar Arias insiste en que debe convertirse en la Dirección de Información Policial, Dipol, y debe estar adscrita al Ministerio de Seguridad, “con funciones de investigación e información en narcotráfico, criminalidad, organizada, terrorismo y seguridad del Estado”. Justamente incluye las tareas que anunció el nuevo director Mariano Figueres, la semana pasada.

Según Berrocal, una instancia superior, el Consejo de Seguridad, debe coordinar. Esta debe reunirse frecuentemente y ser integrada por el propio Presidente, los ministros de la Presidencia, Seguridad, Justicia, Relaciones Exteriores, el Fiscal General y el Presidente de la Sala III del Poder Judicial.

El analista en temas de seguridad Álvaro Ramos aseguró que en el país, al renunciar al ejército, es necesario tener una institución que se encargue de alertar a las autoridades respecto a amenazas externas, estructuras criminales, terrorismo y otras.

Ramos recuerda que se tiene una clara división entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ – policía represiva) y la Fuerza Pública (policía administrativa), pero que la DIS podría atacar la corrupción si se lo propone. Aunque no tendría el ordenamiento y capacidad de perseguir delitos de corrupción más pequeños.

El exviceministro de Seguridad cree que la Dirección ha cumplido la labor para la cual fue diseñada y no necesita cambios en la estructura, aunque mencionó que el presidente Luis Guillermo Solís podrá darle la misión que considere, para investigar los temas que desee. Por eso defiende el resultado final en todos estos años.

Una ley para detallar tareas

El presidente Luis Guillermo Solís defendió el nombramiento de Figueres. (CRH)

Si bien existe desde 1963 en otra forma, la Ley General de Policía de 1994 y con la que se creó propiamente la DIS puede “detectar, investigar, analizar y comunicar al Presidente” información para prevenir hechos que impliquen riesgo para la independencia y la integridad territorial o la estabilidad del país.

Luego vino el decreto 32522 en 1995 que creó un reglamento para la institución la cual “estará a cargo de un profesional en un área atinente al cargo o de un funcionario cuya idoneidad técnica y calificada experiencia en el área de seguridad le hagan apto para el puesto”.

Del personal se dan algunos requisitos. En el campo académico define que se debe contar con el tercer ciclo de enseñanza general básica. Además se estipula que “deberán mantener en el mayor anonimato posible su identidad e igualmente absoluta reserva sobre la naturaleza de sus funciones, identidad de otros miembros del grupo de trabajo, ubicación de sus instalaciones, tipos de equipo con que se cuente y especialmente detalles y conocimiento que tengan sobre los asuntos que conocen en razón de su cargo”.

Tiene prohibido realizar allanamientos, interrogatorios, emitir citatorios ni participar en detenciones, aunque si el Director lo ve pertinente pueden solicitar a una autoridad judicial participar en un proceso junto a otros cuerpos policiales que si realizan esas labores. La DIS estará si un juez lo avala.

Ante la breve normativa, el Gobierno plantea la creación de una ley que defina más concretamente las funciones de la DIS. Mariano Figueres dijo que planean dialogar con las fracciones del Congreso, llevar un borrador y lograr un consenso. El Director dijo que se combatirá la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado y buscarán relaciones con agencias internacionales.

El analista en temas de inteligencia y exfuncionario del Ministerio de Seguridad Paul Chaves coincide en que se construya una ley. Además desechó la idea de espionaje, pues resalta que la DIS nace para analizar información, de la cual mucha es pública.

Tampoco ve que la Dirección realice las mismas labores de investigación del narco como lo hace el OIJ o la Policía de Control de Drogas, quienes investigan y detienen decomisos y a traficantes. Para Chaves la DIS debe identificar alcances políticos del narco y penetraciones de la actividad criminal en estructuras políticas.

El exministro Berrocal insistió en que el Consejo de Seguridad coordinará esas acciones y lograr que sean instrumentalizadas por el Ministerio de Seguridad. Mencionó que los informes de la Dipol que propone, en temas de narcotráfico, criminalidad organizada, terrorismo y seguridad del Estado, deben ser conocidos a ese nivel.

“Nadie, excepto el sistema judicial, mediante procedimientos de ley previamente establecidos y rigurosamente cumplidos (principio de legalidad que es inherente al sistema democrático) puede determinar quienes sí y quienes no, son buenos o malos ciudadanos. Lo contrario es el principio del autoritarismo”, dijo Berrocal tras las declaraciones de la semana pasada de Figueres.

Diputados quieren cerrarla, Exdirector aclara que fue sobreseído

El Gobierno pretende coordinar con otras autoridades para perseguir la corrupción. (Imagen con fines ilustrativos. / OIJ)

La DIS ha sido blanco de críticas en múltiples momentos de su pasado. En 1996 fue objeto de un escándalo por supuestas intervenciones telefónicas, tras una relación que tuvo con la empresa Astur. Esto abrió una investigación y hasta allanamientos a sedes de la Dirección. El hasta ese momento director Mario Soto fue suspendido e incluso se realizó un juicio en el cual, según el mismo Soto, “se me juzgó y declaró inocente por una falsa denuncia de haber prestado unas armas y herramientas. Se demostró que dichas armas y herramientas no existían en la DIS ni en el inventario, ni físicamente por lo que nunca las pude haberlas prestado”. 

En el final de ese proceso en 1997, se determinó que no hubo ninguna escucha telefónica ilegal y Soto fue sobreseído. El exdirector de la DIS explicó que probó que las acusaciones eran falsas pues se hicieron pruebas con equipo y se demostró que no podían realizar rastreos de teléfonos de cable, además de que el edificio donde estaba ni siquiera tenía central telefónica del ICE por lo que era imposible realizar intervenciones. Además,  reclamó que los equipos de Astur eran obsoletos. “Tengo a mi favor una sentencia con cosa juzgada y en una conciliación fui indemnizado. De intervenciones hicieron el ridículo, iban a decomisar como equipo de intervenciones una máquina de afinar carros y como sitio de intervenciones una instalaciones donde no había ni central telefónica”, aseguró.

En el 2008, la Fiscalía investigó al exsubdirector Roberto Guillén, por presunta estafa ya que supuestamente realizaba saqueos de cuentas corrientes de empresas y personas mediante el robo y la falsificación de cheques. Se le acusó del mal uso de una base de datos y eso provocó la renuncia del exdirector Roberto Solórzano, quien admitió negligencia en el manejo de las bases.

En el 2008, al periodista brasileño con treinta años de residencia en Costa Rica, Gilberto Lopes se le rechazó su solicitud de naturalización porque la DIS informó al Registro Civil de la existencia de un expediente o “anotación”. Lopes solicitó la información de cuáles eran esas anotaciones, pero le negaron la información por ser supuesto “secreto de Estado”.

El Tribunal Supremo de Elecciones concedió la ciudadanía a Lopes y la Sala Constitucional dio a la razón a un recurso de amparo, aclarando que la DIS no puede alegar confidencialidad si alguien quiere conocer cuáles anotaciones tiene. Ese fue uno de los escándalos en el gobierno de Óscar Arias.

Ahora, este lunes el Movimiento Libertario presentó un proyecto de ley para cerrar la DIS. El presupuesto de la institución para este año es de ¢3.306 millones. En años anteriores, el propio PAC propuso cerrarla, incluso el ahora diputado por segunda vez Ottón Solís abogó por el cierre de la entidad.

Por su parte, el exdirector de la DIS Mario Soto teme que se puedan realizar cambios al aparato legal que le permitan hacer escuchas. Pero por otro lado rescata que se podría lograr un cambio positivo de mayor análisis y acceso a bases de datos importantes.

El desayuno, según los nutricionistas, es una de las comidas más importantes dentro del día. Sin embargo, un estudio publicado por el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) denominado Tendencias de Consumo de Frutas, Hortalizas, Pescado y Mariscos, dejó en evidencia que un 60% de los niños costarricenses llega a los centros educativos sin haber comido absolutamente nada. En el corto o mediano plazo, eso le pasará una cara factura a la salud de los niños así como a su rendimiento escolar.

Un 60% de los niños no desayuna para ir a la escuela. Tomada de Internet.

Estos datos fueron confirmados por la Cámara Nacional de la Industria Alimentaria (CACIA) y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) que han venido dando a conocer la alerta sobre este tema.

De acuerdo con el gerente general del PIMA, Rodrigo Lee Guzmán, el desayuno nos ayudará a afrontar el día con más energía y de una forma más saludable y por eso,  es necesario que los padres hagan conciencia.

En este estudio, se consultaron 2.400 hogares, de los cuales, se obtuvo la información de 1.767 con un margen de error estimado en 2.5%. A su vez, se encuestó a la misma cantidad de niños, obteniéndose un total de 2.355 formularios.

Si su hijo no tiene tiempo o poca hambre el cereal es una buena opción. CRH.

“El corre-corre diario hace que las familias no puedan destinar tiempo para esta importante comida y eso provoca que los niños no se puedan concentrar, que les de hipoglicemia e incluso descompensaciones, destacó el director del Colegio de Nutricionistas, Esteban Rojas.

La salud paga el precio

Rojas explicó que en un largo plazo, la ausencia del desayuno puede provocar desnutrición u obesidad. Según Rojas, cuando las personas se saltan el desayuno, lo más normal es que les de mucha hambre y en cuanto pueden comer,  ya sea en el comedor o la merienda que trajeron de sus casas,  consumirán grandes cantidades de alimentos.

La comida ideal para esa hora del día es el gallo pinto porque tiene muchísimos nutrientes y dan energía al niño para que pueda correr, estudiar y tener una buena actitud anímica con sus compañeros, aseguró Rojas.

Empero, si por esa misma premura que se vive en las mañanas no hay tiempo para hacerlo, los infantes pueden comer cereal, pan, fruta y jugo de naranja o un café que son alimentos recomendables para esta hora.

Desayuno mejora el rendimiento intelectual, según nutricionistas. CRH.

“Hay padres de familia que en la mañana están más pendientes por ver que se alisten bien y correr porque llega la buseta o caminar rápido para no llegar tarde que no se preocupan por alimentarlos bien y la situación empeora cuando son muchos niños”, explicó.

La nutricionista del Centro de Nutrición Larissa Paez, Marianela Ibarra, dijo que si la causa para no desayunar es que los niños dicen que no tienen hambre en las mañanas, los padres deben insistir.

“Los padres de familia no deben permitirlo, mínimo el niño debe tomarse un vaso de leche o una fruta y enviarles una merienda que incorpore algún carbohidrato que le brinda energía y le permita crecer saludablemente. Desayunar les mejorará el rendimiento intelectual, la concentración, la memoria y otras habilidades mentales”, manifestó.

La especialista destacó que  en el mediano o largo plazo esto puede provocar enfermedades como la diabetes tipo 2, sobrepeso o desnutrición.

El presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), José Manuel Hernando, destacó que ellos han realizado una serie de campañas para hacer conciencia en la población sobre la necesidad de que las meriendas sean saludables y también la industria se ha sumado a este proyecto.

“Los niños deben desayunar en sus casas, debido a que la primera comida del día es muy importante. Nosotros como empresarios disminuimos el exceso de azúcar, sodio y grasa tanto en los alimentos, como en las bebidas”, concluyó.

En alerta 

El año anterior, el Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2103 señaló que más de 350.000 costarricense no ingieren los alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades.

El documento, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), señala que uno de los factores de esa subalimentación es, sin duda, la pobreza que se ha mantenido en una cifra aproximada al 20% desde hace 20 años. Si bien el porcentaje se ha mantenido estable, en los últimos 20 años la población ha crecido y así también ha aumentado el número absoluto de personas que viven en condición de pobreza y por lo tanto de gente que sufre de subalimentación.

Más aún, la FAO hace un llamado de atención asegurando que el caso “resulta importante de analizar con mayor detalle, por cuanto luego de muchos años con una prevalencia de subalimentación inferior a 5%, el último trienio registró una leve alza, hasta 8,2%”.

Las muertes en carretera se concentran en la Ruta 27, en lo que llevamos del año ya suman once. CRH

En el 2014, la primera carretera en reportar mayor cantidad de muertes en nuestro país es la Ruta 27, seguida por la Autopista Florencio del Castillo.

De acuerdo con la vocera de la Dirección de Tránsito, Angie Meneses, en la Ruta 27 ya se contabilizan once personas fallecidas en lo que llevamos del año; mientras que en la autopista que conecta San José con Cartago ya se registran nueve muertos.

El kilómetro fatal

El Subjefe Regional de Tránsito la Pacífico Central, Juan Mora Hidalgo, destacó que uno de los “puntos negros” de la Ruta 27, es decir, donde se registra una mayor cantidad de accidentes, es el kilómetro 71.

“En la curva del kilómetro 71 se han presentado muchos accidentes que han dejado fallecidos. Esto se debe a muchas situaciones, primero, hay un ceda porque se vienen tres carriles, uno que sale de Tivives, más dos carriles adicionales que al final se convierten en uno justo en una curva, por lo que nadie quiere hacer el ceda que hay que realizar. Además de esto, se mezcla la velocidad,” destacó Mora.

De acuerdo con el Subjefe Regional de la Pacífico Central, ahora para la época de lluvia los incidentes en esta misma zona tienden a incrementar, por lo que es fundamental reforzar las medidas para evitar cualquier situación que ponga en riesgo la vida.

“Si la velocidad permitida es 60 kilómetros por hora hay que cumplirlo, no se debe adelantar en estas zonas tan peligrosas, hay que tenerle mucho miedo a esta carretera para evitar estos accidentes. Ahora con las lluvias hay que tener mayor precaución porque es cuando se dan más casos en esta ruta,” destacó Mora.

Por otra parte, el oficial de la Policía de Tránsito del Corredor 4, que atiende un sector de la Ruta 27, Erick Castillo, expresó que esta es la zona más transitada actualmente y por ende la que más cifras aporta.

“Es una de las rutas más transitadas, al ser la más transitada incrementa el índice de vehículos y por ende las demás estadísticas. La gente se limita a bajar la velocidad únicamente cuando saben que hay algún control. La carretera en sí no se presta para correr. El tramo comprendido entre los kilómetros 53 y 71 está demarcado con doble línea amarilla y es donde se produce una mayor cantidad de accidentes; la promesa de hacer el trayecto entre San José y Caldera en una hora invita a los conductores a desplazarse con mayor velocidad, lo cual no es cierto”, indicó Castillo.

Según informes anteriores elaborados por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica, pusieron en evidencia serias deficiencias tanto en la Ruta 32 como la Ruta 27, las cuales obligan a los conductores a ser más cuidadosos al transitar por estos lugares.

Última tragedia

Este domingo se presentó uno de los incidentes más aparatosos en la carretera a Caldera, donde fallecieron seis personas, tres adultos y tres niños.

Seis personas fallecieron este domingo en un accidente de tránsito en Ruta 27. Foto cortesía Policía de Tránsito.

El accidente ocurrió, poco antes de las 2:00 p.m. a la altura del kilómetro 71, zona que es catalogada por los oficiales de Tránsito, como el “punto negro” que es donde se concentra una mayor cantidad de accidentes.

De este aparatoso incidente, actualmente hay una menor que se encuentra muy delicada en el Hospital Nacional de Niños.

Las seis víctimas y la niña viajaban en un mismo vehículo, que al parecer se habría salido de la vía para estrellarse de frente contra un carro 4 x 4.

Marvin González, Etelmina Anchía eran dos de los tres adultos que viajaban en la parte delantera del carro liviano y que murieron en el sitio. Las otras tres víctimas que fallecieron eran menores de edad.

La Auditora del MOPT ya había comparecido en el Congreso, sobre el robo de armas a la Policía de Tránsito. (Archivo CRH)

Desde hace un año, el Ministerio Público investiga a la auditora interna del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) Irma Gómez Vargas por el nombramiento de un funcionario en ese departamento. Se trata de la designación del subauditor general Antonio Guasch.

Además hay otra denuncia por el nombramiento de otro funcionario que tiene una relación de pareja con la hija de Gómez, por lo que se investigaría si su designación en el órgano que lidera la Auditora -y quien es su superior- rompió la ley.

La oficina de prensa de la Fiscalía confirmó que Gómez Vargas es imputada en una investigación tras la denuncia. La Fiscalía Adjunta de Fraudes realiza la pesquisa, la cual inició desde el 28 de marzo de 2013 y se encuentra en trámite, por los delitos de tráfico de influencias y falsedad ideológica. La causa se encuentra en etapa de recabación de pruebas.

El secretario adjunto de la Unión Nacional de Técnicos Profesionales de Tránsito (Unateprot) Juan Carlos Vásquez, quien llevó la denuncia a la jerarquía de la Fiscalía, aseguró que desde hace un año se presentó una denuncia por anomalías en el nombramiento del Subauditor. Además recientemente, el 10 de abril, interpuso la denuncia por el nombramiento de quien asegura es el yerno de Gómez, por lo que habría un conflicto de intereses.

El representante de uno de los sindicatos del MOPT insistió que a lo interno de la institución no se prestó atención a los cuestionamientos. Vásquez mencionó que conversó con el fiscal a cargo, pero aún no conoce que se hayan dado secuestro de documentos u otras acciones.

El pasado 24 de abril, la Fiscalía le comunicó que el documento de su denuncia por el tema del segundo nombramiento en cuestión, fue remitido a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

Irma Gómez Vargas ya se había visto involucrada en otras investigaciones. Primero en el 2012, cuando un informe de la Procuraduría de la Ética recomendó abrirle un proceso administrativo por supuesto enriquecimiento ilícito. Pero en ese entonces el exministro Francisco Jiménez lo desestimó. El caso se dio porque Gómez chocó con un taxista y – según concluyó el órgano procurador – ella inició una investigación contra al transportista.

En otro caso, el Tribunal Contencioso Administrativo falló a favor de una funcionaria que fue despedida de forma indebida en la Auditoría, que Irma Gómez dirige. La mujer demandó al Gobierno por el despido, tras lo cual el Tribunal concluyó que la Auditora no pudo concretar una actitud concreta que ameritara la decisión de separarla del cargo.

Este año, la Unión Nacional de Trabajadores de Obras Públicas y Transportes (Unatropyt) denunció que el ahora xministro Pedro Castro protegía a la auditora Irma Gómez, quien fue cuestionada por acoso laboral.

Casos por el subauditor y por un técnico

La Auditora del MOPT se vuelve a ver involucrada en un nuevo proceso legal. (CRH)

Según la denuncia planteada por Unateprot, Antonio Guasch Aguilar fue nombrado Subauditor de forma interina sin realizar un concurso público como lo exige la ley y el funcionario no cumple “los requisitos de idoneidad comprobada de experiencia mínima en la supervisión de personal y no cumplía con los requisitos establecidos por la Ley de Control Interno”.

Básicamente reclaman que el designado no cuenta con la experiencia mínima de cuatro años en supervisión de personal. Aunque el nombramiento interino fue avalado por la Contraloría General de la República, el denunciante reclamó que se le indujo a error.

Denunciaron que hubo un falso testimonio al nombrarlo, pues la auditora Irma Gómez emitió el 6 de agosto del 2012 una certificación en la cual juró que desde julio del 1999 “se le designó en forma interna como Supervisor de Grupo, que incluye la coordinación de equipos de trabajo conformados por profesionales de diversas áreas que laboran en la Auditoría”.

Esto se hizo para probar que tenía experiencia en supervisión de personal. Sin embargo, según documenta la denuncia, en un oficio que envió a la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria el propio Guasch Aguilar para describir las funciones de su puesto, no mencionó esa supervisión. Además se citan a testigos que aseguran que no realizaba esas labores.

En cuanto al nombramiento que llevó a la segunda denuncia, el sindicalista detalló que la Auditora nombró a José Francisco Escobedo Valerio, a pesar de que, según denunció, este tiene una relación de pareja con la hija de Irma Gómez, aproximadamente desde el 2010 e incluso una niña fruto de esa relación, la cual sería nieta de la Auditora.

En la denuncia, muestran pruebas para demostrar la relación entre la hija de Gómez Vargas y quien se convirtió en su subordinado tras el nombramiento dentro de la Auditoría. Escobedo Valerio entró al MOPT en el 2008, es técnico en ingeniería civil y entró al órgano auditor en el 2010.

Según lo denunciado por Juan Carlos Vásquez hay un acto de corrupción y tráfico de influencias, pues quedó a las órdenes de quien supuestamente es su suegra, después de que ella misma lo promoviera.

Se llamó a la oficina de Irma Gómez pero su secretaria aseguró que debía realizarse la gestión a través de la oficina de prensa. Se le consultó a esta el miércoles 30 de abril, esperando una respuesta de Gómez ante los cuestionamientos y la investigación en curso en la Fiscalía, pero no hubo comunicación alguna.

Este tipo de situaciones están contempladas por el Código Penal y el Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, que prohíbe a un funcionario tomar acuerdos que beneficien a relativos hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad. Además el Código Procesal Civil prohíbe a juzgadores conocer asuntos donde está involucrado su yerno.

El Código de Familia en su artículo 242 estipula que “la unión de hecho pública, notoria, única y estable, por mas de tres años, entre un hombre y una mujer que posean aptitud legal para contraer matrimonio, surtirá todos los efectos patrimoniales propios de matrimonio formalizado legalmente, al finalizar por cualquier causa”. Es decir esa relación tendrá un carácter de formalidad y legalidad.

Ticos destacan en consumo de alcohol en Centroamérica, según informe de la OMS. EFE.

A los costarricenses se les identifica mundialmente por su buen trato a los turistas, su mensaje del ‘pura vida’ y por vivir en un ambiente de relativa calma… Sin embargo, un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca además a los ticos entre los mayores consumidores de alcohol en Centroamérica.

El informe, publicado este lunes por el máximo ente mundial de la Salud, pone a los costarricenses como los terceros mayores consumidores de alcohol en la región, solo por debajo de los beliceños y los panameños.

Según el reporte, basado en datos entre 2008 y 2010, en el país existe un consumo anual per cápita de 5.4 litros de alcohol puro, muy superior al de países más poblados como El Salvador (3.2), Guatemala (3.8) y Nicaragua (5.0).

Según los datos del estudio, que abarcó a ciudadanos mayores de 15 años, los consumidores costarricenses per cápita tienen predilección por la cerveza con un 59%, otras bebidas alcohólicas (como ron y vodka) se ubican en el 36%, mientras el vino alcanza solo el 5% de los consumidores.

“Aún queda mucho por hacer para proteger a la población de las consecuencias negativas del consumo del alcohol en la salud. El informe muestra claramente que no hay lugar para la complacencia cuando se trata de reducir el uso nocivo del alcohol”, explicó el médico Oleg Chestnov, especialista de la OMS, en el sitio de la organización.

Hombres más predispuestos

El informe de la OMS explica que los hombres costarricenses son quienes tuvieron una mayor prevalencia a vivir un episodio fuerte de consumo de alcohol. Un 12.6 del total aseguró, en 2010,  haber consumido el equivalente al menos 60 gramos de alcohol puro en una ocasión en los últimos 30 días. Mientras solo el 2.4 de las mujeres dijo haberlo hecho.

Un total de 27.6% la población mayor de 15 años dijo no haber tomado nunca alguna bebida alcohólica. Mientras, un 21% afirmó ingerir bebidas alcohólicas pero confesó no haberlo hecho en los últimos 12 meses.

Discrepancia con datos

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Gerardo Sánchez, estadístico del Instituto Costarricense de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), dijo que no comparte los datos emitidos por el informe de la OMS. Argumentó sus razones en que esas cifras difieren “mucho” con un análisis emitido en 2006 y aseguró que, bajo su criterio, los costarricenses no figuran entre los mayores consumidores de alcohol en la región.

“Según mis estimaciones, para 2006 y 2007, era de 3.61 litros puros per cápita por persona… Me parece que esos datos (los de la OMS) están inflados. Aún con lo bajo que es ese dato creo que es mucho menor que eso, pienso que ese dato de 5.4 está inflado”, dijo Sánchez, quien desestimó el estudio de la OMS.

El funcionario comentó que los otros países de Centroamérica no tienen una base consolidada de estudios de consumo como si los tiene Costa Rica. Por ello, cree que el país está por debajo de otras naciones como Nicaragua o Guatemala.

“Nosotros tenemos datos que son bastante buenos con relación a nuestra región Centroamérica… Debemos ser uno de los países que menos alcohol consume en la región, a ellos les cuesta mucho realizar la medición… Es exagerado ponernos en un país que se consume más que en el resto de la región”, citó Sánchez.

Otros países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay superan a Costa Rica a nivel latinoamericano pero son países donde se acostumbra acompañar las comidas con una copa de vino. Esos suelen ser países donde el consumidor toma con más frecuencia pero en menor cantidad durante una sola “sentada”.

Recientemente, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) llamó la atención por el desarrollo de barras libres y mega fiestas donde se ofrece licor a menores de edad y colegiales. Incluso, se mencionó la posibilidad de impulsar varios proyectos de ley para penar este tipo de actividades.

La OMS advierte en el informe que el alcohol se relacionó con al menos 3,3 millones de muertes en 2012. En América, el 70,7% de los hombres y el 52,8% de las mujeres bebe.

El OIJ investiga 10 denuncias por supuesta mala praxis en ese hospital. Tomada de www. skycraperslifer.com

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó mediante su oficina de prensa, que investiga 10 casos de denuncias por supuestas malas prácticas médicas en el Hospital San Vicente de Paul en Heredia. Estos señalamientos se contabilizan desde enero del año pasado hasta la actualidad.

Uno de los casos recientemente denunciados es el de una mujer de apellido Mora, quien falleció la semana pasada tras dar a luz en el centro médico. Sus allegados no quisieron brindar mayores detalles sobre el caso, dado que están a la espera del examen forense y del informe del hospital para tener mayor certeza de qué ocurrirá con la investigación, pero la víctima tenía menos de 25 años y era una mujer saludable.

Cuestionado al respecto, el subdirector del hospital, Mario Ruiz Cubillo, dijo que “cuando hay denuncias de ese tipo, es el OIJ el que las canaliza a través de la Medicatura Forense. Ellos vienen, decomisan los expedientes y comienza todo el proceso legal del caso… Siempre hemos tratado de ser lo más transparentes posibles, ellos mismos vienen, decomisan todo y guardan los detalles. En el hospital siempre se hacen investigaciones y el debido proceso”.

Sobre el caso particular de la mujer, Ruiz dijo que sí tenía conocimiento del hecho pero afirmó que, de momento, no han sido notificados de ninguna denuncia. Sí confirmó que el bebé nació en buenas condiciones. Expresó que están en la “mayor disposición de colaborar” con las autoridades pero omitió ofrecer detalles sobre los otros nueve casos que también han sido denunciados o los departamentos del hospital involucrados.

“El OIJ viene y es el que realiza el trámite, ni siquiera somos nosotros. Todo se canaliza con ellos, se encargan de todo el proceso, así es más transparente. Solo podemos facilitarles lo que ellos nos pidan, como el expediente, los datos y las fechas de ingreso”, insistió el funcionario.

Consultada sobre los casos, Maricel Rodríguez, vocera del OIJ, aseguró que los mismos provienen de diferentes departamentos del hospital, pero que por ser investigaciones en curso no podía ampliar detalles.

No es la primera vez que el Hospital San Vicente de Paúl está en el foco de la polémica. En octubre del año pasado la Unión de Trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (UNDECA) denunció casos de supuesta negligencia en ese centro médico y problemas para recibir atención en el departamento de emergencias.

Cambio en rumbo

UNDECA denunció el año pasado anomalías en ese hospital. Al centro, Luis Chavarría presidente de la organización. CRH

Elizabeth Centeno, representante de la seccional de UNDECA en ese hospital, aseguró que el cambio en la dirección realizado hace casi dos meses ha ido variando el panorama. Actualmente, Roberto Cervantes es el director del centro médico.

“El trabajo que estuvimos realizando durante tres años en el hospital culminó hace dos meses cuando la exdirectora (Yamileth Obando) se acogió a su pensión y el equipo de trabajo que ella trajo se fue. Se cambió la jefatura de emergencias, el subdirector que había se fue y el abogado también… El hospital dio un giro diferente”, comentó Centeno.

Incluso, una serie de informes de auditoría señalaron graves deficiencias en el sistema de atención de emergencias que propició la denuncia por muertes y negligencias en el hospital. Por ese motivo la entidad reestableció la oficina de Contraloría de Servicios, que estaba ausente desde 2011.

“Esperemos que los casos que hay (denunciados) tengan el seguimiento respectivo. La Contraloría de Servicios había desaparecido y ya se pudo reabrir. Según los informes de auditoría había gente que pasaba hasta cuatro o cinco horas en una silla”, lamentó Centeno.

Casos recientes

No solo el hospital herediano ha sido señalado por la muerte de personas que llegan, irónicamente, buscando una mejoría en su salud. Hace dos semanas la familia de un maquillista, de apellido Tenorio, denunció que el hombre había fallecido producto de una cadena de malos diagnósticos y atenciones tardías.

Igualmente, un funcionario de la Municipalidad de Tibás comentó a crhoy.com que tenía más de dos semanas hospitalizado a la espera de una intervención quirúrgica producto de una quebradura de peroné.

Problemas hormonales ocasionan que los menores desarrollen a la edad menos indicada. Imagen tomada de Internet.

El crecimiento de las glándulas mamarias, la salida del vello público y por último la aparición de la menstruación, o bien el crecimiento de los testículos y pene, son las señales que dan la alerta de los problemas hormonales que llevan a una pubertad precoz. En algunos casos, se adelanta a los 8 años.

De acuerdo con el endocrinólogo del Hospital Nacional de Niños, Dr. Erick Richmond, hay casos en que los menores desarrollan de manera muy temprana o muy tarde, por lo que ambos casos se les debe poner total atención ya que es una situación muy peligrosa.

“Tenemos pacientes que presentan pubertad precoz o tardía, eso debido a sus hormonas. La pubertad debería ocurrir en un periodo muy específico, en las niñas es normal que inicie luego de los ocho años de edad, pero cuando una menor empieza a desarrollar características sexuales antes de esa edad, es una pubertad precoz, por lo que se debe buscar las razones por las cuales está produciendo esas hormonas a una edad tan temprana, ya que es una enfermedad peligrosa,” destacó el Dr. Richmond.

Esas edades consideradas normales para el proceso de la pubertad son entre los 8 y los 12 años en el caso de las niñas y entre los 9 y los 14 años para los niños.

Según el especialista, no hay manera para evitar que estos cambios hormonales se presenten de manera anticipada, pero lo indicado es que sea detectado lo más pronto posible, ya que de esta manera el menor recibiría el tratamiento indicado antes que las consecuencias, como el quedarse con una estatura muy pequeña o bien los problemas psicológicos que estos cambios físicos traen.

La frecuencia con la que se presenta una pubertad precoz es mayor en las niñas, ya que la relación es de dos a uno, en comparación con lo casos de los varones, esto quiere decir que por año, se atienden a 20 niñas y a 10 hombres en este hospital, cifra que le preocupa a los especialistas de dicho centro.

Las causas son variadas, pueden ser por enfermedades crónicas, cromosomas anormales o bien, una variación de la pubertad normal que llega a ser controlada sin ningún problema.

Bebé a los siete meses empezó a menstruar

Uno de los casos más relevantes que se está atendiendo en este centro médico es el de una menor que a sus siete meses de edad empezó a tener características de desarrollo, por lo que tuvo su periodo menstrual debido a unos quistes muy grandes en su ovario, de acuerdo con el experto, esta es un enfermedad genética que tiene una mutación específica que produce trastornos hormonales muy severos.

“Ella recibió a tiempo el tratamiento indicado y luego de seis años sigue siendo nuestra paciente, pero está bastante bien. En este caso fue una enfermedad muy severa que va a requerir de un control muy estricto con tratamiento. Hay otros casos que son menos severos que se presentan en niñas de seis años, donde le damos un tratamiento hormonal para frenar su pubertad por unos años y ya cuando cumplen unos diez u once años se le retira y su pubertad evoluciona y sigue con su pubertad y vida normal,” explicó el endocrinólogo.

Para recetar estos tratamientos, de acuerdo con el Dr. Richmond, hay que tener sumo cuidado ya que podrían presentarse efectos secundarios.

“Todos son tratamientos permanentes y complejos, todos deben administrarse de manera adecuada, con dosis muy bien supervisadas para minimizar esos efectos secundarios, que podrían ser frenar demasiado su proceso de crecimiento en los huesos y podría generar una ganancia de peso excesiva,” recalcó el endocrinólogo.

La pubertad llega a edades muy relativas

Por su parte el pediatra Fabian García, no existe una edad fija sobre cuándo debe desarrollar una persona, todo depende del desarrollo de la menor y de los antecedentes familiares.

No existe una edad fija sobre cuándo debe desarrollar una persona. Imagen tomada de Internet.

“Es algo muy relativo, actualmente hay niñas que desarrollaron a los siete u ocho años, incluso hay las que han desarrollado a os 14 o 15 años, por lo que eso depende mucho del desarrollo de ella y de los familiares como la mamá y las tías, por ejemplo,” destacó el Dr. García.

El desarrollo a edades muy temprana podría ser un factor de riesgo para padecer, con el paso de los años, cáncer de mama. Pero si la situación es otra, si la niña desarrolla muy tarde, podría darse algunos problemas muy distintos, en su mayoría psicológicos, ya que en la mayoría de los casos las menores reciben bullying por parte de sus compañeras al no haber desarrollado como las demás.

El Dr. García les recomienda a los padres o encargados estar muy atentos de los cambios físicos que se presentan en los menores, asistir al especialista como pediatras y endocrinólogos constantemente.

El riesgo de desabasto de frijol rojo radicaría porque Nicaragua -país al que le compramos el grano- reporta una baja en su cosecha. EFE/Archivo

Costa Rica vende el frijol rojo y negro más caro de Centroamérica, según el nuevo monitoreo semanal publicado por el Consejo Agropecuario Centroamericano, ente adscrito al Sistema de Integración de Centroamérica (SICA).

De acuerdo con los más recientes datos publicados, en nuestro país la tonelada de frijol rojo se consigue en cerca de $2.000, frente a los $1.195 que se pagan en El Salvador.

En Guatemala, la tonelada se vende en $1.239; en Honduras, en $1.410; en Nicaragua, en $1.676 y en Panamá en $1.695.

En cuanto al frijol negro la situación no dista de la anterior: en nuestro país, la tonelada  se vende en $1.598, en Guatemala a $942 y en Nicaragua en $843. No hay datos de los restantes países.

¿Por qué pasa esto?

Vanessa Solano, representante de la Asociación Cámara de Productores de Granos Básicos de Los Chiles, aseguró que nuestro país tiene los precios más altos de la región debido a los costos de producción.

Ella puso como ejemplo los costos de producción en Nicaragua frente a los de Costa Rica: mientras en el país vecino el día de mano de obra cuesta 2.700 colones, aquí esa misma mano de obra cuesta 10.000 colones. Y si la persona trabaja más de tres meses, se le incluyen cargas sociales que aumentan los costos, agregó Solano.

Y la comparación es aún más dramática con China, país que suple de frijol a los costarricenses: mientras el costo de producir un quintal nacional es de 34.000 colones, en el gigante asiático es de 31.000 colones.

Precisamente, Costa Rica importa -dice Solano- el 75% de lo que consume en frijol rojo y negro, a pesar de los esfuerzos de los productores de zonas como La Cruz, Guatuso, Upala y Los Chiles, regiones tradicionales de cultivo y cosecha del grano. Los principales suplidores son Nicaragua y China.

En la Oficina de Prensa del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) reportaron que este año el país produjo el 28% del consumo local, por lo que tendrá que importar el 72%.

Aunado a este déficit en la producción local, el país se enfrenta a una posible reducción en la compra de este grano al vecino país del norte.

Tal y como este medio lo publicó el lunes, el presidente de la Cámara Nacional de Industriales de Granos, Rolando Brenes, quien dijo que las importaciones están siendo bloqueadas por una serie de medidas tomadas por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) con acciones muy estrictas.

A esto se suma, que los nicaragüenses hayan anunciado una baja en su producción y que se encuentran en el dilema de si cierran o no sus fronteras a las exportaciones para abastecer el mercado local. Este panorama podría incrementar el precio del grano en nuestro país, según los industriales.

En la Oficina de Prensa del MAG prometieron que las autoridades de la entidad ofrecerán, este miércoles, explicaciones detalladas del panorama en el país con respecto al frijol. Esto se hará después de una reunión que los jerarcas de la entidad sostendrán con representantes del Consejo Nacional de la Producción (CNP).

Este medio consultó a representantes de Walmart y AutoMercado para conocer sus estrategias comerciales de cara a este panorama, pero al cierre de edición no hubo respuesta. En ambas empresas indicaron que darían respuesta este miércoles.

Imagen con fines ilustrativas.

Desde hace tiempo, las quejas de quienes buscan una cita para obtener la licencia de conducir llueven. Pero la situación ha empeorado pues los usuarios que llaman al ´call center´ que opera desde marzo se encuentran con que sacar una cita para los exámenes de licencia es verdadero dolor de cabeza. Lo peor es que la solución a ese problema podría tardar más de seis meses.

La Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) ordenó cerrar la página de Internet en la que se podían sacar las citas para dichas pruebas, y además, sugirió crear una página web exclusiva de la Dirección General de Educación Vial para matrículas de pruebas teóricas y prácticas y mientras eso se hace, la única opción que tienen los usuarios es por medio de la línea telefónica.

Así lo confirmó Hugo Jiménez, director de Educación Vial, quien admite que no está de acuerdo con que la página de internet cierre por mientras se crea la otra, porque el usuario tiene derecho a escoger la vía por la que quiere hacer la matrícula.

“Ya se comenzaron las reuniones (…) Informática del MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transportes) dice que tardaríamos de cinco a seis meses para crear la página. De ahí que yo, mediante un documento, esté solicitando al Cosevi mantener la página que la Dirección General de Educación Vial creó para matrícula (…) ellos incorporaron esa página en un portal del Cosevi y tomaron la decisión de cerrarla aunque el portal siga”, indicó Jiménez.

Según Jiménez, la creación de esta página no significaría mayores costos para el MOPT, porque el recurso humano ya lo tienen en la Dirección de Informática.

El director asegura que está realizando un documento para que el Cosevi dé la justificación en la que se basó para cerrar la página, de acuerdo con análisis previos.

Evaluadores no dan abasto 

En conclusión, el funcionario afirma que todo lo anterior se debe a que se requieren más evaluadores porque los 33 que hay en todo el país no dan abasto para la demanda.

Imagen de archivo. CRH

“La población ha crecido, la gente que aspira a obtener la licencia de conducir ha crecido (…) nosotros teníamos en el 2010, 67 evaluadores a nivel nacional y hoy tengo 33, menos de la mitad. La gente dice que la Dirección General de Educación Vial no saca suficientes citas para todos los días, yo no puedo sacar ni una cita más que no pueda cumplir porque ese usuario se va a quedar sin hacer su prueba práctica, cada funcionario que tengo realiza 14 pruebas prácticas durante el día, y cada una en su desarrollo tiene una duración de una hora”, detalló Jiménez.

Jiménez envió este martes, un oficio a Carlos Segnini, ministro de Obras Públicas y Transportes, en el que recomienda dejar a disposición del usuario, ambos métodos, por mientras se crea la página exclusiva para matriculas.

Al respecto, Carlos Segnini, aseguró que desconoce el tema y que no ha tenido tiempo de analizarlo.

“No he analizado nada, es el tercer día, estoy reacomodando muchas cosas ahí, terminando de llegar, ya con Conavi nos sentamos ayer pero todavía estamos con muchas cosas, son muchos Consejos y todavía tengo mucha reunión pendiente”, manifestó el jerarca.

Entidades dicen que no pueden regular precios de ‘call center´

crhoy.com publicó el pasado lunes 12 de mayo, una nota en la que se expone el precio real de las llamadas al ´call center’, que al final resulta mayor al que la operadora indica.

Cinthya Zapata, defensora del Consumidor, aseguró que le corresponde a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) pedirle al “prestador del servicio que obligue a que la información se le dé al consumidor (…) la ley establece que los bienes y servicios tienen que tener un precio final, es el precio con todos los cargos, comisiones e impuestos que se le aplican (…) por ser Ley de la República, no es solo una persona la que la tiene que acatar, son todas las personas las que la tienen que acatar”.

Por su parte, Carolina Mora, vocera de la Aresep, indicó que esos trámites le competen a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) por tratarse de un tema de llamadas.

Sin embargo, Eduardo Castellón, vocero de la Sutel, aseguró que “este tipo de llamadas son consideradas servicios de información que no están reguladas por lo que no podemos intervenir en  las tarifas que cobren”.

Salir en un vehículo desde el Conservatorio Castella en Heredia hasta La Sabana, pasando por el puente de “la platina”,  toma en promedio 1:15 minutos durante la “horas pico”, por la mañana y por la tarde. Este recorrido es de aproximadamente, solo 7 kilómetros. Eso en el mejor de los casos, si no hay ningún accidente de camino, si no llueve o si no hay trabajos en la vía…

De acuerdo con valoraciones del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), la velocidad de tránsito promedio durante estas horas pico es de 4 km/h, volviendo casi un caos el ingreso a San José.

Presas se dan al ingreso a San José. CRH

El problema se vive en las principales rutas de acceso desde la Autopista Florencio del Castillo en Cartago, la Autopista General Cañas, la ruta 27 y la salida de Heredia y Alajuela. (Ver mapa).

En promedio, el tránsito que ingresa a San José es de 400 mil vehículos por día, de acuerdo con cifras de la Policía de Tránsito.

Expertos recomiendan cambios

Para Guillermo Loría, del Programa de lnfraestructura del Transporte del Lanamme, la red vial se debe atender de inmediato con cambios que no requieren demasiada inversión, pero que pueden hacer la diferencia.

Loría indica que se haría diferencia sustancial con algunas obras pequeñas pero que impactarían la vialidad del país, particularmente del Gran Área Metropolitana, “en sectores como la fábrica de Galletas Pozuelo, la “Galera”, un cambio de semáforos en el sector de doña Lela lo en la salida de la ruta 32”.

Para Loría, las velocidades a las que se puede recorrer en la actualidad la capital son de “tercer mundo” e impactan en la productividad del país. Por ello, recomienda incluso carreteras subterráneas o un viaducto.

Además, señala como importante ampliar la carretera de Circunvalación, que actualmente es de dos y tres carriles en algunos sectores.

Precisamente en esta ruta también hay otros aspectos por mejorar, asegura Aaron Morales, asesor técnico de la Cámara de la Construcción, como por ejemplo la eliminación de semáforos que no sean esenciales y la construcción de pasos a desnivel en lugar de rotondas.

Imagen con fines ilustrativos. Foto CRH.

En este sentido, se ha hecho algún esfuerzo con la construcción del paso a desnivel en San Sebastián y ahora que iniciará la de Paso Ancho.

Policía de Tránsito no puede resolver 

Puede que usted haya visto algún oficial de tránsito regulando el paso por esta vía… o puede que no, pero según el director de esa institución, Germán Marín, no es un asunto que ellos puedan resolver.

“Nosotros hacemos un esfuerzo de regulación, teniendo claro que el asunto de la congestión vial no es solo un asunto de la Policía de Tránsito. La labor de nosotros es direccionar el flujo vehicular hacia una ruta menos congestionada en caso de ser necesario”.

Marín explica que las rutas están colapsadas pues para el tránsito promedio que fueron hechas no es el mismo y por lo tanto se forman esas “colas”, y por lo tanto se requieren de acciones integrales como construir vías alternas.

El director contó que mientras en 1997 había en Costa Rica 425 mil matrículas de vehículos, hoy la flotilla vehicular se calcula en  1.4 millones.

En promedio, la Policía de Tránsito destina cerca de 70 oficiales por turno solo en San José, sin embargo, Marín recalcó que la regulación no es la labor principal de su equipo.

Diversos estudios y expertos concluyen que viajar por pocos minutos en una presa representa un riesgo para la salud, entre ellos padecimientos como la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, la depresión, la ansiedad, problemas para dormir, dolores de espalda y riesgos cardiovasculares.

Gilberth Armijo, Presidente de la Sala Constitucional. Archivo CRH

Para Gilberth Armijo, Presidente de la Sala Constitucional, el caso del nombramiento de Melvin Jiménez como Ministro de la Presidencia es el más complejo de los últimos años. Esto, luego de que el martes se diera a conocer la decisión de dar trámite al recurso de amparo interpuesto contra la designación de Jiménez en el gabinete presidencial.

La situación recae en la investidura religiosa del funcionario, quien es Obispo Luterano, y según el recurso, el nombramiento del ministro viola el artículo 142 de la Constitución Política que establece como uno de sus requisitos para ejercer ese cargo ser del ‘estado seglar’.

“La problemática que plantea refleja que en la sociedad hay diferentes posiciones en relación a los alcances de lo que establece la norma constitucional. Incluso, si es posible conocerlo a través de amparo o a través de un recurso de constitucionalidad. Es una temática antigua. Desde la Constitución de 1871 ya se establecían algunas limitaciones para que las personas que estén vinculadas de manera permanente con algunos de los credos estén en un puesto de relevancia en el Estado”, afirmó Armijo.

El magistrado indicó que la Constitución posee algunos límites, en especial algunos que vio el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para los funcionarios en las municipalidades. Tuvo otra visión diferente en relación con los diputados y en relación a los magistrados o funcionarios de gobierno es claro en que no deben tener ningún cargo de relevancia religiosa.

“Esta temática es la que estamos conociendo a través del recurso de amparo y esperamos resolverlo de la mejor manera, de la forma más objetiva posible… Desde luego es un tema muy complejo, con diferentes posiciones aun dentro de la misma Sala e implica mucha discusión y estudio. Lo que se decida tendrá consecuencias muy fuertes en relación a este tipo de situación”, agregó Armijo.

Para el magistrado este caso tiene absoluta prioridad y se sale de lo normal principalmente porque “es la primera vez que se nombra un Obispo Luterano como Ministro de Gobierno, es una situación nueva para el país y la Sala”.

El caso será meditado y muy estudiado, sobre todo por las diferentes posiciones que tendrán los magistrados. De tener un acuerdo o un consenso la votación podría ser más agilizada, pero en caso de que se presenten opciones de solución la discusión podría variar.

Jiménez respetará decisión 

Melvin Jiménez, Obispo Luterano es el Ministro de la Presidencia. Archivo CRH.

Al ser consultado sobre el tema, Melvin Jiménez aseguró que está en total disposición con la Sala Constitucional y afirmó que respetará la decisión por la que se decanten la mayoría de los magistrados.

“Quedo a la disposición de la Sala IV y respetaré la decisión de ellos. Como he dicho, lo que quiero es ayudar al país y concentrarme en las propuestas que el señor presidente (Luis Guillermo Solís) me ha designado para hacer real los pilares que ofrecimos. Espero que ellos (los magistrados) tengan que trabajar y resolver. En su momento acataré lo que ellos decidan”, comentó el ministro.

El funcionario expresó en la mañana de este miércoles que todavía no había sido notificado. Negó conocer a la persona que interpuso el recurso, de apellidos Orozco Caballero, y reiteró que no lo tomó por sorpresa.

“Ya sabía que había en el ambiente gente con la que creímos no tener un conflicto, pero un país de derecho todo mundo puede utilizar los mecanismos que existen para dirimir dudas. Lo que acontece es lo que debe acontecer en cualquier sistema democrático”, recordó Jiménez.

Panorama complejo

Fabián Volio, abogado constitucionalista y exmagistrado, señaló que no conocía a profundidad el caso de la designación de Jiménez. Pero afirmó que sí existe un problema, tanto para la Sala Constitucional como para el ministro y coincidió con la complejidad del tema.

“El artículo 142 es muy claro, diciendo que no existe una restricción para ser electo diputado o regidor, pero sí para ser designados o nombrados como ministros. No es un acto electoral, sino que es un acto de discrecionalidad política del presidente, por eso la regulación me parece muy clara: ser del estado seglar. Lo que se busca es que no haya una vinculación de una autoridad religiosa con el gobierno”, recalcó Volio.

Manrique Jiménez, abogado constitucionalista, compartió la complejidad del proceso y sentenció que desde el punto jurídico de fondo la Constitución es muy clara en cuanto a la participación de ministros con participación religiosa dentro del gobierno. Afirmó que la interpretación de que el estado seglar agrupa únicamente a los católicos es errónea.

“Interpretar de cuando se habla del estado seglar se refiere a cléricos o católicos, sin incluir a todas las denominaciones religiosas, es entrar en una discriminación de trato… Me parece que sería absurdo que con esta interpretación dejamos abierta la posibilidad de que todo el Poder Ejecutivo y la administración central puedan ser miembros activos en la jerarquía de la organización de diversas religiones”, dispuso el especialista.

Sin embargo, Jiménez afirmó que tres aspectos serían claves en el caso desde el punto de vista procedimental-técnico.

La pasada junta de la Caja eliminó el concepto de desconcentración de varios hospitales y áreas. (CRH)

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció que ahorrará ¢1.850 millones por año tras la rebaja a los salarios de directores y subdirectores de 34 centros médicos… Pero tras el aumento del 65% sobre el salario base a diversos funcionarios por concepto prohibición de trabajar fuera de la institución, el balance más bien es de gasto.

Además la institución busca de alguna manera compensar el cambio que comenzó a regir este 1° de mayo, en esos 34 hospitales y áreas de salud que ya no son entes fuera de la concentración, sino que vuelven a estar bajo el control más estricto de la Caja.

El gerente Financiero de la institución Gustavo Picado afirmó que el ahorro que se logra al eliminar de la categoría de desconcentrados a 34 centros es de ¢1.850 millones.

Pero después vino un análisis de la anterior junta directiva en el cual consideró “conveniente y técnicamente sustentado” que a partir del 1° de julio directores, subdirectores, médicos, directores financieros y administradores de esos gozaran del plus de prohibición, que otros funcionarios ya gozaban desde el 2004.

Antes de este abril, había 34 directores bajo el régimen de prohibición. Los restantes 98 centros y áreas no lo tenían. Entre el ahorro del no pago de desconcentración y el costo del pago del 65% la diferencia es de ¢390 millones de gasto. El Gerente Financiero reconoce que es una compensación. La semana pasada, la entidad mencionó que era un “reconocimiento”.

El Gerente insiste en que la figura de pago de prohibición se implementó hace casi diez años, pero se ha usado en el sector público, ya que está contemplada en la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. En la Caja tienen 750 funcionarios bajo esa condición, la cual se paga según el puesto. Una persona no puede renunciar a la misma, ya que es inherente a su posición.

Picado aseguró que el cambio de eliminar el plus de desconcentración no quita un componente del salario, sino que se elimina un proceso, un estado de centros médicos, por lo que automáticamente cambia el pago que reciben los funcionarios.

Proceso de cambios en la administración pasada y críticas de sindicatos

Picado recordó que el proceso de desconcentración inició en el 2001, con la inclusión de 34 centros y sus respectivos directores y algunos subdirectores. En total 41 funcionarios cambiaron de régimen y gozaron de pagos asociado a esa categoría de órganos desconcentrados.

Según el Gerente Financiero estos tenían dos componentes salariales, el pago de régimen de prohibición del 65% sobre el salario base (activo desde el 2004) y el “plus de desconcentración” que equivale al 50% del salario total. Entonces los directores y subdirectores de esos 34 centros tenían esos beneficios salariales.

Esto cambió con la decisión de eliminar esa desconcentración, que incluso generó preocupación en la nueva presidenta de la Caja.

El secretario de la Unión de Trabajadores de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) Luis Chavarría dijo que el cambio es discutible, pues por un lado aplica la rebaja y por otro hay un pago de prohibición. El sindicalista cree que se hizo de forma irregular, al cierre de la administración anterior de cuatro años, cuando se pudo dejar para el nuevo Gobierno.

El gerente Financiero Gustavo Picado aseguró que la Ley de desconcentración le faculta a la Caja poder hacerlo en el momento que lo desee. Luis Chavarría de Undeca mencionó que aún no ha recibido una queja de funcionarios, pero dijo que podrían gestarse inconformidades en los próximos días.

De acuerdo con el BID, el país está a mitad de la evaluación regional. Archivo

Ni buena, ni mala… es regular. Esta es la calificación que Costa Rica obtuvo en el más reciente Índice de Desarrollo de la Banda Ancha en Latinoamérica, que fue divulgado este miércoles por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Washington D.C., Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte, el país se ubica en el puesto 12 de un total de 26 países analizados, con una calificación de 4,23 puntos de 8 puntos posibles. Los datos se basan en estadísticas e información del 2012.

Los tres primeros lugares lo ocupan -en ese orden- Chile, Barbados y Brasil. El primero en Centroamérica es Panamá (que está en el cuarto lugar en la región), seguido de nuestro país, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Belice.

Precisamente, esta última nación conforma el trío con peores calificaciones de Latinoamérica, al lado de Surinam y Haití.

Si se comparan estos datos con la media latinoamericana, Costa Rica no está muy lejos del 4,37 regional pero sí lo está del 6,14 que promedian los países de la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), grupo al cual nuestro país aspira ingresar.

En nuestro país, el informe fue recibido entre la preocupación y la cautela, aunque también con ciertas dosis de optimismo, por parte de diferentes sectores consultados por crhoy.com., entre los que están las autoridades de Comercio Exterior, la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) y el Viceministerio de Tecnología.

¿Qué dice el reporte?

El Índice se calcula con base en 37 variables obtenidas de diversas fuentes públicas, y que fueron agrupadas en cuatro pilares que, según el BID, se consideran claves para “el desarrollo de la banda ancha: Políticas Públicas y Visión Estratégica, Regulación Estratégica, Infraestructuras y Aplicaciones y Capacitación.

En el desglose de cada una, el reporte indica que en Políticas Públicas el país obtuvo 4,92 puntos; en Regulación un 4,80 puntos; en Infraestructuras, 3,52 puntos, y finalmente en Aplicaciones y Capacitación logró 4,25 puntos.

En el apartado de Infraestructuras -que obtuvo la calificación ponderada más baja- los ítemes peor evaluados son “Líneas de banda ancha móvil por cada 100 habitantes (con 2,06 puntos)” y “Velocidad BAF en Mbps (con 1,00 puntos)”. Los mejor evaluados fueron “Líneas de banda ancha fija por cada 100 habitantes (6,53 puntos)” y “Velocidad BAF Internacional en bit/s/habitante (6,16 puntos)”.

Reacciones locales

Allan Ruiz, viceministro de Tecnología, reconoció la existencia de algunas barreras que han frenado un mayor avance en el tema de banda ancha. Él asegura que el principal es el de las tarifas.

Sin embargo, Fabio Masís, director de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (que agrupa a las empresas de telefonía celular, cable e Internet), asegura que el país carece de una sinergia entre el sector público, el privado y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), que permita avanzar en las mejoras que el país requiere en materia de Internet de banda ancha.

Mencionó el tema de las trabas municipales a la instalación de torres o cableado para llevar Internet a más comunidades.

Esta preocupación la comparten Rowland Espinoza, viceministro de Telecomunicaciones en el gobierno de Laura Chinchilla, así como Alexánder Mora, ministro actual de Comercio Exterior.

En entrevista telefónica desde Ginebra, Suiza, Mora subrayó la importancia de contar con un Internet (fijo y móvil) de alta calidad en aras de garantizar una mayor competitividad del país, tanto en la atracción de nuevas inversiones así como entre las empresas que venden bienes y servicios internamente. Incluso, dijo que el tema es crucial también para los ciudadanos, quienes cada vez más hacen uso de los dispositivos móviles.

“Los operadores móviles han venido diciendo que debido a problemas de permisos de Setena y permisos municipales no han podido ejecutar todos sus planes de inversión en Costa Rica. A mí me lo dijeron cuando yo era presidente de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic): que apenas se ha ejecutado dos terceras partes de la inversión destinada al país. Podríamos esperar, al menos, $500 millones en inversiones en la medida en que destrabemos permisos”, razonó Mora.

Carolina Sánchez, vocera de Claro Costa Rica, reconoció las trabas existentes para desplegar una mayor y mejor red de Internet.

“Hay que facilitar las condiciones del despliegue de infraestructura eliminando los obstáculos institucionales que nos ponen en ciertas municipalidades para colocar Torres de Comunicación (sic) y postes, entre otros”, dijo.

Añadió: “(También hay que) ampliar el espectro disponible para tener mejor velocidad en la banda ancha. Desde que se realizó la Licitación Pública en el 2010 donde participamos los operadores privados, no se han vuelto a convocar nuevas licitaciones, en este sentido, esto es un gran oportunidad para mejorar”.

Ruiz, por su parte, aseguró que su cartera analiza este tema con mucho cuidado, con el fin de “fortalecer la interacción entre los actores públicos y privados, de modo que podamos avanzar con mayor celeridad en profundizar la expansión de la banda ancha en el país y los servicios de telecomunicaciones”.

Agregó que esto será posible en el marco de la Estrategia Nacional de Banda Ancha -que se emitió en el 2012-, la cual se encuentra en revisión, y que permita “determinar el nivel de cumplimiento de sus metas e identificar el mejor rumbo a seguir”, acotó el Viceministro.

Para Gabriela Llobet, directora de Cinde -ente a cargo de la atracción de inversiones-, el país ha mejorado en el índice gracias a la apertura del sector de telecomunicaciones. Mientras en el 2010  (previo a la apertura), el índice del BID otorgó al país un 4,08 puntos, frente a los 4,23 del 2012.

“Costa Rica fue uno de los últimos países en abrir su mercado de telecomunicaciones a la competencia por lo que con los nuevos servicios que operadores han iniciado a prestar, esta calificación puede ir mostrando mayores avances. Estamos convencidos de que conforme continúe avanzado la apertura del sector y más sofisticadas sean las demandas de los usuarios, mejores serán las ofertas de los jugadores que participan en Costa Rica y la evaluación de las variables de este índice que realiza el BID podrán mejorar”, aseguró.

Llobet hizo hincapié en el hecho de que en el país hay más de 142 empresas multinacionales que ofrecen servicios de alto valor agregado al mundo a través de las redes de fibra óptica, por lo que reconoce que mientras aumente y mejore la competencia entre los operadores “mayor será la competitividad y atractivo de Costa Rica en el sector de telecomunicaciones”.

Se intentó obtener respuestas de Movistar, del ICE y de Sutel. En la primera empresa no respondieron a nuestras consultas. En Sutel e ICE prometieron dar respuestas este jueves.

Puentes de hasta 80 años de antigüedad, con grietas, estructuras desfasadas, oxidados y cuyo soporte ante un fuerte sismo es cuestionable: esta es la evaluación que realizó el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) a las 12 estructuras que serán intervenidas mediante el decreto ejecutivo firmado por el Presidente, Luis Guillermo Solís.

El estado de estos puentes es crítico y se encuentran en total abandono y sin mantenimiento básico, de acuerdo con Roy Barrantes, del Lanamme.

Muchos de estos análisis datan del 2011 y desde el entonces la situación de las estructuras ha empeorado, pues no han sido intervenidas y muchas ya sobrepasaron su vida útil. (Ver mapa).

Si bien el Lanamme no ha podido identificar cuál es la probabilidad de que un puente de estos se caiga, están concientes que todos son un peligro para quienes transitan por allí. Todos, sin excepción, requieren de la intervención a corto plazo, dice Barrantes.

Foto archivo con fines ilustrativos.CRH

“Aquí estamos jugando con una probabilidad, no sabemos cuándo se va a venir un temblor que los ponga en peligro”, manifestó el ingeniero.

A esto se une la poca fiscalización del peso de los camiones que transitan por las vías nacionales y usan esos puentes, pues las mediciones son pocas y en este sentido, no se puede determinar cuánta carga están soportando las estructuras. Por ejemplo, a los puentes sobre río Grande en ruta 707 y Palomo en la ruta 226, el Lanamme recomendó la restricción de peso de 3 y 4 toneladas, respectivamente, pero los ingenieros del instituto no saben si esta medida se está respetando por parte de las autoridades encargadas.

Y no solo la vida humana está en peligro; para Barrantes también están en juego factores como la competitividad del país y el comercio exterior, pues estas estructuras se encuentran en vías estratégicas que, de colapsar el puente, provocarían un gran caos vial y la interrupción de la producción y transporte de productos.

Ahora queda hacer un diagnóstico profundo para determinar cuáles de los puentes requieren de rehabilitación y cuáles de un reemplazo, tal como fue recomendado para el puente sobre el río Barranca en ruta 1 que se sostiene “por un milagro de Dios”, como lo describió Guillermo Loría, ingeniero de la misma entidad técnica.

“Lo que se está proponiendo es un plan que tiene etapas. La primera es reconocer cuál es la solución, y mientras eso pasa lo que se va a hacer son unas labores de mitigación que disminuyan la vulnerabilidad, controlar las velocidades y las cargas de los vehículos y luego se planea la solución definitiva”, dijo Barrantes.

Inversiones y fuentes de financiamiento indefinidas

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini aseguró que los fondos para intervenir los puentes vendrían de la Comisión Nacional de Emergencias, del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) o de empréstitos con entidades financieras, sin embargo, la rapidez con la que puedan actuar dependerá de la fuente de financiamiento.

A pesar de la necesidad de arreglar las estructuras, todavía está en duda si se podrán declarar en emergencia para lograr fondos de manera más inmediata y a través de la CNE, pues existe jurisprudencia de la Sala Constitucional que estipula que la declaración aplica cuando se está ante una situación de calamidad o desastre.

Otra opción que valoran las autoridades es una contratación directa para utilizar recursos del Conavi, pero para ello se requiere de un permiso de la Contraloría General de la República, consulta que realizarán en los próximos días.

La inversión que se requiere todavía es indefinida, pero una comisión interinstitucional analiza el tema y presentarán en un mes un informe con estas valoraciones.

Nueva inspección de alcantarillas

El decreto firmado por el nuevo Gobierno no solo incluye puentes sino 9 alcantarillas que también requieren de una intervención inmediata para evitar una situación como la ocurrida en agosto pasado en Circunvalación.

Sin embargo como el director del Conavi, Cristian Vargas, sostiene que las alcantarillas incluidas en el decreto ya fueron intervenidas, el Lanamme fiscalizará si los trabajos realizados fueron los necesarios o si requieren de obras adicionales.

En menos de una semana, el Lanamme presentará ante la comisión interinstitucional un informe sobre estas estructuras.

La huelga de educadores por problemas de pagos inicio desde el lunes 5 de mayo CRH.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) implementó, para el pago del salario de la primera quincena de abril, la plataforma Integra2, cuya inversión fue de al menos 1.200.000 dólares. Dicho sistema es el que produjo una serie de problemas a miles de educadores que no recibieron salario o se les depositó el pago incompleto. A un mes del incidente, el problema no está resuelto.

Tanto el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, como la ministra de Educación, Sonia Marta Mora admiten que el problema con el pago de salarios de los educadores es preocupante, y aún no hay una solución definitiva

La jerarca manifestó que trabaja en hacer un diagnóstico para encontrar dónde está el error, sin embargo no ha mencionado a la empresa que fue adjudicada para la adaptación del software Integra por lo que espera analizar el expediente de contratación de los proveedores que aún no ha sido revisado por las nuevas autoridades.

En el contrato B 210173-2008 por contratación directa Nº 2008CD-003780-57200 con fecha 19 de noviembre del 2008, entre el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la empresa Grupo Asesor en Informática S.A. se fijan los trabajos por un monto de $1.172.400 durante 2 años y 8 meses, pero además se establece que la empresa es la responsable de la arquitectura central de Información sobre la base del Integra, actualizar el Modelo Entidad Relación de la base de datos de Integra, adaptación al Sistema de Información y creación de nuevos componentes, entre otras, como la capacitación del personal y soporte técnico.

El contrato denominado “Consultoría o asesoría en software adaptación de la aplicación Integra a las necesidades de la gestión de RRHH del Ministerio de Educación Pública”, fue autorizado por la Contraloría General de República (CGR), en el oficio 08115 con fecha de 08 de agosto del 2008, y en él se aprobó el monto a pagar así como las responsabilidades que la empresa adquirió para la implementación de Integra en su versión 2.

Empresa debe responder por problemas de pago a educadores

Según información en poder del excandidato a diputado Douglas Caamaño, la empresa es la responsable de solucionar los problemas de pago a los educadores, y entregar la información completa a la ministra de Educación y al presidente de la República, a quienes asegura se les está ocultando la verdad.

“Se le debe exigir a la empresa que en cuatro horas arregle el problema del pago de los maestros, porque en el contrato y en la oferta de servicios así se estipula. Además que le digan la verdad a la ministra y al presidente de la situación y que se les entregue copia de los contratos”, dijo.

Tabla de tiempos de respuesta incluida en la oferta de servicios de la empresa Grupo Asesor en Informática S.A. Haga CLIC para ampliar.

Textualmente la oferta de servicios de la empresa Grupo Asesor en Informática S.A. indica que “ofrece una garantía sobre los programas desarrollados contra defectos o errores por un plazo de doce (12) meses, mismos que rigen a partir de la puesta en producción del sistema”.

Además indica que de conformidad con lo establecido en la cláusula segunda del contrato, los servicios de soporte y mantenimiento se brindarán por un plazo de 24 meses (soporte año 1 y soporte año 2). “Los servicios de soporte y mantenimiento podrán prorrogarse en forma automática hasta por 36 meses adicionales, si ninguna de las partes expresa lo contrario por escrito y con tres meses de anticipación a la fecha de terminación del contrato vigente”, reza el documento.

En este sentido en el documento en poder de crhoy.com hace una serie de salvedades por mal uso de usuarios, ajustes a los programas por cambios en los requerimientos del usuario o del negocio, entre otros aspectos, en caso contrario el MEP utilizará para reportar los errores un formulario para la solicitud de soporte cubierta por garantía, que incluye una tabla de tiempos de respuesta dependiendo la magnitud del problema.

Además Caamaño plantea la pregunta sobre el cumplimiento de los cronogramas y los depósitos de dinero realizados a la empresa, debido a que afirmó que se realizaron sin la debida entrega de las fases en los tiempos, así como en el tema de las capacitaciones que se debió hacer a los trabajadores del MEP, pues desde su punto de vista no fueron suficientes, debido a que por más de tres meses de trabajar en jornadas de 12 horas diarias no se ha logrado ingresar la totalidad de la información al sistema.

Autoridades sabían que sistema presentaba problemas para girar pagos

En este sentido Caamaño indicó que se dio a la tarea de recopilar más información sobre el problema de pagos a educadores y descubrió que desde el 25 de marzo del 2014, el sistema Integra2 no estaba reportando pago en distintos departamentos del MEP, según comunicación emitida por el entonces director de Recursos Humanos, Juan Antonio Gómez, y a pesar de ello se empezó a ejecutar en la primera quincena de abril.

“El problema no es en los altos mandos sino en los mandos medios del ministerio que deben aclarar si el problema es de informática, al que se le invirtió más de un millón de dólares”, dijo Caamaño a crhoy.com

Además mencionó que existe otra contratación con la Codisa Software Corporation S.A. para el hosting, así como otra contratación con Ia empresa Ideas Gloris S.A. que alquiló el equipo conocido como DataCenter al MEP para el desarrollo del proyecto MEP-Digital.

Este ultimó fue motivo de una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) que en 2011 detectó que los tiempos de implementación no se ajustaban a lo estipulado por el contrato.

El sistema Integra presenta filtros que impiden ingresar datos como cédulas vencidas. CRH.

Inconsistencias con información ingresada a Integra2

Según informó Yaxinia González, directora de Recursos Humanos del MEP el pasado lunes 12 de mayo de 2014, a las 8:00 p.m., se depositó el sueldo de la primera quincena del mes de mayo, así como los salarios pendientes de abril.

Pero aunque la ministra Mora esperaba que ese pago fuera exitoso, ocurrió todo lo contrario y nuevamente miles de educadores recibieron su salario incompleto, aunque se han detectado múltiples casos que incluyen pagos completos de acuerdo con los depósitos girados por el MEP, pero por múltiples deducciones hacen que en algunos casos el depósito llegue a sumas que no superan los 10 mil colones.

No obstante existen otros casos donde efectivamente la información no fue ingresada y se continúa adeudando rubros como el pago de lecciones adicionales a profesores de secundaria.

Es por eso que desde el inicio de la implementación de las nueve fases del proyecto y al ser entregado, la dirección de Informática del MEP informó que el sistema Integra2 no presenta errores técnicos, porque las dificultades que se han presentado son problemas que las barreras de seguridad y depuración de datos del nuevo sistema no permiten, como acciones de dobles nombramientos o la inclusión de trabajadores con cédulas o permisos de trabajo vencidos en el caso de los extranjeros, así como otra serie de aspectos que el anterior Sistema Integrado Gerencial de Recursos Humanos (SIGRH) sí permitía.

Esta situación ocasiona que se tengan que revisar cada uno de los casos de forma manual y cotejar la información en los datos migrados con la información de las acciones de personal del departamento de Recursos Humanos del MEP, y los cuadros de personal reportados por cada centro educativo.

De momento la huelga indefinida de educadores se mantiene, mientras que el MEP encuentra una soluciones definitiva después de múltiples reuniones con las agrupaciones del Magisterio Nacional.

El virus es transmitido por el mosquito aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue.

El Ministerio de Salud de Costa Rica está particularmente preocupado por la virulenta expansión del virus chikungunya en República Dominicana, donde actualmente afecta 20 de las 23 provincias. También hay reportes de afectados en Haití.

El doctor Yayo Vicente, de la Dirección de Vigilancia de Salud de la entidad, aseguró que el Ministerio sigue de cerca el desarrollo de este virus, que es transmitido por el mosquito Aedes Aegyti, el mismo que transmite el dengue.

La preocupación radica en dos razones: la primera, porque este virus es mucho más violento que el dengue. Vicente explicó que el  chikungunya ataca el sistema nervioso central de manera importante. La segunda, dijo, porque hay muchos costarricenses que visitan este popular destino turístico caribeño.

La tercera y la que más genera inquietud entre las autoridades sanitarias nacionales es porque este virus no se ha diagnosticado en tierra continental en América. Y su transmisión a nuestros países no es muy difícil.

De allí que Vicente urgió a la población a evitar los criaderos del mosquito de Aedes Aegyti, que el año pasado afectó a más de 50.000 personas, 27.000 casos más que en el 2012.

La atención del dengue le costó al país cerca de $1 millón, según un reporte de la Caja Costarricese de Seguro Social, divulgado en febrero pasado.

Sonia Marta Mora, ministra de Educación se mostró optimista para encontrar una solución rápida al problema de pago de los educadores. CRH

La ministra de Educación, Sonia Marta Mora, aseguró que la información que les proporcionó por la anterior administración y que tuvieron antes del 12 de mayo sobre el pago de los salarios a los educadores era inconsistente. Por ello, afirman que tienen serias dudas sobre la situación real de los pagos y la eficacia del sistema de pagos Integra2.

La jerarca compareció esta tarde en el Plenario Legislativo, convocada ayer por los diputados.

Mora ordenó la intervención urgente del Departamento de Recursos Humanos del MEP, para que se determinen los motivos de la retención de los salarios y la revisión del programa de Integra 2. De acuerdo con la Ministra, esto les permitirá tener información clara para comprender y explicar a la ciudadanía y a los educadores por qué no se han realizado correctamente los pagos salariales.

La ministra dijo además que después del 12 de mayo, cuando se trató de realizar el primer pago a los educadores, descubrieron que había cerca de 48 personas que estaban fuera del sistema. De estos, afirma que solo quedan tres.

Mora agregó que, posterior a esto, se dieron cuenta que había otros casos de educadores que no recibieron pagos por concepto de recargos de funciones y determinaron que no hubo ningún tipo de planificación ni prevención en el traspaso del sistema de información viejo al Integra2.

“Es claro que el impacto del problema no es el que creíamos antes de entrar al Ministerio y antes del 12 de mayo y que no encontramos una planificación de los enormes riesgos que traía el traslado de una plataforma a otra”, afirmó.

De acuerdo con Mora, esta madrugada terminaron una reunión con los representantes de los educadores, la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional y la Defensoría de los Habitantes, donde se les propuso a los educadores una vía de pago en tres partes y la conformación de una comisión bipartita para vigilar que los acuerdos se cumplieran, teniendo como garante a la Defensoría de los Habitantes.

Dichos pagos se darían el 19 de mayo, con una planilla de más de 1000 millones de colones, el otro pago el 23 de mayo y se contemplaba una planilla extraordinaria. Pero una de las condiciones era que los educadores cesaran la huelga, esto no lo aceptaron los sindicatos.

La ministra ordenó que se procediera con esos pagos de igual manera, pero agregó que la realidad es que es previsible que se continúen presentando errores. Aseguró que lo que se ofrece es subsanar esos errores en muy corto plazo.

“No puedo asegurar que los pagos serán impecables, comprendan la falta de credibilidad que tenemos de la información y el compromiso que tenemos de subsanar los errores. Hay que, con buena voluntad, avanzar con el derecho al salario, pero también con la educación de los niños, niñas y adolescentes”, afirmó Mora.

La Municipalidad de Corredores presentó una de las gestiones de cobro más deficientes en 2012. Tomada de pregoniando.blogspot.com

La incapacidad de las municipalidades para cobrar correctamente los tributos y tasas a cargo del ayuntamiento hicieron que los elevados índices de morosidad pasaran una amarga factura a las finanzas de varios municipios, principalmente ubicados en zonas rurales.

Esta información fue señalada por la Contraloría General de la República (CGR) en su más reciente informe sobre la situación financiera de las municipalidades. El estudio se basó en datos recopilados entre 2011 y 2012, en ese último año la morosidad en el régimen municipal superó los 84 mil millones de colones.

“Consideramos que los elevados índices de morosidad, pueden obedecer a una necesidad de revisión de las plataformas-valores y una visión de todo lo que son bases de datos. Definitivamente revisar bases de datos es muy complicado para las municipalidades, porque les genera una inversión grande”, explicó Karen Porras, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).

Según la CGR, la ineficiente gestión de cobro que mantienen las municipalidades repercute directamente en la no realización de obras que son vitales para la comunidad. Los datos, que destacan 36 ayuntamientos, indican que la morosidad en el régimen municipal, al 2012, representaba un 30% de la suma total puesta al cobro durante ese año, de unos 275.369 millones de colones.

“Estamos trabajando a lo interno con la parte legal y de incidencia política. Le estamos solicitando al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) que nos ponga dos funcionarios en el tema de financiamiento con el régimen y en la recalificación de tasas para los servicios”, comentó Porras.

En lo expuesto por la CGR, llamó la atención el caso de la Municipalidad de Corredores, donde tenían montos por cobrar de 1.169 millones de colones y una morosidad de 1.060. Es decir, el porcentaje de morosidad alcanzó el 90%. Otras, como Alajuelita, tuvieron un porcentaje de morosidad del 61%.

“El próximo lunes estaremos analizando los casos de las municipalidades. Que no quepa la menor duda que los problemas financieros siempre se verán reflejados en la ruralidad, por una cuestión de capacidades, porque no tienen potencialidad para contratar gran personal”, argumentó Porras.

La CGR indicó que “la deficiente gestión de cobro incidió en 2012, en resultados deficitarios en la prestación de servicio de recolección y disposición  final de residuos sólidos a cargo de 32 gobiernos locales; en el servicio de aseo de  vías un grupo de 44 municipalidades; y en el servicio de parques a cargo de 18  ayuntamientos, mientras otras 10 municipalidades que brindan el servicio no  reportan ingreso alguno”.

La deficitaria gestión de cobro obliga a los municipios a disponer de recursos de otras fuentes de ingreso provenientes de bienes inmuebles, patentes, construcciones o el superávit específico.

Otras deficiencias

El informe señaló otra serie de problemáticas que desestabilizan financieramente los municipios. Otros aspectos contenidos en el informe corresponden al financiamiento  de déficits con recursos de superávits específicos, los déficits presupuestarios recurrentes y la desactualización en las tasas de servicios municipales.

Entre las municipalidades que tenían índices de morosidad considerables  figura Montes de Oca, Puntarenas, Los Chiles y Oreamuno de Cartago.

La UNGL espera que en la reunión del próximo lunes se puedan buscar mecanismos para que las municipalidades tomen medidas al respecto y solucionen sus problemas financieros.

Cientos de educadores exigen el pago de su salario desde el pasado lunes 5 de mayo. CRH

Un popular refrán dice que “el tiempo perdido hasta los Santos lo lloran”, y perfectamente puede aplicarse a los 10 días de clases que no han recibido miles de niños y jóvenes, debido a que a los educadores no les están pagando de forma adecuada su salario.

Desde el pasado lunes 5 de mayo y después de recibir el sueldo incompleto en la mayoría de los casos (y en otros no recibir nada de dinero desde el pago de la primera quincena de abril), los distintos grupos del Magisterio Nacional convocaron a huelga indefinida.

Y aunque el derecho de todo trabajador es recibir su salario puntual y completo, el Ministerio de Educación Publica (MEP) no encuentra una solución definitiva al problema que generó la puesta en marcha del sistema de pago Integra2, cuya inversión fue de al menos 1.200.000 dólares.

Esta situación hace que muchos de los afectados pasen situaciones complejas que los llevan a pedir dinero prestado a familiares, utilizar tarjetas de crédito o realizar nuevos préstamos para poder cubrir los gastos básicos como la alimentación, sostener la familia, pagar servicios básicos o pensiones alimenticias, alquileres de viviendas e hipotecas, entre muchos otros compromisos que deben cubrir con sus salarios.

Precisamente esta problemática hizo que los diputados llamaran a comparecer la tarde de este jueves a la ministra de Educación Sonia Marta Mora, quien ordenó la intervención de la Dirección de Recursos Humanos del MEP, para que se dé un auditoraje sobre la información que se ingresó a Integra 2 y que expliquen las fallas y den las explicaciones por las retensiones de salarios.

Durante una reunión de 12 horas entre autoridades del MEP y representantes de educadores no se llegó a ningún acuerdo. CRH

Propuestas que no solucionan el problema

El pasado miércoles 14 de mayo, durante 12 horas se reunieron en las instalaciones de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), los representantes de los gremios de educadores con la ministra de Educación, para discutir una propuesta para sanar la problemática, sin embargo no fue recibido por los educadores debido a que piden un plazo de al menos 14 días, por lo que afirman que no pueden permitir más tiempo sin recibir los salarios completos.

De acuerdo con Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), con la propuesta de emitir hasta tres planillas extraordinarias no se soluciona el problema, porque nada garantiza que esos pago se realicen sin errores.

“El magisterio no aceptó la propuesta, porque al consultársele a la Ministra Mora si había total certeza de que el pago se efectuaría correctamente, esta dijo que no podía garantizarlo. Además, en el documento se condiciona al magisterio a regresar a las aulas a partir del 20 de mayo, lo que para el magisterio no es viable, ya que los educadores no están dispuestos a volver a clases, hasta que no se les giren los montos adeudados”, dijo el representante de los maestros.

En este sentido la jerarca del MEP fue enfática al decir que la propuesta fue concreta con cuatro puntos importantes, y cumplir con los pagos de los meses de febrero, marzo, abril y mayo, así como la conformación de una comisión con representantes del MEP, educadores y Defensoría de los Habitantes para vigilar los trabajaos que se realizan para sanar el problema.

10 días sin lecciones

Las diferentes organizaciones del Magisterio Nacional convocaron a huelga indefinida desde el pasado lunes 5 de mayo, iniciando con una manifestación que inició en la estatua de León Cortés en La Sabana bloqueando el paso de vehículos por el Paseo Colón hasta llegar a las instalciones del MEP ubicadas en el edificio Rofas, frente al Hospital San Juan de Dios.

Huelga se mantendrá mañana en Parque Central.CRH.

Este movimiento se replicó al día siguiente y para el miércoles 7 de mayo, como una despedida al entonces ministro de Educación Leonardo Garnier, convocaron a una multitudinaria marcha que convocó a más de 25 trabajadores del sector educación.

El jueves 8 de mayo no realizaron protesta, argumentando ser respetuosos de la democracia de nuestro país por celebrarse el traspaso de poderes de la expresidenta Laura Chinchilla al presidente Luis Guillermo Solís.

Para el viernes, los educadores utilizaron como punto de partida la rotonda de la Fuente de la Hispanidad en San Pedro de Montes de Oca, con destino a Casa Presidencial, Melvin Jiménez donde fueron atendidos por la ministra de Educación, y ministro de la Presidencia, sin obtener ninguna respuesta.

La marcha cumplió una semana y el movimiento se volvió a repetir el lunes 12, con manifestaciones y bloqueos en distintos puntos del país, debido que todas las direcciones regionales, los educadores están organizados para formar parte de las protestas.

El martes y miércoles se manifestaron nuevamente a las afueras del edificio Rofas, mientras que el jueves decidieron bloquear por algunas horas el transito vehículos en las inmediaciones de la rotonda de las Garantías Sociales desde donde partieron a Casa Presidencia con el objetivo que el presidente Solís les atendiera apelando a su posición de “puertas abiertas”, pero salieron con el sinsabor de no ser recibidos.

Este viernes 16 de mayo se completan las dos semanas y la concentración en San José es en el Parque Central y luego en las afueras del Ministerio de Hacienda.

Según indicó Gilberth Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC), el movimiento no se detiene hasta que se le pague a todos los afectados, por lo que se puede estimar que de no hacer el pago de planillas extraordinarias la huelga indefinida se mantendrá hasta el 28 de mayo cuando corresponde el pago calendarizado de la segunda quincena de mayo.