Más de tres mil personas fueron sentenciadas entre 2009 y 2012 por delitos vinculados a drogas. Con fines ilustrativos/Archivo CRH
En solo cuatro años, unas 3.267 personas fueron sentenciadas por diferentes delitos ligados a las drogas. Así consta en los datos proporcionados por el departamento estadístico del Poder Judicial, comprendidos entre 2009 y 2012.
Para 2009, un total de 774 personas fueron sentenciadas en diferentes tribunales del país por infracciones a la Ley de Psicotrópicos. En 2010 el indicador se situó en 737, en 2011 subió a 845 y el 2012 finalizó con 911 sentencias. Para el año pasado, los funcionarios del departamento de prensa indicaron que los datos aún no están disponibles en su totalidad.
“Ha habido un periplo muy importante en los últimos 15 años respecto a la situación del narcotráfico con el sistema judicial y en relación con todos los instrumentos que ese sistema, previo, durante y después de los casos, permiten usar. Ejemplo de estoes que el promedio de los cargamentos decomisados pasaron de 300 o 400 kilos a cantidades más grandes. Es un orden muy importante que los jueces deben considerar”, explicó Álvaro Ramos, especialista en temas de seguridad.
En 2012, unas 483 personas fueron sentenciadas por venta de drogas, 89 por tráfico y transporte y 92 por inducción de droga a centros penales. Para Ramos, lo más peligroso del embate del narcotráfico en el país es la vulnerabilidad que esto genera dentro del sistema judicial.
“Los mismos jueces han sufrido y otros funcionarios públicos el embate de las grandes estructuras. Esto es un grave problema, al que hay que entrarle con gran premura y solidez… Hemos empezado a tener instrumentos más importantes previos a los casos judiciales, como detectar los capitales emergentes, el gran lavado de dinero, las escuchas telefónicas y reformar equipos de intervención rápida tanto a nivel del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como a nivel de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS)”, reseñó Ramos.
Para 2012 la mayor cantidad de sentencias (127) se desarrollaron en el primer Circuito Judicial de Alajuela. En contraparte, en Heredia y Alajuela no se presentaron procesos. Según Ramos, la manera para seguir luchando judicialmente contra este tipo de delitos está en blindar a los funcionarios judiciales.
“Nos llevamos la sorpresa de que existe la clara convicción y sospecha entre la ciudadanía de que hay funcionarios que están en judicatura y que probablemente están en colusión o son extremadamente generosos con grandes casos de narcotráfico. Eso lo hemos visto en la Zona Norte, la Zona Sur y la región atlántica. Hay una toma de conciencia del Poder Judicial de que hay una penetración del narcotráfico en algunas de sus estructuras”, citó el especialista. Así también lo había reconocido el Fiscal General, Jorge Chavarría, quien aseguró que los notarios dotan de instrumentos notariales a quienes lavan dinero producto del narcotráfico.
Corte busca soluciones
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Tras conocer el caso de una jueza limonense que habría dado facilidades para que narcotraficantes escabulleran la justicia, la Corte Suprema de Justicia decidió crear una comisión especial para investigar este tema y así evitar la impunidad en el sistema judicial.
“Hemos abordado temas relevantes que son los que ahorita mismo podrían estar causando algún impacto dentro del Poder Judicial y que estamos abocados, inicialmente, a identificar si existe alguna problemática, para hacer propuestas importantes, todo esto para que la Corte Plena lo pueda conocer en su momento”, explicó la semana pasada el magistrado Carlos Chinchilla, presidente de la Sala Tercera.
Álvaro Ramos aseguró que el narcotráfico pone en peligro toda la estructura democrática del país y siempre los funcionarios del Poder Judicial estarán en el blanco de este tipo de criminales.
Durante esos cuatro años 1.478 de las sentencias obedecieron al delito de venta de drogas.