Imagen con fines ilustrativos. Archivo CRH
De acuerdo con el balance de la Superintendencia de Pensiones (Supen), el régimen que alimenta las jubilaciones del Poder Judicial está prácticamente quebrado y es urgente volverlo sostenible.
Para ello, se requiere una reforma urgente, pero las posiciones en cuanto a cuál es el mejor camino están divididas.
Hay tres proyectos de ley en la corriente legislativa que buscan este fin, pero ninguno cuenta con el consenso suficiente como para ser aprobado.
Por un lado, está el presentado por la bancada de la Unidad Social Cristiana (PUSC) que cuenta con cierto apoyo en el Plenario pero no es avalado por la Corte Suprema de Justicia, donde lo consideran demasiado restrictivo.
Las reformas que propone la iniciativa son: En primera instancia, aumentar la edad de pensión a los 65 años y crear un fondo solidario donde los jubilados aporten hasta un 45% de su pensión. Entonces, por ejemplo, si su pensión es de 9 millones de colones, usted tendrá que aportar casi 4 millones y recibirá 5 millones.
Claramente, los funcionarios del Poder Judicial y la propia presidente de la Corte Suprema de Justicia la magistrada Zarela Villanueva se oponen a esta iniciativa y aseguran que el régimen no está en los problemas económicos que plantea la Superintendencia de pensiones (Sutel).
“Durante los últimos meses, la prensa nacional ha puesto en discusión el tema de la sostenibilidad del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Empleados del Poder Judicial, centrándose fundamentalmente en hacer ver la necesidad de revisar y, si es del caso, limitar los beneficios que reciben los afiliados a dicho régimen, el cual se caracteriza, entre otros, por no tener un tope para las pensiones que otorgan, y por permitir que los servidores judiciales puedan acogerse a su pensión a los sesenta años de edad, disfrutando de una jubilación igual al salario promedio de los últimos veinticuatro mejores salarios mensuales ordinarios”, dicta la justificación de la ley.
Carlos Montero, funcionario del Poder Judicial alegó, además, que los supuestos de la Supen no son ciertos y que el fondo será sostenible hasta el 2059.
“No es cierto lo que dice la Supen, porque tenemos un estudio actuarial que nos dice que el régimen sobrevive hasta el 2059, eso es algo que la Supen no ha querido reconocer, aún así nosotros no nos hemos quedado sentados y hemos llevado a cabo acciones para resolver el problema. El Poder Judicial presentó su propio proyecto, donde reconocemos que es necesario revisar el sistema, y se han hecho reformas muy importantes, se dará un tope máximo a las pensiones, se aumenta la edad de retiro y se da una edad mínimo de retiro”, explicó Montero.
El Poder Judicial apoya la iniciativa presentada por ellos mismos, que si bien corrige la edad de jubilación no incluye el aporte solidario para sostener el régimen.
Entre las reformas que plantea la iniciativa están: subir al 3% la cotización y pone como tope de la pensión el 75% del salario.
Finalmente, una tercera propuesta, impulsada por el Frente Amplio, que busca poner tope a todas las pensiones que excedan los 5 millones de colones.
Aún así, la diputada Ligia Fallas, representante de la fracción, afirmó que apoyan la iniciativa del Poder Judicial, debido a que es la que cuenta con el apoyo de todos los sectores que involucran a los trabajadores de la Corte y hace reformas importantes.
Además alegó que la propuesta presentada por el PUSC es impuesta y “arbitraria”.
“El proyecto que tenemos nosotros es para ponerles tope a todas las pensiones altas, pero con respecto al Poder Judicial, estamos apoyando el proyecto 19 193 que es el del Poder Judicial, que es el de consenso, que es en el que participaron todos los gremios. El de la Unidad no lo podemos apoyar, porque además de que es injusto, ha sido impuesto y nosotros no avalamos las situaciones así”, comentó la congresista.
Según los datos presentados por Edgar Robles, superintendente, en la Asamblea Legislativa, en el 2011, el fondo contaba con la rededor de 300 millones de colones, pero debía pagar en beneficios cerca de 500 millones, lo que quiere decir que quedaba un hueco financiera que tenía que cubrirse con las nuevas cotizaciones.
Al día de hoy, el fondo cuenta con 380 millones de colones, que alcanza solamente para cubrir el 48% de los beneficios que se deben pagar. El resto, se toma de las cotizaciones de los empleados actuales, lo que quiere decir que no hay ninguna reserva de fondos para pagar la pensión de los futuros retirados.