Óscar Arias, expresidente de la República (Archivo. CRH).
Pasó un semestre y el Ministerio Público continúa sin recibir respuesta de la solicitud hecha a las autoridades canadienses para ampliar una prueba financiera que es fundamental en la investigación contra el expresidente Óscar Arias y la Fundación Arias para la Paz.
La fiscalía hizo las gestiones el pasado 4 de febrero tras considerar como incompleta una prueba recibida el año pasado desde Canadá. Lo que se busca esclarecer es la supuesta donación de $200 mil que se habría generado en 2008.
“De acuerdo con información de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), el caso en investigación relacionado con la Fundación Arias para la Paz y el expresidente Óscar Arias, se mantiene en trámite, y a la espera -aún- de la contestación oficial de la solicitud de amplitud de la carta rogatoria enviada por Costa Rica a las autoridades de Canadá. Esa prueba resulta necesaria para el avance del caso en cuestión”, reconoció, vía correo electrónico, Tatiana Vargas, vocera del Ministerio Público.
El documento extendido por las autoridades costarricenses corresponde a una carta rogatoria, cuyo trámite debe pasar por la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consulado de Costa Rica en Ottawa, ente que recibió el documento en abril.
Sin embargo, en mayo pasado el Fiscal General, Jorge Chavarría, reconoció que el caso tenía un panorama complejo al tratarse de una asistencia penal internacional, en la cual no siempre se orienta bien el proceso.
Canadá en principio nos dio toda la colaboración pero en esto de las asistencias judiciales internacionales, a veces, no se orienta bien a la autoridades o se interpreta de esta manera. A pesar de que Canadá hizo un esfuerzo, la información que realmente nos interesaba no vino, por eso hicimos una nueva gestión en ese sentido”, describió el funcionario en esa oportunidad.
El hermetismo también se vive en Canadá, donde una Organización No Gubernamental (ONG) dedicada a defender temas ambientales, informó en junio pasado que presentarían una queja formal ante las autoridades de justicia de ese país por la poca celeridad ante el tema.
Industrias Infinito pretendía instalar una minera en Cutris de San Carlos, lo cual finalmente no fructificó. Por ese motivo, la compañía entabló una demanda internacional contra Costa Rica con el objetivo de cobrar $94 millones por la inversión realizada desde 1993 en esa comunidad.