El pasado jueves por la noche, el presidente Luis Guillermo Solís denunció diversas situaciones anómalas, incorrectas e ilegales encontradas en las instituciones. Además de una casa de playa de lujo y otras situaciones, habló de pagos abusivos de horas extra y más de 100 carros perdidos, en Casa Presidencial, su primer ministerio.
El informe que el ministro de la Presidencia Melvin Jiménez realizó sobre el estado de la institución detalla que hubo un consumo excesivo de combustibles; un aumento y exceso en pago de horas extra; un exceso en gastos por consultorías, así como por publicidad e hizo énfasis en el caso de las asesorías del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en la administración de Óscar Arias.
Con respecto a los 117 vehículos que en el Registro Nacional están a nombre del Ministerio de la Presidencia pero físicamente se desconoce su paradero, hay reportes anteriores a esta administración, que indican que podrían estar hechos chatarra o trasladados a otras entidades.
De igual manera, el Ministro Jiménez puntualizó en acciones de tono político para combatir la desconfianza de los costarricenses en la Presidencia, como lo son un sistema de visitas en Casa Presidencial, un protocolo de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, un mecanismo de atención y hasta uno de manejo de crisis.
DEPARTAMENTO | PROBLEMAS | ACCIONES |
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Dirección General | 6 | 6 |
Gestión de Recursos Humanos | 4 | 8 |
Proveeduría | 2 | 2 |
Dirección de Transporte | 2 | 2 |
Guardia Presidencial | 4 | 4 |
Archivo Central | 2 | 2 |
Área política | 4 | 7 |
TOTAL | 24 | 31 |
Horas extra y vacaciones
El informe señaló en el manejo de los recursos humanos que se encontraron ineficiencias en los controles de entrada y salida de funcionarios, excesos en los pagos de horas extra, irregularidades en el pago de vacaciones y violación de normativas en materia de dedicación exclusiva y carrera profesional.
En la administración Chinchilla-Miranda se dio un aumento de ¢164 millones en el pago de horas extra, en comparación con su predecesor, lo que significa un alza de 59%. Para el actual Gobierno es “excesivo”. Más allá, encontraron casos concretos de un funcionario que ganó, en pagos de horas extra, más de ¢23 millones.

En mayo, Laura Chinchilla compartió unos momentos en lo que fue su oficina, con el entonces Presidente electo. Con ellos estuvieron los ministros de la Presidencia saliente y entrante, Carlos Benavides y Melvin Jiménez. (CRH)
Si se toman esos ¢23.203.309 que ganaba dicho funcionario y se divide entre los 48 meses que pudo haber trabajado durante los cuatro años de gobierno, resulta que gano cada mes ¢483.402. Es decir, esa persona tuvo un pago adicional mayor al salario base de un diplomado de educación superior.
El informe extrajo una lista ejemplo de sumas excesivas de pagos de horas extra en la que hay funcionarios que ganaron más de ¢12 millones, ¢9 millones y ¢8 millones. En el periodo del 2010-14 se pagaron ¢282 por ese concepto. Mientras que en los siguientes cuatro años fueron ¢446 millones.
El Gobierno también destacó “irregularidades en el pago de vacaciones”. Esto porque en la gestión 2010-2014 los pagos de prestaciones fueron de ¢464 millones.
“Si se realiza un análisis comparativo tomando como referencia el monto actual pagado por concepto de vacaciones, se observa que éste rubro acapara un 19% del total de prestaciones”, detalló. Esto porque se acumularon vacaciones y se pagaron.
El artículo 66 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Presidencia de la República y del Ministerio de la Presidencia señala que es prohibido acumular las vacaciones. Ante esto, el Gobierno ordenó a las jefaturas de enviar a los funcionarios de vacaciones, según previas recomendaciones de la Auditoría.
Otras situaciones con pagos
Esto fue resuelto con la revisión del histórico de casos correspondientes a pagos de dedicación exclusiva y carrera profesional y la aplicación de las recomendaciones de la Auditoría Interna de Casa Presidencial.
En el sistema de controles de entrada y salida, se omitía el sistema de control de marcas para los puestos de jefatura. Además las jefaturas de despacho tomaban la decisión de que los subalternos realizaran o no la marca de ingreso y salida.
Esto genera una alteración en las estadísticas de cumplimiento de horarios, “que son base para la toma de decisiones en el departamento de recursos humanos”. Ante la situación se acordó con las jefaturas la marca obligatoria y cambiar el reloj.
Consultorías por más de ¢900 millones y el caso BCIE

A su llegada a Casa Presidencial, el Presidente pidió lealtad a los funcionarios. Acá en su primer día en la oficina.(CRH)
A su llegada al poder, el ministro de la Presidencia Melvin Jiménez dijo que estaban asustados por la cantidad de recursos disponibles para materia de comunicación y también por asesorías. Lo encontrado también les parece excesivo, aunque hace unas semanas enfrentaron el cuestionamiento de que planeaban contratar a Iván Barrantes, como asesor.
En la administración Arias-Sánchez se pagó por concepto de consultorías más de ¢414 millones (¢414.056.929) y para el gobierno Chinchilla-Miranda fueron más de ¢508 millones de colones. Aunque se tenía el plan, la nueva Administración no ha hecho gastos en esos honorarios.
En el caso de Óscar Arias, el rubro se marcó por el dinero BCIE de esos ¢414 millones que se usaron del 2006 al 2009. Además hubo otros dos programas.
Mientras que Laura Chinchilla devengó diversas dumas a varios asesores incluidos Procesos de Investigación y Asesoría, empresa cuestionada por ser propiedad de Flor Isabel Rodríguez, esposa del exministro de Hacienda Fernando Herrero; Ricardo Monge González (¢95 millones en cuatro años); Adolfo Rodríguez Herrera (¢49 millones en tres años); Velia Govaere Vicarioli (¢90 millones en cinco años) y otros.
El caso del BCIE fue sumamente polémico y hasta se generaron investigaciones en la Contraloría General de República y otra que no llegó a nada en la Fiscalía, por el supuesto mal uso de la donación.
Pero con este caso el actual Gobierno fue más allá. Para el gobierno 2010-2014 la Caja Costarricense del Seguro Social determinó que las contrataciones realizadas con los fondos del BCIE constituían una relación laboral, por lo que se debía pagar lo correspondiente a las cargas sociales obrero/patronales.
El Ministerio de la Presidencia de Laura Chinchilla respondió al pago de los dos rubros de cargas sociales y se pagó a la Caja. Según el informe, se busca recuperar la suma de ¢50.261.850,00 correspondientes al pago de cargas sociales obrera.
Publicidad y viáticos
En su recta final, el gobierno de Laura Chinchilla gastó ¢178 millones con una última campaña para mejorar su imagen y anunciar los logros. Eso significó el el 27,12% del presupuesto anual.
En enero, crhoy.com informó que el presupuesto dedicado a comunicación en la pasada administración fue en aumento. Pero para el presupuesto nacional del 2014, el Ministerio de Hacienda definió un monto de más de ¢1.380 millones, en el programa llamado “información y comunicación.
Para el nuevo periodo 2014-2018 se establece la utilización de las partidas de publicidad estrictamente para uso informativo y no para la mejora de imagen personal.
En viáticos, se encontró que aumentaron de forma sostenida. Para el 2013 hubo una erogación de más de ¢79 millones de colones para el 2013, más del doble con respecto al 2010.
Vehículos: desde Rodrigo Arias se sabía, chatarra o sin localizar
Ante la denuncia del Presidente Solís por los 117 carros a nombre de la Presidencia, cuyo paradero se desconoce, el pasado 22 de agosto, el auditor Interno Herberth Villavicencio informó al Despacho Presidencial que ante la consulta de si hay marchamos pendientes, muchos modelos son viejos y pudieron haber salido de circulación.
“Evidentemente las administraciones anteriores no actuaron para corregir oportunamente tales situaciones. El Auditor mencionó que el informe AI-WJ-001-07 trasladado al entonces ministro de la Presidencia Rodrigo Arias en enero del 2008 dejó ver que habían vehículos “que aparentemente en manos de particulares, circulando con documentos a nombre del Ministerio de la Presidencia, con el riesgo que ello implica”.
En la gestión de Laura Chinchilla, el ministro de la Presidencia a.i. Gustavo Alvarado Chaves informó al Consejo de Seguridad Vial, en el oficio DMP-373-2013, que el Ministerio se encontraba en un proceso de desinscripción de 157 vehículos inscritos a nombre de esta institución, pero que “o son chatarra o de ninguna manera son localizables físicamente y que es preciso dar de baja y desinscribir”.
Se procedió a Cosevi para indicar que las placas no estuvieran marcadas y poder proceder. Posteriormente en enero de este año, Alvarado hizo la gestión ante el Instituto Nacional de Seguros para la excención del pago de marchamo, ya que eran chatarra, estaban en desuso o no se localizaron.
Con esos antecedentes, el actual director Jurídico de Casa Presidencial Marvin Carvajal, dijo en declaraciones al diario La Nación, que creen que los vehículos se enviaron a otras entidades, nunca se desinscribieron y están en desuso. Pero siguen en el proceso de identificarlas.