La Contraloría insistió en que se debe mejorar cómo se aportan beneficios y transferencias a los pobres. (Archivo CRH)
La Contraloría General de la República volvió a señalar, cómo lo han hecho otros informes estatales y externo, la necesidad de mejorar la forma en qué se asignan los recursos del sector social del Gobierno. La institución analizó ese campo en su informe Evolución fiscal y presupuestaria del sector público, presentado esta semana.
El ente contralor afirmó claramente que “es necesario mejorar los mecanismos para la asignación de los beneficios sociales y el control de la población meta. Asimismo, se requiere aumentar la eficacia y eficiencia de los Programas existentes. En este sentido, es importante mejorar la calidad de la información para la planificación, asignación de recursos y toma de decisiones de política en esta materia”.
El estudio Reducir la pobreza en Costa Rica es posible: Propuestas para la acción realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ya había alertado de filtraciones de recursos a los deciles de mayores recursos. Es decir, que llega a quienes no lo necesitan.
En el caso de el programa de Bienestar Familiar del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) es del 8,2%. En el casao de las becas Avancemos es del 22,5%, lo que significa que más de una de cada cinco becas va a parar a estudiantes que no están en condición de pobreza. La actual administración busca combatir el problema con mayor profundidad en el manejo de los datos y cambios en el sistema.
La semana pasada crhoy.com detalló que los fondos impactan a la población pobre, si se cruzan los datos del IMAS con los mapas de pobreza del Instituto Nacional de Estadística y Censos, pero se mantienen las filtraciones, así como una dispersión de programas.
La ejecución del gasto social en este semestre fue de un 47%, según detalló la Contraloría.
Según lo señalado por el reporte de la Contraloría, el gasto social del Gobierno se estabilizó en un promedio 12% del Producto Interno Bruto (PIB) entre el 2010 y el 2013. Además, el año pasado representó el 58,9% del gasto social del Gobierno General (20,4% del PIB), lo que es importante.
Eso si, la Caja Costarricense de Seguro Social se incluye en ese nivel, lo que marca un peso significativo. Protección social representó un 36%, educación 31,3% y salud un 26,7%. Bajo este análisis, los mayores gastos sociales son los del Ministerio de Educación Pública (MEP) y los regímenes de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, con más del 80% del total del gasto social entre 2007 y 2013 entre ambos, en promedio.
Para el primer semestre del 2014, el grado de ejecución del presupuesto destinado a gasto social en el Gobierno Central es de un 47,0% (¢1.565.927 millones), ligeramente mayor (0,5 puntos porcentuales) a la cifra de un año atrás, con una variación real de 5,2%.
Desde el punto de vista de desigualdad y a pesar de que el Banco Mundial colocó a Costa Rica como el país en donde más creció ese indicador en América Latina, la Contraloría aseguró que las transferencias estatales “están teniendo un efecto positivo en la distribución de los ingresos que no necesariamente se esté viendo reflejado en los indicadores de pobreza convencionales”.
La educación es un ejemplo pues ayuda a la movilización de las personas pobres, pero no es suficiente.
Insistencia en las filtraciones
Las becas Avancemos tienen una importante filtración (Archivo CRH)
El informe puntualizó en que en el programa de becas Avancemos tiene canalización inadecuada de los recursos, habiendo beneficiarios que no pertenecen a la población meta. Según la Contraloría la cobertura efectiva alcanzó el 49,8% de la población meta, de las cuales 22,7% se consideraron filtraciones, similar a lo señalado por el PNUD.
En la misma línea, recordó que el estudio Gasto Público Social, Impuestos, Redistribución del Ingreso y Pobreza en Costa Rica de Sauma y Trejos indicó que el gasto en educación superior es altamente regresivo, pues beneficio en este nivel es mayor conforme más alta es la concentración del ingreso.
El IV Informe del Estado de la Educación también afirmó que el 39% de los matriculados en el sector público de educación superior, con edades entre los 18 y 24 años, pertenece a una familia del quintil de mayores ingresos.
Además “los programas de transferencias monetarias no han tenido un efecto tan grande en reducción de la desigualdad como en el caso de transferencias en especie, lo cual podría deberse al nivel de filtraciones en los mismos”.
Las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional también son un tema. A pesar de la intención del actual Gobierno de ponerle un tope, la Contraloría concluyó que se requieren ajustes para asegurar su sostenibilidad.
En el primer semestre de 2014, el Gobierno Central ejecutó ¢1.135.085 millones, un 48% del presupuesto. De este total, ¢966.189 millones (85,1%) corresponden a transferencias corrientes, mientras que el restante ¢168.897 millones (14,9%) a transferencias de capital.