Víctor Julio Carvajal (camisa verde) había sido Gerente durante varios años del Inder. (Imagen de archivo del Inder.)
Las nuevas autoridades del Instituto de Desarrollo Agrario (Inder) separaron del cargo al gerente General de la entidad Víctor Julio Carvajal, quien fue también presidente de la institución, en la administración de Laura Chinchilla. Él asumió el cargo en enero del 2013, en sustitución de Rolando González, hoy diputado.
La junta directiva de la institución tomó el acuerdo hace unas dos semanas, después de denuncias de los sindicatos y de señalamientos de la Auditoría Interna, por supuestos actos indebidos cometidos durante la gestión anterior. Así lo confirmó el presidente del Inder Ricardo Rodríguez a crhoy.com.
Rodríguez aseguró que no es un despido ni una separación permanente, sino que después de las denuncias, Auditoría Interna solicitó que se investigue las acciones del aún Gerente.
Puntualmente, el caso tiene que ver con el supuesto mal uso de vehículos de la Presidencia y el presunto pago de prohibiciones. Pero reiteró que aún no hay una investigación ni proceso administrativo que califique las acciones de Carvajal.
El proceso tardará unos dos meses, tiempo en el cual otro funcionario asumirá la labor de Gerencia como recargo. El Presidente de Inder afirmó que la situación existía por denuncias de sindicatos, señalamientos de Auditoría y hasta observaciones que hizo la Contraloría, por la falta de respuesta a sus recomendaciones.
Rodríguez negó que se trate de una persecución personal, sino que procede hacerlo y se hará con respeto al marco legal. La investigación la realiza el Departamento de Relaciones Laborales. Los funcionarios de Auditoría son los mismos que se tenían en la gestión anterior. Además el jerarca le pidió a los sindicatos, si tienen más pruebas por otros señalamientos que las aporten.
Walter Quesada, de la seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) – Inder, afirmó que han planteado varias denuncias con respecto a la participación de Carvajal, así como la del exjerarca, así como de Rolando González.
Quesada explicó que han planteado denuncias ante la Contraloría y hasta el Ministerio Público, con respecto a compras de fincas de mala calidad, nombramientos irregulares y pagos indebidos en el tema de prohibición y sobresueldos indebidos.
Mencionó que recientemente a Contraloría concluyó que a jefaturas que se les cambie de puesto, se les debe hacer una reasignación “hacia abajo” y no pagar un sobresueldo, como se ha hecho en Inder.
Se intentó conversar con Víctor Julio Carvajal la tarde de este miércoles, pero no se le ubicó en su teléfono celular, ni en otro registrado a su nombre. Se dejó un mensaje de voz, pero tampoco se obtuvo respuesta.
Entre las denuncias hechas por la ANEP, está una planeada ante la Contraloría en diciembre del 2012, cuando aún era el IDA, en contra de Rolando González, por la entrega de una parcela a un hombre que ya había sido beneficiado y la vendió.
Informe de los 100 días: problemas de estructura, reglamento ilegal y otros despidos
El Presidente del Inder aseguró que encontró anomalías a su llegada. (CRH)
El Inder ha sido una de las entidades con mayor complejidad en su manejo, así como su historia. Con ese panorama, Ricardo Rodríguez elaboró su propio reporte, para el informe de los 100 días que presentó el presidente Luis Guillermo Solís. Aunque en la exposición en el Teatro Melico Salazar, el mandatario no lo mencionó en ninguna ocasión.
crhoy.com habló del informe, del cual tiene copia, con Rodríguez. El jerarca señaló una serie de anomalías, problemas de gestión y hasta irregularidades en el Instituto. Se mantienen procesos internas, que no descarta llevar a otras esferas, como el Ministerio Público. Habló de “dos o tres” en camino, pero insistió en la necesidad de tener evidencias, en casos como las compras de fincas.
La primera problemática, es de estructura. “Esta administración encuentra una institución funcionando con la estructura obsoleta del IDA, que no responde al requerimiento legal actual”, asegura el informe. Esta administración ya despidió al jerarca de la Dirección Jurídica, quien ya había sido suspendido, tenía una recomendación de la Contraloría y había entablado un proceso judicial.
Hace dos meses, este medio adelantó que se encontraron problemas en al menos 14 fincas, compradas sin definir todo su uso. De igual manera, ya se despidió a quien era el Director Jurídico. Se procedió así después de recomendaciones de la Contraloría y un proceso concluido en el Tribunal Contencioso Administrativo.
La Ley de creación del Inder obligó a elaborar un Reglamento. Sin embargo hoy no existe. Según el jerarca hubo un procedimiento ilegal por parte de la administración anterior. Esto a pesar de que se pagó a ¢99.5 millones a una empresa para realizarlo. El reglamento ya fue incautado por parte de autoridades judiciales.
La Ley 9036 del 2012, que transformó el IDA en Inder, estableció en su Transitorio VI, que la ley “sería reglamentada en un plazo máximo de seis meses a partir de su publicación”. Dos años después, aún no se logra.
El problema es que el Poder Ejecutivo, en la figura del Ministro de Agricultura y Ganadería, debía realizar el reglamento, pero se le pidió a una empresa según lo informado por la actual Presidencia. Ese proceso ya se realizó y se espera tener el reglamento a más tardar octubre.
Se suma problemas en la estructura, porque, si bien en la gestión pasada se contrataron servicios para crear la base organizativa y operativa del Inder, no se contemplaron cargas de trabajo y sociales, por lo que no hay claridad en perfiles de los puestos. Ahora se trabaja en la actualización, que finalizaría en febrero del 2015.
Se hizo una intervención y se procedió a despedir al Director de Asuntos Jurídicos y al segundo a mando. Esto después de un recomendación de la Contraloría General de la República, así como un proceso judicial que realizó el funcionario y que se concluyó. En octubre del 2013, ya habían sido suspendidos por tres meses.
En su resolución PA-29-2005, la Contraloría recomendó con carácter vinculante el despido sin responsabilidad patronal de Carlos García Anchía como Director de Asuntos Jurídicos y lo encontró civilmente responsable de pagos millonarios, al igual que al subdirector Alex Gen Palma. De este último, también se recomendó su despido. Desde el 2003, había iniciado un proceso administrativo en su contra, así como de otros funcionarios, posteriormente absueltos.
El caso se dio por el pago de indemnizaciones por ruptura de contratos a Rafael Antonio Blanco Ramírez, quien fue Gerente del IDA, a inicios de la década de 1990. En ese entonces, García Anchía debía pronunciarse con respecto al pago de dicha indemnización y recomendó al Presidente del momento, Orlando Dorado Boza, buscar una conciliación y cuáles pago realizar. Este fue de ¢11.993.203.
Según su explicación se procuró el acuerdo para evitar el proceso judicial laboral de Blanco Ramírez y retrotraer a sus condiciones originales el contrato individual de trabajo que mantenía, cuando se dio por roto el contrato laboral. A pesar del acuerdo, Blanco siguió buscando más pagos y acudió nuevamente a los juzgados y de nuevo García recomendó un acuerdo. Se procedió a otro pago de ¢12 millones.
Según el análisis del ente contralor hubo contradicciones, cambios de criterios y hasta base en hechos falsos en la actuación de los encargados de la Dirección Jurídica, por lo que concluyeron una falta grave.
Más de lo que dijo la Contraloría
En el caso bajo examen, la recomendación que suscribió el señor Carlos García Anchía, dirigida a la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en la cual se iban a disponer fondos públicos, toda vez que consistía en transigir el pago de una indemnización al Ing. Blanco Ramírez, requería de un análisis jurídico profundo que sustentara, la probabilidad de que el IDA podía resultar condenado en este proceso judicial y que verdaderamente el transigir en el pago de una suma menor a la pretendida por el accionante representaba un beneficio para la Institución; sin embargo, dicho análisis no fue realizado por el señor Carlos García Anchía.
Con este criterio suscrito en conjunto con el señor Alex Gen Palma, como profesionales en derecho, recomendaron a la Junta Directiva transigir en el pago comentado, sin analizar la procedencia o no y el fundamento, por tratarse de fondos públicos y la disposición de éstos, se debe ser muy cauteloso al emitir un criterio de esta naturaleza, además se debe ser muy amplio en el razonamiento y demostración del beneficio.
Como consecuencia de lo establecido en este criterio, se concedieron extremos laborales a un funcionario público.
El jerarca encontró que en el 2013, se gastó ¢187 millones en el pago a abogados por fuera de la institución. En este momento hay un saldo pendiente ¢265 millones, pero se están estudiando. Rodríguez aseguró que hay un impacto importante, aunque no mencionó cuántos son.
Por eso se marcó la estrategia de evitar contrataciones y que la Dirección Jurídica asuma ese trabajo. También se analizan los resultados de las contrataciones.
Se encontraron cerca de 150 disposiciones de la Contraloría General de la República, las cuales no tenían un debido seguimiento. Misma situación con quejas de la Defensoría de los Habitantes. Rodríguez señaló que la Contralora Marta Acosta le pidió que se respondan a las observaciones del ente contralor.
Hay un retraso de décadas en cuanto al trámite de titulación de tierras. A enero del 2014 se registraban 14.363 títulos de propiedad sin entregar, incluidos agricultores con parcelas desde la década de 1980, que no tienen el título, lo que evitó posibilidades de obtener un crédito u otros procesos.
Rodríguez señaló que faltan recursos para revisar expedientes y actualizar la situación.
Rodríguez afirmó que hay un conflicto en la interpretación del procedimiento para indemnizar a los no indígenas poseedores de tierras en Reservas Indígenas. En el 2013 y 2014 el Inder ha pagado más de ¢951 millones por concepto de indemnizaciones a no indígenas. El Estado ha añadido unos ¢5 mil millones adicionales. Pero Inder insiste que debe ser el Gobierno central quien asuma los pagos.
Se buscará que los Tribunales agrarios lo analicen. En este momento, hay un conflicto en Salitre por esta situación, donde esta semana se reclamaron nuevas agresiones. El Viceministerio de la Presidencia es el encargado del manejo del problema, que incluye opciones legales y una participación del Inder.
Según la Ley 9036, hay un proceso que define la compra de una finca, para realizar un proyecto comunal. Primero se debe analizar el proyecto planteado por agricultores o grupos, luego se define la idoneidad según las personas beneficiadas. Después procedía la compra.
Pero el Presidente criticó que se compraron terrenos sin tener el proyecto listo o avanzaba lentamente. Hay proyectos presentados en las regiones, que esperan más análisis.
El futuro del Inder
El presidente Ricardo Rodríguez priorizó que el Inder debe tener un “rostro humano”, con respuestas a los sectores más pobres. Además dijo que se ordenó transparencia, “cero politiquería” y apego a la Ley de la institución.
También mencionó la compra y uso de la tierra, la deuda en escrituras a campesinos y la planificación como ejes que trabajarán. Por otro lado, insistió en que la institución debe tener un rol rector en materia de desarrollo rural, en 25 regiones ya definidas de forma estratégica.
En este momento, hay cuatro territorios: Talamanca-Valle de la Estrella; Osa-Corredores-Golfito; Turrialba-Jiménez; y Turrubares-Santa Ana-Puriscal, los cuales unen cantones, organizaciones e instituciones públicas que trabajan en la zona.
El Iner apunta a crear un Consejo de Desarrollo Territorial de esas zonas, con 60% participación de la comunidad y 40% de instituciones. A partir de eso, generar un plan y proyectos que impacten el territorio, en múltiples temas. El financimiento vendrá del Instituto, pero también otras entidades.
1961
Se creó el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), con la Ley de Tierras y Colonización. Se buscó mantener el Régimen de posesión de la propiedad rural inmueble y lograr una equitativa redistribución de la tierra como factor de producción a la organización campesina.
1982
Mediante Ley se convierte el ITCO en el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y se agregó la Ley de Jurisdicción Agraria para regular su trabajo.
Entre sus labores está ejecutar la política de a dotación de tierras, promover alianzas público-privadas y esquemas de coinversión, fomentar la producción y la diversificación económica del medio rural, impulsar la competitividad de las empresas rurales y varios más.
