La Cámara pidió al Gobierno elegir a Mer-Link como sistema de compras. (CRH)
Nuevas surgen en torno al debate del sistema de compras públicas, que el Gobierno busca definir. La decisión ha sido postergada, mientras el Poder Ejecutivo analiza estudios e insumos previos y actuales.
Todo se desarrolla con la tensión entre las autoridades de los dos principales sistemas: el Ministerio de Hacienda, encargado de CompraRed, y la Secretaría de Gobierno Digital – dependencia del Instituto Costarricense de de Electricidad (ICE) – que administra a Mer-Link.
La semana pasada, la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) pidió al presidente Luis Guillermo Solís decantarse por el segundo. Ahora hace lo propio la Cámara Costarricense de Empresas de Factoreo (CCEF), que externó su preocupación, apenas el pasado 16 de setiembre.
En una carta dirigida al mandatario, de la cual crhoy.com tiene copia, la organización le expuso a Solís que para sus afiliados, el sistema desarrollado por Gobierno Digital es una herramienta que hizo más confiable el proceso de descuento de facturas, al ver el estado de las contrataciones, el cumplimiento de los contratos y el estado del proveedor en sus obligaciones.
Aseguró que en otras circunstancias, obtener esa información es difícil “por no decir imposible”, por lo que rescataron que hay más transparencia y permite a más empresas, sobretodo pequeñas y medianas, acceso a la actividad de descuento de facturas.
La CCEF se fundó en 1996 y agrupa a 21 empresas dedicadas al descuento de facturas en el país, que incluyen bancos públicos y privados, financieras y asociaciones solidaristas.
El factoreo es una actividad de descuento de facturas, que permite a las empresas que venden un servicio a las instituciones públicas, obtener un crédito y cuando les pagan a ellas cancelar la deuda.
Esto surgió, porque muchas veces algunas compañías o las mismas instituciones públicas duran hasta 30, 60 o 90 días para pagar, sin embargo, las microempresas requieren de recursos para hacer nuevas inversiones y una buena alternativa es el factoreo. Eso si, es desconocido por muchos.
Según la Cámara Costarricense de Empresas de Factoreo, la actividad mueve alrededor de $220 millones mensuales, con un impacto significativo en la movilización de recursos y recuperación de flujo de caja.
La organización recalca que es una excelente alternativa, ante los extensos plazos de pago. El descuento es utilizado por empresas del sector exportador, la industria, la construcción, el comercio y el servicio, entre otros, según relató la presidenta de la Cámara Ileana Vargas, en su carta a Luis Guillermo Solís.
Preocupación, llamado vehemente y solicitud de la Defensoría
La Cámara de Empresas de Factoreo pidió que se mantenga a Mer-Link, que el administración Chinchilla eligió. (Imagen de Casa Presidencal.)
Existe una fuerte discusión al respecto, pero ya hay una inclinación del Ejecutivo de elegir CompraRed de Hacienda. Incluso se filtró un decreto de esa cartera, en la cual daba prioridad a su plataforma.
Ante esa posibilidad, la Cámara de Factoreo está preocupada por pronunciamientos de autoridades de Hacienda de “volver al sistema utilizaban anteriormente”. Sin embargo, CompraRed sigue siendo usada por múltiples instituciones.
Según una respuesta de Hacienda a la Contraloría, en el año 2011 se realizaron un total de 16.312 trámites; de los cuales 155 de esos se hicieron mediante licitaciones públicas; 1.032 licitaciones abreviadas; 15.118 contrataciones directas; dos remates. Se adjudicó un monto total de ¢158.977.721.125,68 y en firme ¢95.308.927.058,02.
Pero la CCEF pidió que se mantenga Mer-Link, como forma de congruencia de la política de transparencia y ahorro del Gobierno de Luis Guillermo Solís.
“De esa forma contaríamos con un sistema que no sólo ha sido clave en la modernización de la compra pública en este país, sino que vino a dar confianza y transparencia a un importante sector de la economía nacional”, concluyó la carta.
Justamente este mes, el pasado 1° de setiembre, la Defensoría de los Habitantes volvió a entrar en escena, en este debate.
El director del Área de Control de Gestión Administrativa Luis Richmond envió una carta a la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones Gisela Kooper, para pedir aclaraciones e información en cuanto al sistema, así como el rol que tendrá esa cartera.
El funcionario recordó que en el 2012, la institución analizó la gestión administrativa de la Caja Costarricense de Seguro Social, incluidos los procesos de contratación administrativa y compras públicas. En ese momento mencionó que se podrían subsanar debilidades, si se aprovechaban los “beneficios que brindan dichos sistemas digitalizados de compras públicas”.
Además recomendó apostar por un sistema único de compras electrónicas, como ya lo ha señalado ya la Contraloría General de la República. Se debe recordar, que la presidenta Laura Chinchilla firmó el decreto 37943H-MICITT, el cual creó el Sistema Unificado Electrónico de Compras Públicas y colocó como plataforma base del mismo, a Mer-Link.
Ante la nueva situación, la Defensoría consultó a Kooper por conocer los alcances de la eventual modificación; el estado del análisis y reorganización alrededor del tema de compras públicas electrónicas; el nuevo papel del Micitt; y en qué condición quedarían Mer-Link y CompraRed, algo que el Gobierno aún no define.
El pasado 11 de agosto, la institución ya había solicitado información al ministro de Hacienda Helio Fallas, pero sigue sin recibir respuesta.
“Resulta importante mencionar la preocupación que existe de distintos sectores de la población, alrededor de las gestiones que se estarían llevando a cabo y el temor de que un eventual cambio de política pública en el proceso de contratación administrativa, pudiera significar un retroceso hacia ahorros significativos en recursos del Estado, la tendencia hacia cero papel, en la necesidad de un cambio cultural y afectación a las propuestas de transparencia”, concluyó la carta.
La recomendación es unir, no eliminar
Aunque el Presidente quiera evitar la división por dos modelos, (CRH)
El exministro de Hacienda Edgar Ayales mencionó que tras dos años de discusión, lo mejor que se podía hacer era fusionar CompraRed y Mer-Link, con la idea de usar la parte de rectoría del primero y la tecnológica del segundo.
En este momento hay una división. El viceministro de Egresos José Francisco Pacheco había mencionado que hay desinformación y mostró preocupación por el problema informático de adaptar el sistema de pagos del Gobierno central, el Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera (Sigaf), a Mer-Link.
Ayales aceptó que se deberá invertir en un costo, para poder transparentar todos los procesos y modernizar sistemas en instituciones, para lograr ese objetivo. Aunque negó que el costo viniera en Hacienda. Si afirmó que la plataforma tecnológica de Mer-Link es mejor.
Víctor Umaña, del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (Clacds) del Incae, afirmó que el país debe tener una conducta más coherente, ante la dificultad de elegir el sistema de compras públicas.
Umaña insistió en que los estudios previos señalaron a Mer-Link como la mejor opción, pero siguen las dudas. Por eso lamentó la incertidumbre generada y mencionó que hay empresas que aprendieron y se especializaron en usar esa plataforma y ahora tendrán problemas.
Desde el 2009 hay estudios y análisis en torno al sistema de compras públicas, pero nunca se consolidó esa unión, que recomendó hasta la Contraloría. Los diputados pidieron al Ejecutivo elegir Mer-Link, pero la decisión aún no se anuncia.