Los sindicatos han defendido las convenciones colectivas. El pasado 1° de mayo, distintos grupos marcharon por los derechos de los trabajadores (Imagen con fines ilustrativos. / Archivo CRH)
Las convenciones colectivas, cuestionadas en el pasado por abusos a favor de grupos de trabajadores, siguen siendo un tema pendiente para el país y las autoridades. Si bien periódicamente “vencen” o cumplen el periodo para el cual se firmaron, no se han enfrentado a reformas profundas. El nuevo Gobierno aún no tiene planes de intentar hacerlo.
El asunto pasa por una cuestión legal, ya que el Código de Trabajo regula el manejo de las convenciones. Pero también por un factor político, pues se necesita que el patrono (instituciones públicas en el caso del Estado) decidan impugnar o “denunciar” un aspecto del documento, para entrar a negociar cambios, con la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
También está la vía de cambios a través de una instancia judicial, pues en el pasado la Sala Constitucional ha declarado ilegal un artículo de una convención, como lo hizo en el 2013 en un tema de una aplicación excesiva del derecho de cesantía, en la Municipalidad de San José. Acciones como esta generan nuevas condiciones.
¿Qué dice la Ley?
Artículo 58
e) La duración de la convención y el día en que comenzará a regir. Es entendido que no podrá fijarse su vigencia por un plazo menor de un año ni mayor de tres, pero que en cada ocasión se prorrogará automáticamente durante un período igual al estipulado, si ninguna de las partes la denuncia con un mes de anticipación al respectivo vencimiento.
Cuando la denuncia la hicieren los trabajadores, deberán representar por lo menos el sesenta por ciento de la totalidad de los miembros que tenían el sindicato o sindicatos que la hubieren celebrado; y cuando la formulen los patronos, éstos deberán en ese momento tener trabajando por lo menos igual porcentaje de los afectados por la convención.
Copia de dicha denuncia debe hacerse llegar a la Oficina de Asuntos Gremiales y de Conciliación Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social antes de que se inicie el transcurso del mes a que alude el párrafo anterior; (…)
El ministro de Trabajo Víctor Morales recordó que ante una denuncia de una de las partes, hay una Comisión de de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas. Según el decreto 29576-MTSS, está integrada por los jerarcas de Trabajo, Hacienda, Procuraduría, Servicio Civil y la entidad respectiva.
Es ahí donde se pueden dictar lineamientos, parámetros y controles. Sin embargo, según Morales, el MTSS no puede instar a entidades públicas a analizar posibles abusos y denunciar la convención.
Estado: 75 convenciones, más de 124 mil empleados cubiertos e información difusa
En este momento, según los datos consultados por crhoy.com al Ministerio de Trabajo, hay 75 convencioes colectivas vigentes en instituciones públicas. Se distribuyen cinco en el Gobierno central; dos en instituciones autónomas; 11 en empresas públicas y cuatro en universidades públicas y el Instituto Nacional de Aprendizaje.
En el sector público, cobijan a 126.317 empleados. La entidad con mayor funcionarios bajo una convención es el Ministerio de Educación Pública (MEP) con 71.000. Luego le siguen la Universidad de Costa Rica con 8.995, el Banco Nacional con 5.246 y el Instituto Nacional de Seguros con 2.316.
La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) contempla a 1.893 funcionarios y la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente del Atlántico (Japdeva) a 1.513.
En las 53 municipalidades, se registran unos 10.661 empleados adscritos a sus convenciones. Sin embargo el Ministerio de Trabajo tiene un vacío de información, ya que no registra la cantidad de funcionarios que reciben los beneficios, en seis municipios.
Además hay otras 16 convenciones en empresas privadas, que cubre a 1.576 trabajadores. Vea en los gráficos de abajo el detalle.
¿Se pueden recortar? El Gobierno no gira instrucciones, mientras diputado critica
El Ministro de Trabajo insiste en que deben ser los jerarcas quienes busquen el control. (Archivo CRH)
La Comisión del Ministerio de Trabajo sobre el tema, recién comienza el trabajo. De hecho la primera reunión se realizó este jueves 19 de setiembre. El próximo 5 de diciembre se cumple el plazo de la convención colectiva de Japdeva, una que tiene los mayores beneficios. Y en abril del 2015 la del MEP, pero aún no hay denuncias al respecto.
La de Recope cumple dos años en enero del 2015, al igual que la de la Municipalidad de San José. Pero el propio Ministerio de Trabajo no tiene claro cuando se acaban esos plazos, que si no hay una queja al respecto, implicaría prórrogas automáticas, sin siquiera analizar puntos. Así respondió la entidad cuando este medio consultó por las fechas.
Esto porque no tiene un sistema digital actualizado, sino que todo está en expedientes en papel, en un espacio del Departamento de Relaciones Laborales de la Dirección General de Asuntos Laborales, algunos los cuales revisó crhoy.com. Asimismo los documentos de todas las convenciones no están en el sitio, para consulta del público.
Hace unas semanas, el Ministro Morales aseguró que están “contra los abusos”, pero insistió en que la institución apenas pueden servir para el marco de negociación entre sindicato y entidad. Por eso reiteró que deben ser los presidentes autónomos quienes denuncien la convención.
Agregó que la Comisión puede dar orientaciones para el análisis y que el Gobierno girará lineamientos, pero aún no hay casos concretos.
En junio, el diputado del Partido Alianza Democrática Mario Redondo pidió al presidente Luis Guillermo Solís ordenar acciones para acabar privilegios abusivos a partir de convenciones colectivas. De igual manera, que la información fuera más transparente en vía digital y se tuviera claro la situación y el impacto real de dichos documentos, en las finanzas del Estado.
Sin embargo, más de 100 días después de la nota, sigue sin recibir respuesta. Por eso criticó el silencio y la inacción del Gobierno, ante la situación fiscal que vive el país. El congresista por Cartago reiteró que el tema es importante y espera acciones del Ministerio de Trabajo, para no tener que acudir a la Sala Constitucional por la situación.
El pasado 5 de junio la contralora Marta Acosta se presentó ante la Comisión de Gasto Público de la Asamblea Legislativa y tocó el tema, tras una pregunta de la diputada Epsy Campbell, sobre la situación de gastos del Estado como patrono y posibles cambios.
Justamente fue la Contraloría General de la República quien acudió a la Sala Constitucional, para impugnar artículos de convenciones colectivas, por beneficios exagerados en el pago de cesantía, de cinco instituciones: Recope, Banco Popular, Consejo Nacional de Producción y las municipalidades de San José y Turrialba. Los magistrados le dieron la razón y obligaron al cambio.
“Creemos que eso es como ir ordenando la casa, y los jerarcas no lo hacen. (…) Aquí no se trata jamás, jamás nunca de quitar los beneficios a los trabajadores, sino de aquellos puntos que no sean constitucionales, o que estén generando privilegios, que se corrijan. No es que estamos en contra de la luchas de los trabajadores, ni muchísimos menos, pero sí hay mucho por ahí que se pueda ahorrar”, dijo Acosta en su comparecencia.
Tema añejo y pendiente
El diputado Mario Redondo. Acá con el ministro de la Presidencia Melvin Jiménez. (Tomada del Facebook de Alianza Democrática Cristiana)
En su momento de administración, el expresidente Abel Pacheco (2002-06) manifestó una gran molestia por los abusos en las convenciones colectivas y ciertos regímenes de pensiones y pidió más debate.
Según informó en el 2003 el Diario Extra, el entonces ministro de Trabajo, Ovidio Pacheco, aseguró que se trabajaba en ajustes al Código de Trabajo. En cuanto a los abusos de privilegios de sectores minoritarios dijo “son cosa del pasado. Eso ya es historia, hubo una época en que todo era una fiesta. Pero ahora la situación es muy distinta”. Pero hay poco avance.
En su estudio Costa Rica: empleo y política salarial del sector público de este año, Academia de Centroamérica señaló la situación con las convenciones, la falta de rectoría, desde la Comisión del MTSS y la ausencia de acciones para regular mejor el empleo, respetando la legalidad, pero logrando mejoras en asuntos de remuneración.
“A pesar de que el mandato es claro en que la Comisión en cuestión debe considerar las posibilidades presupuestarias al momento de negociar los proyectos de convención colectiva, continúa la aprobación de disposiciones que atentan contra la estabilidad y el equilibrio financiero del erario público”, afirmó la organización.
Además recordó que desde el 2002, la Comisión de Control y Ordenamiento del Gasto Público recomendó “entretanto no se eliminen las convenciones colectivas en el sector público, renegociar las que existen para eliminar cláusulas abusivas”.
“A lo largo de los años el sistema actual de empleo y salarios públicos ha generado una serie de distorsiones e ineficiencias en el manejo del recurso humano. Si bien existen diferencias en los salarios base según el puesto y la institución, la raíz del problema se focaliza en los pluses salariales, los cuales se generan en gran medida al amparo de convenciones de trabajo y que son consideradas como derechos adquiridos e irrevocables por los sindicatos”, concluyó el estudio de la Academia.
En abril del 2012, el Ministerio de Planificación (Mideplan) realizó el documento “Estado de situación en materia de salarios y remuneraciones”, en el cual describió los alcances de todas las convenciones colectivas, que en ese momento sumaban 20 ministerios y entidades y 51 municipalidades.
Además comparó los beneficios, como la cantidad de años que contemplaba la cesantía pagada a un empleado, la cual variaba desde los ocho en Acueductos y Alcantarillados, los 24 en Recope, los 20 en el INS y Japdeva o los 25 en el CNP. Incluso, en el algunos municipios es ilimitado.
El análisis concluyó que se pueden hacer variaciones sin afectar los derechos de los trabajadores. Además aseguró que los derechos de las convenciones finalizan y quedan sin efecto con el vencimiento o la denuncia de la misma.
“Nuevas condiciones pueden perfectamente regir no sólo para los nuevos servidores públicos, sino también que puede regir, para todos aquellos que al momento de su vigencia, o bien, al momento de finalización de la vigencia de una convención colectiva, tuvieran una mera expectativa de derecho, y no un derecho subjetivo o una situación jurídica consolidada”, mencionó el estudio.
Algunos ejemplos de beneficios excesivos
- Becas a hijos: la empresa destinará diez millones de colones para desarrollar un Plan de Becas en beneficio de sus trabajadores e hijos - Ayuda tras muerte de un funcionario: en caso de fallecimiento de un trabajador la empresa cubrirá por concepto de “ayuda para el sepelio” y “funeral” la suma de ¢225.000. En un adéndum reciente aumentó a ¢252.780. - Transporte: la empresa debe aportarlo si el trabajador debe ir a su casa por un llamado súbito de emergencia con su familia. Lo mismo para una cita médica, el desplazamiento a una asamblea anual del sindicato, al centro de Limón y otros puntos. - Lentes: los trabajadores recibirán hasta ¢35.000 para la adquisición de lentes graduados o correctivos. - Almuerzo: la empresa cobra ¢200 a partir del 1 de enero de 2010 y para los siguientes años, ese monto se aumentará sucesivamente en 10.7% sobre el valor inmediato y empezará a regir a partir del 1 de enero del año siguiente.
Japdeva
- Sindicato: el secretario general y subsecretario de Sintrajap gozan de licencia total y permanente para dedicarse a sus labores. Los restantes 13 miembros de la junta directiva gozan de 100 días hábiles para lo mismo. - Incapacidades: Japdeva pagará la diferencia porcentual con respecto al subsidio que pagan al trabajador la Caja o el INS hasta completar el 100% del salario.
Mientras la mayoría de trabajadores costarricenses pagan su propia gasolina, para el vehículo en el que se mueven o los pases del bus, o gastan en la comida que consumen cada almuerzo, muchos funcionarios públicos reciben el beneficio de un almuerzo que cuesta ¢200 o reciben transporte gratuito.
Esto es parte de lo que – por el momento - seguirá igual, sin algún anuncio de intento de recorte por parte de las autoridades del Gobierno central.