Imagen con fines ilustrativos. CRH/Archivo
De todos los tipos de explotación que representa la trata de personas, la explotación sexual es la mina de oro del crimen organizado, que anualmente mueve miles de millones de dólares en el mundo.
Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del tráfico humano se generaron $28 mil millones por explotación sexual.
Nuestro país no se aleja de esta realidad y son mujeres la mayoría de las explotadas sexualmente, aunque hay casos también de explotación laboral, extracción ilícita de órganos, mendicidad, adopciones irregulares y matrimonio servil, entre otras.
Sandra Chaves de la Gestión Trata y Tráfico de Migración y Extranjería y miembro de la Secretaría Técnica de la Coalición Nacional contra el Tráfico ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT), acreditó 30 nuevas víctimas de trata, 13 de ellas explotadas con fines sexuales durante este 2013.
Datos sobre trata de personas suministrados por CONATT.
“Costa Rica es un país de origen, tránsito y destino de la Trata de Personas, anualmente muchos seres humanos son esclavizados por las redes de criminalidad organizada para ser sometidas a explotación vendidas una y otra vez de diferentes formas. El equipo de Respuesta Inmediata ha acreditado un total de 119 víctimas en los últimos cuatro años”, detalló Chaves.
En un ensayo realizado por la periodista argentina Fernanda Balatti, delegada del equipo internacional sobre tráfico de personas y contrabando de migrantes constituido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), reveló que anualmente el crimen organizado percibe $31.700 millones.
“En Europa se ha detectado el uso de las víctimas de trata como correos humanos para la transferencia de fondos de una jurisdicción a otra. Los traficantes son reconocidos por forzar a sus víctimas a cometer delitos, como los robos callejeros en el caso de las víctimas menores de edad”, explica la autora.
Según explicó Chaves, en el país se mantiene el compromiso para erradicar este delito, mediante la promoción, ejecución, seguimiento y formulación de políticas públicas para la prevención del delito, atención de víctimas, persecución y sanciones de los responsables.