La Contraloría General de la República regula los presupuestos de las entidades autónomas.
Entre lo presupuestado por el Gobierno Central y las Instituciones autónomas, la cifra para el pago de las anualidades alcanza los 800 mil millones de colones. Este es uno de los gastos que más han criticado los diputados en el Congreso y aunque lograron recortar una parte del monto del Gobierno Central, en el caso de las autónomas ese presupuesto no pasa por el filtro legislativo.
El Poder Ejecutivo y Legislativo, ministerios, Tribunal Supremo de Elecciones, Defensoría de los Habitantes y Contraloría General de la República (CGR) incluyeron en sus presupuestos la suma de 267.399 millones de colones en anualidades en total, monto superado por las instituciones autónomas y descentralizadas, que harán erogaciones por el monto de 539.183 millones de colones.
Las cifras se desprenden del análisis del presupuesto 2015 consolidado, hecho por el despacho del Diputado Mario Redondo, quien denunció que “existen deficientes mecanismos de evaluación del desempeño, pues casi todos los funcionarios terminan con una buena calificación, elemento indispensable para otorgar los aumentos anuales que se hacen por méritos y no automáticamente”.
El presupuesto del Gobierno Central debe ser discutido y aprobado por la Asamblea Legislativa, que en estos momentos analiza un recorte de 297 mil millones de colones a los 7.9 billones solicitados por el Ministerio de Hacienda y que incluían un déficit implícito de 6,7% del Producto Interno Bruto (PIB).
Sin embargo, pese a que el exceso en el gasto de los gobiernos ha sido una de las principales críticas de los costarricenses, en esta ocasión, tanto los diferentes jerarcas como varios diputados defienden los aumentos y afirman que las instituciones caerían en “cierres técnicos” si los recortes se aprueban.
En el caso de las autónomas, los presupuestos son regulados por la Contraloría, pero usualmente se hace una revisión a posteriori de la ejecución y prácticamente son aprobados de manera automática.
Los fondos destinados a las instituciones autónomas y descentralizadas representan casi el 60% del presupuesto total y en algunos de los rubros incrementan el gasto hasta en un 50% con respecto al 2014.
Por ejemplo, en la partida de alquiler de equipo de cómputo, en general, se aumenta el gasto en un 33%, pasando de 6 mil millones en el 2014 a más de 8 mil millones para el 2015. En la partida de préstamos pasa de 131 mil millones a casi 200 mil millones, aumentando en poco más del 50%.
La mayoría de las entidades aumentan su presupuesto total en más del 25%. En el caso del Sistema Nacional de Salud Animal, que sube la partida de remuneraciones básicas en un 100%, es una de las entidades a las que menos les giran recursos, pues pasa de 100 millones a 200 millones.
En tiempos extra, los aumentos suben por encima del 15%. El Banco Central tiene presupuestado un alza del 54% que representa 113 millones más que el año pasado, solo en este rubro pagará 321 millones de colones en un año. Lo mismo pasa con el Banco Popular, cuyo presupuesto para el pago de horas extra crecerá en un 58%, pagará 681 millones de colones.
Sobre las anualidades, para el 2015 las instituciones autónomas y descentralizadas gastarán 49.485 millones más que en 2014, lo que representa un incremento del 10%. Cifra que no supera los presupuestados para el Gobierno Central, que pidió un aumento del 37%, pues se gastarán 47.308 millones más que en 2014.
Para que un funcionario público pueda tener derecho al pago de las anualidades debe de ser calificado con nota 100 o excelente, el problema es que parece que en la función pública todos cumplen con este requisito, aunque la gente se queje de malas atenciones y del servicio que brindan, en muchos casos.
Ante una consulta a la Dirección de Servicio Civil del Estado, hecha por el legislador Redondo sobre las calificaciones de los funcionarios, se desprende que del total de funcionarios incluidos en este régimen (38.635 personas), solamente 14 obtuvieron una nota de deficiente, 26 regulares y 750 fueron catalogados como buenos.
De los evaluados (35.955 empleados) un total de 10.709 recibieron calificación de muy buenos por sus superiores, mientras que 24.456 fueron calificados de excelentes. Así que a esos 24 mil se les debe de pagar el derecho a las anualidades.
Los diputados han hecho hincapié en los vicios que podrían existir en las calificaciones de jerarcas a empleados, ya que en muchos casos podrían rendir la nota sin un sustento objetivo y por “quedar bien”.
“Existen vicios en los modelos aplicados para calificar, pues resultan ser subjetivos y, a pesar de ello, el incentivo siempre termina pagándose. Quien la merece debe recibirla y hay que premiar al buen funcionario, pero esto no puede estar a libre”, comentó Redondo quien trabaja en una propuesta para mejorar los mecanismos de evaluación.