Costa Rica ha perdido un poco del brillo que lo caracterizaba como un país de paz y en los últimos años se volvió una nación atractiva para agrupaciones narcotraficantes, locales e internacionales, que se han asentado en territorio nacional para el desarrollo de las actividades delictivas.
Carlos Chinchilla, magistrado y presidente de la Sala Tercera, aseguró que el país está siendo penetrado por ‘grandes grupos narcotraficantes’ y por ese motivo consideran oportuna la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, aprobada por la Asamblea Legislativa. De momento, se está a la espera de que la Sala Constitucional resuelva una consulta sobre la norma.
“La realidad es que este país está siendo penetrado por bandas criminales importantes, que anteriormente no les interesaba mucho establecerse aquí. Pero, cada vez, cada momento tienen más la intención de quedarse aquí y esto claro que nos genera problemas. No solo porque dejan droga, sino porque la gente la consume y lucran con la venta ilícita de sustancias prohibidas”, señaló el magistrado.
Los grupos criminales están reinvirtiendo ese dinero en el extranjero y en el país. Con la legislación, el magistrado cree que están a tiempo para ‘salvar’ al país de los ímpetus de estas potentes agrupaciones.
“Tenemos que tomar las medidas necesarias para salvarlo, no solo del ámbito preventivo, sino también represivo. En el sentido de la ubicación de legislación de extinción de dominio, porque por medio de ella le quitamos la fuente de financiamiento a las investigaciones criminales: su dinero, sus propiedades e inversiones y con ello haríamos una eficiente labor”, agregó Chinchilla.
Pese al positivismo, el magistrado es consciente de que se necesita mayor legislación en el país. Con la Ley de Extinción de Dominio se podrán incautar objetos comprados a través de recursos de origen ilegal.
“Esto es parte de la transnacionalización de la criminalidad. El crimen organizado va más allá de un país, teniendo como base Costa Rica es muy fuerte su impacto… Estamos hablando de una ley que golpearía a las organizaciones de crimen organizado de forma muy dura, se pretende eliminarle su ingreso económico que tiene de su actividad ilícita”, expuso el magistrado.
Ir a la raíz
Por ejemplo, con la ley, si un sospechoso de delitos de narcotráfico muere antes de ser condenado, sus bienes – aún conseguidos de forma ilícita – serán trasladados a sus familiares, por haber extinto la acción penal y no haber llegado a juicio. Con la ley dejará de existir esa relación porque los bienes son extinguibles.
“La idea es ir más allá, con una ley que nos pueda llevar no solo a lo que se logra ubicar, sino ir más allá: dónde se está invirtiendo el capital, donde está reproduciéndose y extraerlo mediante la extinción del dominio”, indicó el funcionario.
La ley, en la parte procesal, exime a personas que obtuvieron el bien de ‘buena fe’ desarrollará audiencias para los sospechosos. El resultado final puede ser que se declaré en el juzgado el bien con una procedencia ilícita y se extinga el dominio de la propiedad o dinero en favor del Estado, sin compensación a la persona.