Imagen con fines ilustrativos. CRH
Tras la firma del fideicomiso para ampliar el corredor vial San José-San Ramón, quienes participaron en el proceso se reunieron de inmediato en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para definir la hoja de ruta que se deberá seguir para cumplir con el proyecto.
Así como se inició esta propuesta, tres comisiones (técnica, económica y jurídica) trabajarán en el plan del desarrollo de todos los componentes necesarios para llevar a buen término la ampliación de la ruta.
Paul Brenes, dirigente comunal que participó en la discusión, adelantó que en un mes se pretende tener listo el contrato de fideicomiso para enviarlo a la Contraloría General de la República para su refrendo.
Hasta ahora, la banca estatal ha demostrado su interés en financiar las obras, pero según Brenes cualquier institución podría financiar la puesta en marcha de la propuesta, que es atractiva para el sistema bancario.
Si la CGR refrenda el contrato, las contrataciones estarán a cargo del fideicomiso y no del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt), por lo que se prevé que los trabajos se adjudiquen con mayor agilidad.
El próximo miércoles se prevé tener listo un cronograma de trabajo y la expectativa de Brenes es que el proyecto se empiece a construir a inicios del próximo año.
La Ley
En cuanto especificaciones técnicas, el proyecto de Ley es limitado. En consulta al texto aprobado por los diputados, la carretera será de seis carriles en el tramo Sabana-Monumento del Agua; ocho carriles entre el Monumento y el aeropuerto Juan Santamaría y de cuatro carriles hasta San Ramón.
Los puentes existentes serán rehabilitados o reconstruidos, según sea la necesidad y se construirán puentes gemelos que se adapten a la cantidad de carriles.
El puente “la platina” también será ampliado, pese a que se encuentra dentro de otro proceso de ampliación.
Aún no está definido el plazo de la obra ni el punto de partida, pero se espera que se inicie su construcción por distintos frentes para avanzar en puentes o intercambios sin afectar la ampliación de la vía.
El precio de la obra no se incluye en el proyecto de Ley, pero los expertos estiman que el monto rondará los $485 millones. El peaje sería de 3500 colones a partir del cuarto año de iniciado el proyecto y cuando la carretera esté prácticamente lista.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) revisará la fórmula que se establezca para definir y ajustar el precio de los peajes, pero no regulará el servicio, según consta en el proyecto de Ley.
Uno de los aportes más importantes de la propuesta es que se abre la oportunidad para que los bancos e instituciones públicas utilicen hasta un 20% de su capital y reservas para construir obra pública por medio de la figura de fideicomiso.
En el contrato de fideicomiso fungirán como partes el Mopt y Consejo Nacional de Vialidad como fideicomitentes y de fiduciario un banco del Sistema Bancario Nacional (público o privado). Este contrato deberá ser refrendado por la Contraloría General de la República.
La ampliación podrá ser financiada por entidades financieras nacionales públicas y privadas, así como organismos internacionales.
El financiamiento, la contratación, ejecución, fiscalización, mantenimiento y cobro de peajes serán responsabilidad del fideicomiso durante 30 años que es plazo del fideicomiso. Al término de este plazo, la obra se traspasará al Estado.
También se conformará una estructura de fiscalización, supervisión y vigilancia que contará con expertos y dos representantes de la sociedad civil elegidos por la Defensoría de los Habitantes.