Maureen Fallas insiste en que no puede pagar más de lo que la Municipalidad ya calculó. (CRH)
La alcaldesa de Desamparados, Maureen Fallas, defendió el mecanismo mediante el cual la Municipalidad definió el monto a pagar a los empleados. Esto por una deuda arrastrada debido a la falta de aplicación de la convención colectiva.
La situación inició en el 2000 y desde el 2003 el Sindicato presentó una demanda ante el Juzgado de Trabajo, pero más de 10 años después aún no se resuelve y aunque se le dio la razón al gremio, aún ni siquiera se define el monto global de la deuda. En el 2013, el grupo señaló que son más de ¢2.148 millones.
Pero antes de que se definiera un monto, la administración de Fallas calculó lo adeudado a más de 200 empleados, para llegar a poco más de ¢304 millones en total. La Alcaldesa aseguró que fue exhaustivo y se contempló incapacidades, vacaciones, aguinaldo y todas las remuneraciones, de forma individual.
Ese trabajo se hizo con las áreas de financiero, contable y recursos humanos. Para lograrlo, incluso se pidió un préstamo del Banco Nacional. El pago se dio por tractos: el 75% en el 2010, el 15% en el 2011 y el restante 10% en el 2012. Además Fallas señaló que se pagaron otros ¢100 millones a la Caja del Seguro Social.
La Alcaldesa afirmó que se tuvo “buena voluntad de honrar la deuda” antes de que los tribunales definieran la cantidad. El Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad cuestiona la forma en que se llegó al cálculo de la autoridad, claramente lejano al gremial.
Un polémico finiquito; un acuerdo cuestionado
El 24 de junio del 2009, el Concejo Municipal – basado en un dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto – acordó aprobar el finiquito. Esto según el oficio D.S 257-2009.
El 12 de marzo del 2010, el entonces secretario del Sindicato Mario Eduardo Vindas Mora comunicó a Maureen Fallas, en una carta a título personal, que la Asamblea General le autorizó negociar el pago de los derechos individuales debidos.
El 21 de abril, en la sesión 24-2010, el Concejo Municipal aprobó el acuerdo del finiquito, que se votó el 1 de marzo. Este día, se debatieron temas como el pago a personas que renunciaron o se pensionaron y se mencionó que un 30% de los trabajadores no aceptaron el acuerdo.
La Municipalidad de Desamparados y el Sindicato llevan más de 10 años enfrentados. (CRH)
Según Fallas, ese proceso seguido le da confianza para que su pago sea legal. Esto si bien no consta un documento en Concejo Municipal ni en actas que certificara la realización de la asamblea sindical y el conocimiento de los empleados por parte de los trabajadores.
La Alcaldesa se concentra en la relación individual que tuvieron con cada uno y el hecho que firmaron el recibo de un cheque, mostrando la aceptación y satisfacción con el pago. Según la jerarca fueron 268 los que firmaron y para ella aceptaron el finiquito. El Sindicato rebate que varios aceptaron el dinero, pero no estaban de acuerdo con el monto.
El Tribunal aún no define monto, ni proceso de embargo
Como informó crhoy.com este jueves, el Poder Judicial detalló que en este caso “se están presentando las certificaciones de los bienes embargables para proceder con los embargos”.
Aunado a eso en febrero de este año, el Juzgado Civil y de Trabajo del III Circuito Judicial de San José decretó una orden de embargo por ¢2.148.852.492. Tres días después echó para atrás y señaló que “no consta aún suma líquida y exigible a embargar, sino que será hasta que se resuelva en definitiva acerca de la liquidación”.
Tras la duda e insistencia de este medio, este jueves la Oficina de Prensa de la Corte Suprema de Justicia respondió que “se presentó una confusión con el documento que si procedía notificarse. Es decir que la citada notificación quedó sin efecto”.
Según la respuesta, esa primera notificación – aunque se le envió a las partes – “no está agregada al expediente, no tenía porqué notificarse”, esto porque “la liquidación de los montos aún están en proceso de definirse.
Ahí está la cuestión, el proceso aún está en etapa de ejecución de sentencia, en el cual se liquidan los montos a los que tienen derechos las partes.
La asesora del Sindicato Ligia Valerio aseguró que hay un “compadre hablado” para no avanzar en el tema. (CRH)
El Juzgado de Trabajo de Desamparados tramita ese proceso de ejecución de sentencia, desde hace un año y tres cuatro meses.
Según la Corte Suprema de Justicia “el impulso procesal corresponde a las partes actoras, no al juez quien se ocupa de emitir las resoluciones que procedan de acuerdo con la prueba y las solicitudes de las partes”.
Desde el 7 de noviembre, cuando inició esta gestión, el Sindicato presentó un detalle de una deuda por ¢2.148.852.492. Pero aún hoy los tribunales no terminan de contabilizar el monto y aún falta.
Se deben liquidar caso por caso. “El Juzgado debe revisar, para efectos de aprobar los montos de liquidación definitiva. Lo anterior implica una revisión exhaustiva de lo pagado hasta ahora por la Municipalidad, que es un trabajo delicado que requiere tiempo para no incurrir en imprecisiones”, respondió el Poder Judicial.
Lo que está pendiente de notificar es la resolución para iniciar con el trámite de definición de los montos de liquidación. Luego vendrá la respuesta caso por caso. Por el momento la Alcaldesa Fallas pide que se defina ese proceso judicial.
Pero reiteró que no actuará bajo presiones del sindicato, ni por huelgas, sino por procesos internos y en su momento si el Tribunal lo ordena. Por eso recalcó que es improcedente un embargo, si aún no le han dicho cuanto adeuda de más – si es el caso – a los trabajadores.