(Imagen con fines ilustrativos. Archivo CRH).
El Estado de la Justicia arrojó que las mujeres son quienes tienen mayor probabilidad de que sistema judicial les falle, y dos de las causas que señaló el Poder Judicial que podrían explicar esto son la falta de información y la concentración de servicios en algunas zonas del país.
La jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial, Janeth Arias, reconoce la deuda que se tiene con las mujeres, pero advirtió que esta situación se replica en todas las instituciones y aseguró que por eso desde 2008 trabajan en aras de mejorar.
“Para el acceso a la justicia y todos los servicios, como los de salud, de educación, tienen una deuda con las mujeres. Hay que considerar que la mayor cantidad de personas en condición de pobreza son mujeres; las tareas de cuido y trabajo doméstico -que son dobles y triples jornadas laborales- recaen sobre los hombros de las mujeres. Estos y muchos otros factores hacen que las mujeres tengan más problemas a la hora de acceder a los servicios, entre ellos los de acceso a la justicia”, aseguró Arias.
De acuerdo con Arias, la concentración de los servicios en ciertas zonas del país es una de las causas que obstaculiza el acceso a la justicia.
“Hay problemas de índole sistémico, de cómo se organizaron los servicios. Por ejemplo, que no se toman en cuenta ciertas criminalidades, como los delitos sexuales, que ocurren principalmente en las noches en horarios no hábiles como noche, madrugada, fines de semana. Entonces esos servicios decaen en esos horario o están muy concentrados en el Gran Área Metropolitana, en la zona urbana, y se quedan por fuera zonas rurales y urbanomarginales”, admitió.
“En delitos sexuales, hasta hace dos años todos los servicios se concentraban para esos horarios no hábiles en San Joaquín de Flores, y los servicios de salud para lo que son antirretrovirales (medicamentos que impiden el sida cuando una persona es violada) solo estaban en San José. Entonces en cualquier parte del país tenían que trasladar a la víctima, hace dos años, a San José o Heredia”, aseguró Arias.
Por ejemplo, una persona que era víctima de violación en una zona alejada como Osa debía ser trasladada hasta esos sitios.
(Imagen CRH).
Es por eso que desde el 2011 el Poder Judicial trabaja en un rediseño de procesos en la atención delitos sexuales.
“Este proyecto se llama equipos de respuesta rápida a víctimas de violación y delito sexual. Ya logramos, a partir de octubre del 2014, desconcentrar los servicios empezando por un plan piloto en Puntarenas, Guanacaste, Cartago y el Primer Circuito Judicial de San José. Entonces ahora todas las víctimas pueden ser atendidas con todos los servicios de la Caja y del Poder Judicial en sus propias comunidades”, aseguró Arias.
El otro tema, es el de la falta de información para la persona a la hora de denunciar o de no dañar pruebas para un eventual proceso judicial.
“Hace falta información a la población para que las investigaciones puedan marchar de mejor manera”, advirtió Arias.
“Hay que instar a las víctimas a que denuncien inmediatamente, porque en delitos sexuales a veces denuncian meses, semanas o a veces años después, y eso perjudica o complica la investigación. Las víctimas tienen que tener información para preservar la evidencia: cuando se trata de una violación deben llegar 72 horas después para que les podamos dar los medicamentos. No deben bañarse, no deben orinar, tienen que ponerse una toalla sanitaria, no deben cambiarse la ropa, todo eso va a ser evidencia para el proceso”, detalló.
La ministra de la Condición de la Mujer, Alejandra Mora, comentó que el “brinco cualitativo” que se debe dar es para que las mujeres tengan acompañamiento legal a la hora de interponer denuncias.
Arias estuvo de acuerdo con ese punto. “Por ejemplo toda la parte de desplazamiento hacia las oficinas o el pago de representación legal (…) las mujeres, por ser las más pobres, tienen menos posibilidades de contratar representación legal propia. Tienen menos posibilidades de querellar cuando sus intereses son contrapuestos a los de la Fiscalía. No tienen representación legal en violencia doméstica, en lo que son los procesos de solicitud de medidas de protección”, advirtió.