Mediante un estudio sobre la Gestión de Vacaciones de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (de 2013), se determinó que el embajador en Belice, Edgar García Miranda, tenía un acumulado de 13,71 períodos de vacaciones. A hoy, esa cifra ya equivale a casi un año de vacaciones.
De esta manera se está incumpliendo la aplicación de la regulación que prohíbe la acumulación de este disfrute por más de un período.
Pero el caso de García Miranda no es el único, otros 13 casos están en la misma situación, aunque con períodos mucho más cortos, que van desde los 1,92 y tres periodos, siendo el caso del embajador en Belice el más crítico. (VER DATOS AQUÍ)
Según supo crhoy.com, en el mes de marzo García disfrutó un período y medio de vacaciones y se le indicó que debía tomar desde el 04 de mayo hasta el 30 de noviembre del presente año, pero al parecer apeló hace casi un mes, por lo que el caso está ahora en manos de la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores para su valoración.
Cancillería informó que “la acumulación de varios períodos de vacaciones generada por el señor García es inusual, por cuanto existe una obligación del patrono de programar oportunamente el disfrute de vacaciones de todo funcionario.”
La oficina de prensa de esa entidad, dijo que “en busca de un equilibrio entre el derecho del funcionario y el interés público, el Despacho del Ministro analiza si confirma la instrucción o se planifica un disfrute gradual” de los períodos de vacaciones, esto quiere decir, si se le otorga por tractos o no.
De acuerdo con Cancillería, casos como éste son los que desean erradicar, por lo que desde octubre del año pasado se ordenó la regularización de vacaciones para los funcionarios del Servicio Exterior y del Servicio Interno de este Ministerio.
Este medio trató de contactar al embajador García y se le enviaron varias consultas a su correo electrónico, pero solo contestó que “está cumpliendo y cumplirá las instrucciones de la Cancillería.”
Problemas persisten y sin justificación
Según el informe, en reiteradas oportunidades la Auditoría General ha hecho del conocimiento tanto de la Dirección General de Servicio Exterior como del Departamento de Recursos Humanos, sobre funcionarios que mantienen saldos acumulados de vacaciones, sin embargo se siguen presentando casos, por lo que las jefaturas deben estar atentas para asegurar el disfrute oportuno de este derecho.
De acuerdo con el documento, no se encontró en los expedientes que se revisaron como parte de la muestra, ninguna resolución administrativa que justificara el no disfrute oportuno de las vacaciones.
Por otra parte, el estudio determinó que 39 funcionarios presentaron incapacidad en los períodos 2010 al 2012, por lo que como consecuencia el Ministerio “no efectuará la deducción correspondiente al cálculo de vacaciones por incapacidad laboral que ascendió a un total de $ 34,615.92″.
75 % de los casos hizo abandono de labores
De la comparación entre los registros internos con la información obtenida por fuentes externas al Ministerio, según consta en el informe realizado, hubo ausencia de un control efectivo que permita asegurar el ingreso y salida del país a los servidores en el exterior.
La información contenida en los expedientes de los funcionarios destacados en el servicio exterior y los informes de entradas y salidas al país suministrados por la Dirección General de Migración, mostraron que algunos de estos funcionarios, seleccionados según la muestra del estudio, estuvieron en Costa Rica sin que su estadía corresponda a vacaciones, permisos o llamadas en consulta.
“Con base en los registros de entradas y salidas a Costa Rica, emitidos por la Dirección General de Migración y Extranjería, se evidencia, según determinó este estudio, que el 75 % de los funcionarios seleccionados en la muestra estuvieron en el país sin que corresponda a estadías autorizadas, incumpliéndose de esta manera con lo dispuesto en el Artículo 6 del Reglamento al Estatuto del Servicio Exterior que señala: “Iniciar sus labores de conformidad con el horario estipulado, no pudiendo abandonarlas ni suspenderlas, sin causa justificada, antes de haber cumplido con la jornada de trabajo.”
En promedio la estadía no autorizada es de 10,28 días y el monto correspondiente a las estadías no justificadas en nuestro país asciende a $44.795,23, suma significativa que desatiende el ordenamiento jurídico y afectan los recursos asignados al servicio exterior. Así también, la ejecución de las correspondientes medidas disciplinarias por ausentarse de las labores sin causa justificada.