Imagen con fines ilustrativos.Archivo CRH.
Desde setiembre de 2011 el entonces diputado socialcristiano, Luis Fishman, pidió al Ministerio Público investigar el ‘debilitamiento’ y una serie de aparentes irregularidades administrativas en Radiográfica Costarricense (Racsa).
Hoy, casi cuatro años después, la Fiscalía no ha desestimado la causa, pero se mantiene en la etapa de análisis y recolección de pruebas. Se sigue contra ignorado bajo el expediente 11-000022-033-PE en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).
En ese momento, Fishman remitió a Jorge Chavarría, fiscal general, un documento denominado ‘Manual para destruir una empresa pública: caso Racsa’, donde se aportaron pruebas y consideraciones tras una minuciosa investigación hecha por un equipo suyo.
El exdiputado indicó que notaron un proceso de deterioro ‘progresivo y sostenido’ a partir de 2006, bajo administraciones de Pedro Pablo Quirós y Eduardo Doryan. Como principales afectaciones, Fishman citó un daño en la base de clientes con grave pérdida económica y un atraso tecnológico.
“Los hechos denunciados señalan que, aparentemente, Racsa ha tenido una serie de irregularidades de orden administrativo que podrían constituir delito en el manejo de la institución por parte de jerarcas que han ocupado el cargo. De momento, la causa se sigue contra ignorado (es decir, todavía no hay un imputado individualizado)”, citó la oficina de prensa del Ministerio Público.
El 6 de abril los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa abrieron una investigación sobre la situación de Racsa tras recibir un informe de la contralora general de la República, Martha Acosta.
La contralora se refirió a una auditoría sobre los estados financieros de la empresa, pero indicó que son confidenciales por un asunto de competencia. No obstante, los problemas financieros de Racsa vienen siendo señalados desde hace muchos años atrás.
Bajo la lupa
Los diputados aprobaron dos mociones, una para solicitar los informes tanto a la junta directiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como a la de Racsa y la otra para traer a comparecer a la comisión a los representantes de ambas instituciones.
A finales del año pasado, Racsa mantenía pérdidas cercanas a los $5 millones, tónica que fue similar años antes. La estrategia de la gerencia para revertir eso radica en vender soluciones y servicios al sector público, así disminuir los impactos negativos en las finanzas y lograr una estabilización entre este año o el próximo.
Jorge Arguedas, diputado del Frente Amplio (FA), consultó recientemente sobre el expediente y mencionó que la “quiebra de Racsa fue una cuestión bastante deliberada”.
“Primero que Amnet tenía al red, vino la apertura y Racsa se llevó la red (…) El auditor lo advertía, una y otra vez, que iban por el mal camino y este grupo de empresarios políticos llevaron a Racsa a la quiebra, de una forma deliberada”, añadió el legislador.
Para Arguedas, Racsa debe comercializar servicios de quinta generación y darle servicios al Estado con las frecuencias que tiene. “Lo que pasa es que a veces le dan, pero le quitan el confite”.