El grupo de interventores de la Junta de Desarrollo para la Zona Sur (Judesur) creada hace más de siete meses (octubre a mayo) por el Gobierno reiteró su preocupación por las irregularidades que se encontraron en la administración de algunos proyectos por parte de cinco municipalidades de la zona Sur (Corredores, Osa, Buenos Aires, Coto Brus y Golfito) cuyos detalles serán dados a conocer, según el coordinador de la intervención, Manuel Herrera Mutis, en diciembre, cuando concluya este proceso.
La Junta de Desarrollo de la Zona Sur está intervenida. Tomada de tvsur.co.cr
De acuerdo con Herrera, hay una ausencia total de controles internos de la institución, graves debilidades en la gestión administrativa para la planeación, ejecución presupuestaria y fiscalización de los recursos destinados a proyectos.
Así, como un desinterés en la colocación de recursos en proyectos productivos y una ausencia de defensa oportuna y eficiente de la institución, ante demandas judiciales en su contra.
El grupo, que está administrando Judesur, está conformado por cinco personas, además de Herrera Mutis, Luis Ángel Anchío Wong (Subcoordinador), Vielka Rojas Hernández (Secretaria), Ricardo Solís Porras y Yendri Carina Acevedo Díaz.
El Gobierno llevó los casos a la Contraloría General de la República (CGR), a la Procuraduría de la Ética Pública, a la Fiscalía Adjunta de la Probidad, en setiembre del 2014 y también a los cinco concejos que nombraron a esos directivos de Judesur, institución que cumple 15 años de acumular problemas de gestión, transparencia y eficacia, pues tiene ociosos más de ¢17.000 millones.
Esto motivo a que en noviembre del año anterior, el Gobierno destituyera a la Junta Directiva porque seguían haciendo caso omiso de las recomendaciones de la CGR y ante su carencia de potestades decisorias se dio la intervención, el anuncio fue dado a conocer por el viceministro de Hacienda, José Francisco Pacheco y la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriela Zuñiga.
Para el encargado del proceso interventor ya se tiene lista una hoja de ruta para los próximos seis meses y se pretende alcanzar dos objetivos: realizar el accionar necesario para el restablecimiento y la organización de las condiciones normales de funcionamiento de Judesur y tramitar procedimientos administrativos necesarios para lograr los objetivos de la intervención.
Además, si se tuviera que abrir o substanciar procedimientos disciplinarios, podrá adoptar las medidas cautelares que el ordenamiento permite para este tipo de acciones.
El representante defiende que en tan solo siete meses han logrado poner en marcha proyectos que tienen 25 años atrasados.
La Junta Interventora tiene como objetivo colocar 10.000 millones de colones en proyectos para los cinco cantones, 1.170 becas de secundaria por 270 millones de colones y 91 créditos universitarios nuevos por 118 millones de colones.
Además, la puesta en funcionamiento de tres parqueos del Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) y la remodelación del sistema eléctrico de dos nuevos módulos, así como la construcción de tres locales que se quemaron.
Los interventores esperan reconstruir los tres locales que se quemaron. Tomada de www.informacionempresarial.es
Procesos judiciales
El representante explicó que contrataron un abogado especialista en derecho administrativo para ejercer una defensa estratégica por demandas judiciales en su contra de Judesur por aproximadamente 4.500 millones de colones y no continuar pagando demandas millonarias.
Así, como seguir los procesos disciplinarios y penales contra funcionarios por presuntas irregularidades.
Denuncian grupos políticos que se oponen a la intervención
De acuerdo con Herrera, una debilidad de la intervención ha sido la falta de divulgación y promoción de los objetivos y beneficios de la misma, así como las evidentes prácticas de corrupción detectadas, las gestiones iniciadas por la Junta Interventora Sustitutiva y la Dirección Ejecutiva para combatirlas.
“La Intervención ha generado posiciones a favor y en contra, éstas últimas principalmente por parte de grupos políticos opositores a la intervención, quienes han tratado de deslegitimar el proceso interventor, ignorando los fallos favorables de la Sala Constitucional y la CGR, que refuerzan la gestión de la Junta Interventora Sustitutiva”, destacó.
Críticas a la intervención
“Judesur no está intervenida, está secuestrada”, aseguró el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Gerardo Vargas, quien agregó que “cada día que está poniendo más en riesgo a esta institución, porque quitaron a funcionarios que eran de las regiones para poner personas vinculadas con el Gobierno.
Agregó que es muy preocupante lo que está pasando. “Yo no vengo aquí a defender a nadie, los Tribunales de Justicia serán los que digan quienes son los responsables y que es lo que pasa, sin embargo, el hecho de nombrar una Junta Interventora hace que sea “ peor el remedio que la enfermedad”.
El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Olivier Jiménez, mencionó que la Junta Interventora se ha tardado demasiado tiempo en brindar un informe, ya es para que existiera un análisis profundo de lo que está pasando y si tienen que meter a alguien a la cárcel que lo hagan o que lo manden al Ministerio Público, porque la zona es una bomba de tiempo.
“No hay trabajo y la desocupación llega a más de 500 personas en cada cantón”, concluyó.