El Ministerio (Imagen tomada del Facebook del Viceministro)
Una de las prioridades que tiene el Ministerio de Trabajo para cerrar este 2015 es concretar los recortes en los abusos que se presentan mediante las convenciones colectivas.
El viceministro de Trabajo, Hárold Villegas, recordó que en el primer año de gestión ya denunciaron los acuerdos patrono-sindicato del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Instituto de Desarrollo Agrario (Inder), Japdeva y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
“Para este año se vencerían la de la Imprenta, la del INA. En estos momentos la que se está negociando nada más es la de Japdeva y en estos días iniciaría la de Recope; que como acaba de haber cambio en la Junta Directiva entonces se están acomodando antes de iniciar las negociaciones”, aseguró Villegas.
El funcionario preside la Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas, la cual está integrada por los jerarcas de Trabajo, Hacienda, Procuraduría, Servicio Civil y la entidad respectiva. Esta hace una recomendación no vinculante.
“Debe haber un esfuerzo entre las partes para ver qué es viable que hemos considerado como abusivo; no necesariamente todo. En el mundo ideal si se rebajara todo lo que hemos solicitado sería un buen ahorro, pero lo veo bastante difícil”, comentó.
El Viceministro es consciente que el tema de tocar el bolsillo a los trabajadores es lo difícil en este tipo de negociaciones.
“Hay temas que se recomendaron. Por ejemplo por la muerte de tu cónyuge o de tu papá eran cuatro días recomendamos que se bajen a dos días.
O que si te vas a cambiar de casa que la institución te pague el transporte, cosas de esas no hay ninguna razón para que los trabajadores no cedan porque no son tan significativos. Pero por ejemplo, en Recope que hay muchos incentivos económicos es muy difícil”, dijo Villegas.
Importantes ahorros
La convención del AyA está denunciada. En la imagen, trabajadores de la institución en una manifestación del año pasado. (Tomada del Facebook de Astraa)
Actualmente hay dos convenciones denunciadas y en proceso de negociación de las reformas que el Gobierno propone. Se tratan de Recope y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
Los cambios propuestos para esas dos convenciones le ahorrarían al Estado ¢12.820 millones de forma anual; siendo la de la Refinería la que mayor ahorro se tendría (¢8.000 millones).
De acuerdo con Villegas entre las principales modificaciones que buscan con la negociación es bajar el monto por ayudas económicas y además se pretende eliminar la coadministración del sindicato.
En el caso de Japdeva se busca bajar el tope de cesantía de 20 años a 10 años; además de eliminar el pago de transporte y de alimentación. Esto le ahorraría al Estado unos ¢2.000 millones.
Por otra parte, también está denunciada la del AyA con lo que se pretende un ahorro aproximado de ¢3.500 al país. La Presidencia busca eliminar la coadministración del sindicato en decisiones propias de la administración.
Además se negaron pretensiones del gremio como el pago bisemanal en lugar de quincenal y un rompimiento del tope de cesantía.
En el caso del Inder el sindicato inició un proceso en el Tribunal Contencioso Administrativo que ha detenido la negociación.
Aquí se busca recortar vacaciones y también bajar el tope de cesantía. No se han facilitado los datos de proyección de ahorro para la institución.
¿Qué hacer si no se cede?
Cuando fue diputado, Federico Malavassi, junto a otros compañeros, interpuso varias acciones por el tema. En la imagen, en una audiencia sobre los bonos electorales. (Archivo CRH)
Luego de que se denuncia una convención colectiva, viene el proceso de discusión. Pero si no hay acuerdo es poco probable un cambio. Ahí se podría acudir a la Sala Constitucional, como se ha logrado en otras ocasiones eliminar cláusulas abusivas.
Por ejemplo, la Sala IV frenó el pago exagerado por cesantía en cuatro entidades públicas, en noviembre del año pasado.
La suma de ¢3.875 millones pagados por concepto de cesantía a los empleados de Consejo Nacional de Producción (CNP), Recope, el Banco Popular y las municipalidades de Turrialba y San José hicieron que la Contraloría General de la República (CGR) solicitara a la Sala la revisión del tope establecido en las convenciones colectivas de los trabajadores de esas entidades.
En el caso de la CNP, Recope y los municipios los magistrados ordenaron cambiar artículos en convenciones colectivas relacionados al pago de prestaciones.
Históricamente es esa instancia quien logra cambios importantes en estos acuerdos. Como lo informó crhoy.com en enero anterior, en 20 años la Sala realizó 63 fallos en torno al tema de convenciones colectivas y en la mitad generó un cambio o disminución de beneficios.
Lo harán en casa
Por otra parte el ministro de Trabajo, Víctor Morales, anunció que analizarán la propia.
“La convención colectiva del Ministerio de Trabajo vence al final de año, la idea es que nosotros obviamente la denunciamos un mes antes de que venza y en ese momento pues vamos a revisar la nuestra y hacemos nuestra propia propuesta”, dijo el jerarca.
“Una convención colectiva del Ministerio de Trabajo no es del peso que tienen otras pero desde luego que la revisaremos, la analizaremos y la revisaremos”, reiteró Morales.
Se distribuyen cinco en el Gobierno central; dos en instituciones autónomas; 11 en empresas públicas y cuatro en universidades públicas y el Instituto Nacional de Aprendizaje.
En el sector público, cobijaban a 126.317 empleados, a setiembre anterior. La entidad con mayor funcionarios bajo una convención es el Ministerio de Educación Pública con 71.000.
Luego le siguen la Universidad de Costa Rica con 8.995, el Banco Nacional con 5.246 y el Instituto Nacional de Seguros con 2.316. La de Recope contempla a 1.893 funcionarios y la de Japdeva a 1.513. En las 53 municipalidades, se registran unos 10.661 empleados adscritos a sus convenciones.