Imagen con fines ilustrativos. Archivo.
Sin importar si son analizadores de saliva o las pruebas de sangre, los procedimientos para presentar la prueba en contra de conductores borrachos todavía es débil, y para ello es necesario hacer una reforma, necesaria para el fiscal general, Jorge Chavarría, y que ya está en camino, según el viceministro de Transportes, Sebastián Urbina.
La conclusión del análisis de ambos funcionarios es que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt) no tiene las capacidades que le exige la Ley actual.
La propuesta del Mopt es que las alcoholemias de aliento sean suficientes para estos casos, que según Urbina, sí lo son; mientras que el Fiscal considera necesario que el Poder Judicial asuma la prueba de sangre o que se pague a peritos que custodien la muestra de sangre.
Desde que entró en vigencia la Ley de Tránsito en 2012, se obligó al Mopt a contar con sus propios laboratorios para el análisis de pruebas de sangre que constaten el consumo de alcohol. Tres años después, el Mopt no ha podido con esa voluntad de los legisladores, pues no cuentan con el equipo ni personal técnico para esos efectos.
La Caja Costarricense del Seguro Social (Ccss) asumió la toma de la prueba de sangre de los sospechosos, pero los procedimientos también son débiles, pues si bien se hace la toma de la muestra, los funcionarios médicos no fungen como autoridad y por lo tanto, un acusado puede alegar que la muestra de sangre pudo haber sido confundida por otra o un argumento similar.
Como vía alternativa, y ampliamente cuestionada, el viceministro de Transportes impulsa la adquisición de analizadores de saliva para sustituir la prueba de sangre, pero se enfrenta a una cantidad de limitaciones que tiene el dispositivo.
De acuerdo con el análisis que hizo una comisión de la Policía de Tránsito cuando se analizaron las ofertas de las empresas que participaron en el concurso que se declaró infructoso por un “error de redacción”, se cuestionó el poco tiempo que permanece el resultado en la prueba, el margen de error y la falta de emisión de un comprobante que pudiera llevarse ante un juez.
Un alto en el camino
Pese a que el Mopt aún no ha adjudicado la compra de los analizadores, el Fiscal recomienda al Ministerio hacer un alto en el camino y ofrece su colaboración para hacer una propuesta de reforma de Ley que satisfaga la voluntad de los legisladores de sancionar penalmente a los conductores ebrios.
Para Chavarría, no es viable utilizar los analizadores de saliva como prueba ante juez, pues no tiene la precisión de un análisis de sangre, y en estos casos, aun se trate de un margen de error pequeño, puede significar la condena o liberación de un conductor. En definitiva, aseguró, este procedimiento pone en peligro los casos penales que involucren un chofer ebrio.
Para el Fiscal tampoco es válido que el viceministro argumente que los oficiales tienen fe pública para llegar ante un juez y asegurar que el conductor iba borracho o no, en ausencia de la prueba.
El Fiscal también cuestionó el proceso de la toma de muestra de sangre por entes no autorizados o que no cumplan con los protocolos judiciales, como lo son los laboratorios médicos actuales, aunque aclaró que no está desacreditando la labor de estos funcionarios, solo que no es suficiente.
Por eso, la propuesta de la Fiscalía es que se acrediten peritos especializados para la toma de sangre y que se libere al Mopt de la toma de muestra de sangre y que se le otorgue recursos al Organismo de Investigación Judicial para asuman el protocolo por medio de una Ley.
Mientras Urbina se enfrenta a estos cuestionamientos, el viceministro seguirá adelante con la propuesta, y así es como lo defiende: