(Imagen tomada del informe de la Defensoría de los Habitantes. Clic para ampliar).
Que una persona espere 5 años para ser atendido solo por burocracia, que personas mueran estando en listas de espera o que en algunos sitios del país se cuente con especialistas pero no las herramientas que ellos necesitan para trabajar, son solo algunas de las constantes denuncias que llegan hasta la Defensoría de los Habitantes.
Los hechos denunciados relacionados con violaciones al derecho de la salud, se pueden agrupar en tres: denegación, deficiencia o mal trato en la prestación del servicio de salud; violación de los derechos del paciente; y en acciones u omisiones que atenten contra la salud preventiva y la inmunización.
En el reporte del ente defensor, se critica la burocracia de las instituciones en algunos procedimientos; además, la falta de planificación de la Caja. Estas situaciones llevan a la población a utilizar la vía administrativa y judicial para defender su derecho y recibir la atención que requieren.
Burocracia: Adulto mayor esperó 5 años para recibir atención
Un habitante acudió en defensa de su padre (un adulto mayor de 67 años) quien desde el 2009 había sufrido un bloqueo en el colon. Por esto se le practicó una colostomía en el hospital San Juan de Dios.
Sin embargo, desde esa fecha se le indicó que pasados ocho meses debía acudir nuevamente al centro médico, para el retiro de la bolsa adherida a su estómago donde se recolectaban las excretas.
Transcurridos 5 años y dadas las gestiones de la Defensoría, la persona pudo recibir el tratamiento médico. En este caso la persona había presentado un Recurso de Amparo que había sido declarado sin lugar.
En dicho periodo, se le había llamado en cuatro ocasiones para la realización del procedimiento pero era requerido en horas de la mañana para que se presentara en el centro médico dos o tres horas después para su internamiento en ese hospital.
En la última oportunidad recibió llamada telefónica al medio día y se le solicitaba estar en el Hospital San Juan de Dios a las 2:00 p.m. El afectado perdía la oportunidad de ser intervenido ya que era oriundo de Golfito; es decir, tenía dos horas para recorrer los aproximadamente 330 kilómetros que lo separaban de San José.
En todas las oportunidades en las cuales fue llamado por el hospital, la persona hizo saber el impedimento existente para su llegada. Además, el lugar de domicilio del paciente se encuentra registrado en los expedientes médicos.
Por estos hechos solicitó la intervención de la Defensoría que requirió al Hospital presentar un informe detallado. Estas gestiones tuvieron resultado puesto que el hospital finalmente otorgó un plazo de 24 horas para la llegada del paciente al centro médico en fecha programada (agosto 2014).
El día programado, un funcionario de la Defensoría dio seguimiento al paciente hasta que se realizó el procedimiento médico.
Listas de espera, falta de especialistas para atender a la población, violencia obstétrica, dudas en cuanto a la calidad de cirujanos plásticos, son las quejas recibidas.
En cuanto al tema de listas de espera, el ente defensor advirtió que si bien la irracionalidad y desproporcionalidad de las mismas han sido atribuidas a una inadecuada gestión de los recursos y ligada a una inadecuada planificación, la ausencia de un enfoque en derechos humanos ha tenido también incidencia en esta problemática.
Por esto, la defensora, Motserrat Solano Carboni, hizo un llamado a las autoridades a que atiendan esta problemática más allá del objetivo de reducir un número y busquen el “rostro”.
Como ejemplo, en el informe de labores de la Defensoría del 2014, se menciona el sonado caso de las listas de espera en cateterismo cardíaco en el hospital México.
Allí el ente defensor advierte su preocupación, ya que la Caja está proponiendo “soluciones coyunturales a problemas estructurales”.
“Si bien son propuestas que posiblemente en el corto y mediano plazo tendrán resultados positivos, de tal forma que las listas de espera sean disminuidas; es importante lograr la ejecución de medidas constantes y consistentes que atiendan los problemas estructurales que dan origen a la problemática y que, salvo situaciones especiales, garanticen que las listas de espera en un plazo determinado no se volverán desproporcionadas nuevamente”, advierte el informe.
De acuerdo con la Defensoría, en el primer cuatrimestre del 2013, la Caja presentó una propuesta para el abordaje de las listas de espera en las áreas de cirugía; sin embargo, con el cambio de Gobierno el proceso se “estancó”.
“Posteriormente no ha existido mayor avance en la temática, explicado en parte por el período de transición de Gobierno que significó una demora en el proceso. Para este año 2015, la Unidad Técnica de las Listas de Espera (Utle), informó que se está a la espera de la elaboración de un portafolio de proyectos en materia de listas de espera a ser ejecutados en el plazo de cinco años, de ahí que la Gerencia Médica presentara en este mismo año, ante la Junta Directiva de la CCSS una proyección de trabajo en el tema a fin de que se proceda a su ejecución”, detalla el informe.
“El Plan tiene tres líneas de trabajo: cateterismos, cirugía cardiaca en el Hospital México y, cirugías vespertinas en las especialidades de oftalmología, ortopedia y cirugía en general. Ya que el Estado ha retomado el análisis de propuestas para una mejor gestión en materia de listas de espera, se visualiza como un momento oportuno para que la Defensoría forme parte de este proceso aportando su enfoque en derechos humanos en el tratamiento de esta temática como asesor y garante del mismo, ofreciendo así criterios para la toma de decisiones por parte del Estado”, insta el reporte.
Especialistas
En el tema de especialistas, Solano advirtió que de nada sirve haber ampliado la cobertura, si hay una inadecuada planificación. Como por ejemplo lo evidenciado días atrás en el hospital Escalante Pradilla en Pérez Zeledón, en donde hay un TAC pero no se cuenta con el radiólogo.
(Imagen con fines ilustrativos. Archivo).
El informe destaca no solo la mayor cobertura en la distribución de especialistas sino que se consiguió cubrir regiones del país donde tradicionalmente no alcanzaban ser asignados, como en el pasado fueron los hospitales Tony Facio (Limón), el de Guápiles, el de Ciudad Neilly y el de Golfito.
“No obstante lo anterior, la formación de especialistas no impacta necesariamente en el acceso, la disponibilidad ni la calidad de los servicios, ya que aunado a ello se requiere de un recurso humano de apoyo, infraestructura y equipamiento, para incidir positivamente en la capacidad instalada de las distintas unidades o redes de servicios. De tal suerte, que la planificación de este proceso debe darse en consonancia con la toma de decisiones en otros espacios”, advierte la Defensoría.
El derecho de parir
La Defensoría, en su reporte, comenta como casos de violencia obstétrica los traslados que se realizan de las mujeres de zonas alejadas a hospitales urbanos sin las coordinaciones respectivas, el trasladar varias mujeres en ambulancias pequeñas, sin dispositivos de seguridad y durante horas, sin información de su historial clínico, entre otros.
Seis embarazadas de tour buscando hospital para ser atendidas
Allí no fueron recibidas; por lo que fueron llevadas al hospital Max Peralta de Cartago, donde tampoco las recibieron y finalmente, al hospital William Allen, de Turrialba.
Tras seis horas de viaje, por fin las recibieron.
En la investigación de este asunto se informó a la Defensoría que los traslados se realizaron a todos esos hospitales debido a que el servicio de Gineco-Obstetricia del hospital de Limón cuenta únicamente con dos especialistas en ginecología, número insuficiente para atender la demanda.
La Gerencia Médica de la Caja informó que si bien el hospital Calderón Guardia es el centro médico de referencia del hospital de Limón, debido a la saturación de servicios que presenta ese centro médico, determinaron el traslado de las embarazadas a término hacia el hospital de las Mujeres y que para no afectar los servicios que se brindan allí se habilitarían las salas de maternidad y partos ubicadas en el Centro de Atención Institucional de Salud (CAIS), ubicado en Desamparados.
Sin embargo, en inspección realizada en el CAIS de Desamparados el 18 de febrero de 2015, se constató que a esa fecha no estaban funcionando las salas de maternidad y partos.
En este tema además de pedir informes a centros médicos, se recomendó al Instituto Nacional de la Mujeres (Inamu) velar por el respeto de los derechos humanos de las usuarias del hospital de las Mujeres, mediante la realización de actividades de sensibilización y capacitación dirigidas al personal de manera que se garantice el trato humanizado que incida en la calidad del servicio especializado que brinda ese nosocomio a las mujeres.
Propone poner en “regla” cirugías plásticas
En cuanto a la práctica de la medicina estética y la cirugía cosmética, el informe señala que “sobrevive un intrusismo médico debido a la falta de regulación y reconocimiento formal” de esta medicina.
Considera importante delimitar los campos de actuación, debido a que un médico que no haya tenido una formación quirúrgica y no la acredite de manera correcta, no puede ni debe efectuar una intervención quirúrgica.
“Así, los cirujanos estéticos que se anuncian como tales son intrusos, porque dicha titulación no existe como tal; la única reconocida en Costa Rica es la de cirujano plástico y reparador”, dice el reporte.
Además, menciona la necesidad de que el Colegio de Médicos y Cirujanos y el Ministerio de Salud desarrollen un plan para el público sobre el derecho a la información de los pacientes que se realizan estos procedimientos.
También, recomienda a la Caja crear un protocolo único y estandarizado para el registro de los casos por complicaciones médicas atendidas por tratamientos médicos estéticos, plásticos y reconstructivos realizados en el sector público y privado con el fin de llevar adecuadas estadísticas; ya que actualmente no hay registros.
A la cartera se le sugiere emitir un decreto ministerial para que los hospitales privados que realizan estos procedimientos conformen comités de ética clínica que asesoren y emitan recomendaciones a los médicos y profesionales sobre los casos que le son referidos.