Las empresas de servicio especial estable de taxi (seetaxi), conocidos como “porteadores”, llevaron a tribunales la decisión del Consejo de Transporte Público (CTP) de renovar solo la mitad de los permisos de sedanes y de no renovar los permisos de busetas.
Así lo dieron a conocer este jueves en conferencia de prensa los transportistas, luego de una reunión que se mantuvo por tres horas con autoridades de gobierno y con la mediación de la Defensoría de los Habitantes.
Dos empresas de “porteadores” (Carolina y Unaporte) pidieron al Tribunal Contencioso Administrativo que se suspenda temporalmente la decisión del CTP.
Además, se solicitó al Tribunal Administrativo de Transporte (TAT) que se anule la decisión del CTP y una medida cautelar mientras se resuelve por el fondo la denuncia. Este tribunal es el “árbitro” entre el CTP y el sector regulado.
Este jueves, los transportistas presentaron un recurso de revocatoria ante la junta directiva del CTP para que se suspenda la decisión. Uno de los acuerdos de esta última reunión fue el compromiso para que la junta conozca el recurso la próxima semana.
Ante estas instancias se plantearon al menos dos recursos: uno por los vehículos sedanes y otro por las busetas, pues se tratan de acuerdos distintos.
El viceministro de Transportes, Sebastián Urbina y la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga aseguran que no está dentro de las potestades del CTP suspender la decisión, mientras se analiza el recurso.
Por ello, Urbina aseguró que mientras estos recursos se analizan la decisión siguen en firme, lo que deja a la mitad de los transportistas en una situación de ilegalidad y podrían ser sancionados por la Policía de Tránsito.
Pese a las declaraciones del viceministro, el dirigente del gremio, Byron Marcos indicó que Urbina se comprometió a no perseguir directamente a los porteadores mientras se resuelven los recursos.
Acuerdos
Los “porteadores” y el gobierno iniciaron un proceso de diálogo este miércoles, luego de 15 horas de bloqueos a nivel nacional.
Fue necesaria la intervención de la Defensoría e los Habitantes para que las partes se sentaran a negociar un acuerdo que concluyó en una tregua de no bloqueos de calles.
Además, la asesoría jurídica de Casa Presidencial se comprometió a analizar la decisión del CTP y el criterio de la Procuraduría, pese a que el CTP sostiene que están en lo correcto. Este análisis se finalizaría el 30 de julio, plazo hasta el cual se sostiene el compromiso de no hacer bloqueos.
Este jueves se realizó otra reunión en la Defensoría de los Habitantes en la que se acordó el análisis pronto del recurso y se ratificó la voluntad de no ir a las calles.
Sin embargo, los “porteadores” aún no se convencen de los argumentos del CTP, por lo que se desconoce qué pasará luego del 30 de julio y si el criterio de Casa Presidencial cambiará la posición del CTP o provocará, nuevamente, la molestia de los transportistas.