(Imagen ilustrativa tomada de elitemedical.com.mx).
Impotente, frustrante y preocupante. Con esas tres palabras describió la viceministra de Salud, María Ester Anchía, la manera de sentir de su cartera al no poder sancionar ni cerrar establecimientos en los que se ofrecen tratamientos para rehabilitación de menores.
El Ministerio tienen en la mira al menos unos 14 centros que operan y ofrecen estos servicios de “rehabilitación de adicciones” de forma irregular.
El problema recae en que unos son “escurridizos” (mudan de sede o cambian de nombre para no ser atrapados) y en que otros que han podido encontrar, al realizar las respectivas inspecciones, cuentan con los permisos para funcionar como hoteles y alegan que sus huéspedes se someten de manera “voluntaria” a dudosos tratamientos.
“Ha sido muy difícil para nosotros encontrar evidencia en el manejo irregular de centros o albergues que tienen permisos de funcionamiento como hoteles pero que están funcionando u operando -aparentemente- más allá de un simple albergue; porque las personas no quieren dar información”, comentó la Viceministra.
“Esta es una situación muy preocupante, porque lo deja a uno atado de manos. Hemos pedido ayuda al Ministerio Público, porque el Ministerio de Salud tiene limitaciones para intervenir, de modo que podemos girar una orden sanitaria pero generalmente tiene que ver con aspectos físicos sanitarios o que tengamos identificado la actividad que tiene ese centro entonces uno va y revisa si están a derecho, si cumplen con todos los requisitos no podemos hacer más”, admitió.
Por ejemplo, el caso del centro de Guanacaste en el que murió una extranjera el año pasado, tras aparentemente ingerir ibogaína como tratamiento en un centro de rehabilitación. De momento la causa que se sigue es contra un imputado ignorado (es decir, todavía no hay un imputado individualizado).
Así lo informó la Fiscalía Adjunta de Liberia que mantiene una investigación bajo la causa 14-1074-060-PE con la que se investiga el homicidio culposo de una mujer de nacionalidad noruega que falleció en el centro Iboga House, el 30 de mayo del 2014. En el sitio donde operaba ese centro hay hoy otro establecimiento que opera con otro nombre y ofrece tratamientos contra las adicciones.
La Fiscalía espera una ampliación del informe que realiza el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ya que tras la autopsia que se le realizó a la mujer, junto con la pericia de toxicología, se determinó que la muerte no fue por causa natural, sino que se pudo ocasionar por la ingesta de un fármaco de ibogaína.
“Los otros han desaparecido, por ejemplo el de Hacienda Pinilla, el informe que tengo es que desapareció. No pudimos identificar el lugar, el centro de operación y cómo lo están haciendo. Otros se anuncian por internet pero no los encontramos y si no es por denuncia de la población no nos enteramos, porque son centros que están operando como hoteles”, confesó Anchía.
“Resulta para mí frustrante. Es como los productos ilícitos que se venden por internet; uno lo que hace es advertir a la población del riesgo de los productos y pedir que revisen el registro sanitario”, añadió.
Ayunoterapia puso en riesgo a paciente
La jerarca comentó un caso que se dio en febrero, que ocurrió en un centro en Hojancha, Nicoya. Allí una persona requirió ser trasladada al hospital Cima tras sufrir una deshidratación severa luego de practicar la “ayunoterapia” para “purificar el alma”.
Perfil de quienes buscan estos servicios
Según Anchía, en su mayoría se trata de turistas extranjeros, que por medio de internet encuentran el sitio; o a través de conocidos que ya han venido y recomiendan los centros de rehabilitación.
Otros vienen exclusivamente porque les venden un paquete y de paso les ofrecen terapia.
Buscan estar cerca de la biodiversidad, la paz y la tranquilidad que Costa Rica ofrece.
Luego de que ese centro médico advirtiera al Ministerio de Salud la situación, la cartera puso la denuncia ante el OIJ y acudieron al sitio.
“Las últimas dos visitas que hicimos a ese centro en Hojancha es con el OIJ y la información de los funcionarios de Salud es que las declaraciones de los inquilinos señalan que se someten al tratamiento por voluntad propia, que ellos son libres de hacer con su vida lo que ellos quieran y que no puede el Ministerio de Salud decirles si está bien o está mal”, aseguró la Viceministra.
Imagen con fines ilustrativos. (Archivo CRH).
“Cuando le preguntamos que si siguen algún tratamiento dicen que sí, que están en ayuno; pero que lo hacen por su propia voluntad, que vienen a Costa Rica porque aquí hay una biodiversidad, un ambiente propicio para venir a descansar acá y que ellos se someten voluntariamente. Entonces no se pudo obtener la colaboración de ellos para poder intervenir ese centro y hasta ahí llega la actuación del Ministerio de Salud”, agregó.
“Me siento como impotente por eso pedimos ayuda al Ministerio Público. Es complicado”, reconoció.
Según la Viceministra, cuando se realizaron esas dos inspecciones el sitio cumplía todos los requisitos que un hotel necesitaba para operar, y como no se pudo evidenciar alguna actividad ilícita, no se puede sancionar.
Deben monitorear
Además de la solicitud de colaboración al Ministerio Público, Anchía comentó que se ha dado instrucciones a las Áreas Regionales.
“La directriz que se le ha dado a las Áreas Rectoras y Directores Regionales es que se les esté dando seguimiento a estos centros; o por lo menos que la lista que tenemos la estén indagando a través de internet para nosotros identificarlos a tiempo”, comentó Anchía.
De acuerdo con el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (Iafa), en el país hay 76 centros aprobados para funcionar en el tratamiento de las adicciones.
Cuando hay algún centro, institución o programa que labora sin la acreditación del Iafa se procede a denunciar ante el Ministerio de Salud.