Foto Archivo CRH
Los empresarios de los sectores comercial e industrial del país, los mayores empleadores del país, hacen un llamado al Gobierno para que ponga orden en los salarios y privilegios que se otorgan a los empleados públicos, de manera que no se conviertan en cargas para el erario.
Desde hace varias semanas han trascendido las planillas de varias instituciones públicas del país, en las que se detectaron inconsistencias en los puestos asignados y altos salarios para un porcentaje amplio de los empleados.
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A juicio del sector empresarial, en muchos de esos casos la asignación de beneficios salariales se ha concedido sin que haya un análisis que determine la retribución para la sociedad.
Esta práctica es calificada por el sector como uno de los disparadores del gasto gubernamental, lo que favorece el crecimiento del déficit fiscal, debido a la inflexibilidad de los salarios y la equiparación entre ministerios y entes autónomos.
“En instituciones como Recope y el ICE los salarios y privilegios impactan en los costos y llegan a las tarifas. Esto afecta la competitividad de la industria y el empleo”, manifestó Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias.
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Empero, el empresario aclaró que el sector privado no ha tratado de “satanizar” a todos los funcionarios públicos, pues algunos podrían no estar bien retribuidos mientras otros reciben excesos.
“Hay funcionarios que no están bien remunerados, pero hay otros a los que se les ha concedido beneficios adicionales a lo largo del tiempo que no se otorgan con base en la eficiencia”, dijo Egloff.
Reforma necesaria
Para Mario Montero, vicepresidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia), la exposición que ha hecho la prensa sobre los salarios del sector público, solo ha confirmado la necesidad de una reforma que permita eliminar los disparadores del gasto.
“El problema del déficit fiscal no es por la falta de ingresos, sino que el mayor porcentaje está en la parte de salarios y pensiones. Se disparan de manera inercial por los sistemas de pluses salariales”, indicó el representante empresarial.
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Montero opina que la condición actual de los salarios viene de Administraciones pasadas, que los elevaron de manera insostenible.
“Es la suma de decisiones que no son sostenibles en el largo plazo”, dijo, insistiendo en que muchos de esos privilegios se traducen en costos más altos para los usuarios.
Es por esto que los empresarios ven con recelo la negociación para nuevos impuestos o reformas de los existentes, sin que antes haya una verdadera reforma en el empleo público.
“Todas las instituciones públicas tienen la obligación ética de ser ejemplo de austeridad y uso eficiente de los recursos. Es momento de evitar el despilfarro estatal, principal contribuyente al déficit fiscal”, expuso Francisco Llobet, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica.
Ejecutivo tratará de ordenar sistema
Ante el nuevo conflicto surgido en torno al empleo público y altos salarios en el aparato estatal, el ministro de Trabajo, Víctor Morales, recordó que ya existen espacios institucionales para analizar el tema. Por un lado está el Poder Ejecutivo, con el régimen de Servicio Civil.
Por otro lado en el “archipiélago” están las instituciones autónomas y las universidades. Así que destacó la necesidad de ordenar procedimientos desde la Comisión del Gobierno en el campo. El jerarca avala limitar los salarios de lujo.
Morales mostró preocupación por altísimos salarios, incluso en trabajadores que no lo ameritan. Pero señaló que los problemas se dan más en instituciones autónomas, por lo que resaltó la importancia de las acciones en materia de convenciones colectivas.
El Ministro insistió que no es un discurso, sino acciones para lograr cambios en esas onerosas convenciones, que permiten amplios beneficios a muchos empleados del Estado. Ya se han logrado cambios en el acuerdo gremio-patrono en Acueductos y Alcantarillados, el Instituto de Desarrollo Rural y otros. Mientras tanto se analiza el de Japdeva y Recope.
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Actualmente en la Asamblea Legislativa se discuten dos proyectos de ley. Uno de Otto Guevara sobre empleo público, que incluso define un salario único. Mientras que Sandra Piszk se concentró en regular pluses salariales, que pueden variar abismalmente de una entidad a otra.
Víctor Morales se concentra en el trabajo del Ejecutivo, pero espera que el Congreso avance en sus propuestas.