El rector Henning Jensen, el director de la Oficina de Recursos Humanos Carlos Arrieta, el director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas y el secretario del Sindicato de Empleados Raúl Rojas insistieron que la información de Sicere es errónea. (CRH)
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) negó que manipule los datos aportados en las planillas de los patronos. Ante la discusión sobre la publicación de salarios de funcionarios del ICE y la UCR, la institución recalcó que la información la remiten las propias entidades, tal cual fue dada a conocer.
Desde finales del 2014 y de nuevo este año, el diputado Otto Guevara inició publicaciones de las remuneraciones a los trabajadores de la Universidad de Costa Rica (UCR), basado en los datos reportados al Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la Caja.
El esquema de pagos genera diferencias de hasta 1000% en puestos iguales. Las autoridades respondieron en aquel momento que algunos salarios mostraron un monto mayor, pues hubo pagos retroactivos.
El director de Sicere, Rónald Lacayo, aseguró a crhoy.com que la información contenida en la plataforma es la que los patronos reportan. “Habría que consultar a esas entidades por qué existen diferencias entre lo que ellos le reportan al Sicere y sus propios registros”, dijo.
Según explicó el funcionario, la CCSS no define los puestos u ocupaciones que reportan los patronos. Para eso se trabaja bajo Manual de Ocupaciones, existente desde el 2009. Es el patrono quien selecciona la ocupación afín al puesto que desempeña el empleado.
En cuanto a la categoría salarial, el Sicere registra la información reportada por los patronos. El único parámetro que contiene en materia de salario es el conocido como salario mínimo de cotización, que hoy es de ¢183.760. Más del 80% de los patronos hacen los ajustes en línea.
Cambios o ajustes en puestos
(Archivo CRH)
De acuerdo con la operación de la Caja, si una institución o empresa tiene un puesto que no coincide con lo existente en el Manual, debe ajustarlo a la ocupación más cercana que se indique.
El Sicere no efectúa un levantamiento de información. Para el cambio existen dos posibilidades: actualizar la información en línea mediante la Oficina Virtual de Autogestión de Planilla o mediante el envío de archivos.
En el primer caso el patrono actualiza directamente su información en la base de datos del Sicere y en la segunda se carga a la base de datos la información generada por los patronos. Lacayo afirmó que es difícil que no se encuentren los puestos en el Manual, que cubre toda la gama.
De hecho, señaló que en el pasado han llegado pocas solicitudes de modificaciones. Recientemente solo llegó un caso del Colegio de Microbiólogos, la cual procedió a un estudio, según recordó el Director.
Hace una semana, el rector de la UCR, Henning Jensen, defendió enfáticamente que hubo información equívoca, que ciertas categorías no existen y que se buscó una difamación. Ante la publicación, el jerarca aseguró que hubo un intento fallido de aproximación.
Jensen insistió que la planilla es dinámica, que muestra cambios de un mes a otro. En la intensa reacción de la UCR, el director de la Oficina de Recursos Humanos, Carlos Arrieta, agregó que la planilla de la entidad es sumamente compleja, sin haberse referido a la definición de los puestos existentes.
Pero Rónald Lacayo del Sicere no ve problemas en homologar, pues la institución puede simplemente buscar el puesto que se aproxime, pero reiteró que la Caja no cambia lo reportado.
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Información no aclara, faltan datos abiertos
Tanto Otto Guevara, como Antonio Álvarez y Rolando González piden que se hagan públicos todos los salarios. (Archivo CRH)
Tras la información del año pasado, desde hace unas semanas Otto Guevara volvió a cuestionar los gastos y añadió publicaciones de los salarios nuevamente de la UCR y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), con salarios millonarios para trabajadores como un chofer, un cocinero o un telefonista.
Además en la UCR un caso de un oficial de tránsito, con un salario de más de ¢2 millones o la existencia de un acomodador de cine.
Como parte de su reacción, la UCR aportó la planilla de junio, en un archivo Excel que muestra más de 9.000 puestos – sin nombres ni apellidos – agrupados en categorías más generales como “profesor catedrático”, “trabajador operativo”, “profesional A”, or mencionar algunos.
Dicho listado no tiene los detalles para identificar todos los cargos, aunque si señala el tiempo laborado del individuo sin nombre. En el documento no aparecen cargos como choferes, conserjes u oficiales de tránsito.
Por su lado el ICE aún ni siquiera reporta una planilla y más bien la emprendió por la vía judicial, tras la publicación de los salarios de los funcionarios del Instituto, de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y de Radiográfica Costarricense.
El ICE así como la Compañía interpusieron un recurso de hábeas data ante la Sala Constitucional en contra de Guevara, así como el Sicere e incluso este medio. En el pasado, el tribunal señaló que los salarios son datos de interés público.
Sala avala dar la información
En la resolución No. 20140040037 del 21 de marzo de 2014, expediente 13-012328-0007-CO indica, con relación a la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales que “(…) el interés público de la información solicitada por el amparado – el monto del salario de los funcionarios – se mantiene incólume.
Dicha información no puede ser catalogada como dato personal de acceso restringido (…) En el caso del salario de los funcionarios públicos, la información trasciende el interés de su titular y de la Administración Pública, pues también es del interés del administrado conocer el uso y destino de los fondos públicos (…)
Está claro que suministrar tal información implica irremediablemente indicar a qué funcionario en concreto, debidamente identificado, le es asignada determinada remuneración, es decir, quién de manera precisa recibe cierto salario”.
La Sala Constitucional indicó también, en la sentencia número 2008-13951 de las nueve horas con veinte minutos del 19 de setiembre de 2008, que “(…) El derecho a la intimidad, contenido en el artículo 24 de la Constitución Política, es un límite extrínseco del derecho de acceso a la información administrativa, en este caso no es oponible, pues los datos exigidos no son de aquellos que se pueden calificar como sensibles (…) su entrega no implica una intromisión excesiva”.
Mientras sindicatos y también autoridades se unen y acuerpan para atacar las publicaciones e incluso asegurar que hay una malgiversación, Otto Guevara criticó que hay ignorancia en cuanto a que es el mismo ICE y la UCR quienes reportan al Sicere. Por eso urgió a legislar y aportar más información.
Planilla facilitada por Rector en archivo Excel