El Banco Popular ha tardado años y pagado millones de dólares por el sistema informático, que aún no se concreta. (CRH)
Han pasado más de tres meses y tres semanas desde que el Banco Popular lanzó su nueva plataforma web, que debía resolver un dilema de más de 20 años. Pero a estas alturas y tras varios pagos millonarios, el sistema informático aún no satisface a la entidad, aunque ya se pagaron más de $7 millones por él.
Al menos no lo satisface como para darle el visto bueno completo, pero sí para realizar el pago por la primera etapa contemplada en el contrato con la empresa estadounidense Temenos: la de implementación. Esto se avaló, aunque las quejas de los clientes se mantienen todos los días.
El pasado 8 de julio crhoy.com consultó al Banco si dio el “recibido conforme” a la Solución Integral Bancaria (SIB) o Core System, es decir la aceptación del producto a satisfacción. Más de dos semanas después la Oficina de Comunicación de la entidad respondió que “el contrato aún está en ejecución y el Banco no ha recibido conforme”. Aunque se consultaron las razones por las que no da el recibido, la pregunta fue evadida y quedó sin responder.
Sin embargo a pesar de que no hay un recibido global, el primer pago por la solución tecnológica sí se hizo. Según el contrato esta se debe cancelar en dos tractos, por dos etapas en el proceso. La primera corresponde a la finalización de la etapa de Implementación y la segunda a la etapa de Post-implementación.
La Oficina detalló que en junio pasado el Banco canceló a la empresa Temenos la suma de $2.860.074,92 por los servicios entregados en la primera etapa. El pago quiere decir que la implementación habría sido exitosa, sin embargo aún hay quejas.
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Plazos superados y cambios de contratos
El gerente general del Banco Popular, Geovanny Garro, en una conferencia en mayo. (Archivo CRH)
Para conocer el detalle de pagos, el Banco remitió a este medio a la adenda 5 del contrato – la última que se dio en más de siete años y firmada en junio del 2014 -. La misma estipuló que el plazo de entrega de la solución conforme los términos de dicha modificación es de 13 meses contados a partir del 2 de junio del 2014.
A pesar de que no calzaría el plazo, en su respuesta la institución alegó que “el proyecto se ejecuta de acuerdo a la planificación. Al ser un contrato en ejecución puede sufrir los ajustes que permita el ordenamiento jurídico, dentro de los parámetros normales y no existiendo afectación en la operativa del Banco ni en las transacciones de nuestros clientes”.
La adenda subdividió dicha entrega en dos “sub-fases” como se mencionó anteriormente. El primer pago se daría finalizada la etapa de personalización (pactada para nueve meses) y el segundo una vez finalizada la post-implementación pactada en tres meses.
Los contratos también variaron de montos. El de adquisición e implementación se definió en $13.631.158,59. Mientras que el de mantenimiento se dejó en $8.712.992,86, también casi $2 millones menos del original, por el hecho de que no se pagara por el módulo de crédito o colocación, el octavo en la contratación original.
Según lo han dicho distintas autoridades – el expresidente del Banco Francisco Antonio Pacheco y el actual gerente, Geovanny Garro – antes de junio se habían pagado $4 millones solo por el hardware.
Esa estimación mencionada en el pasado se puede equivaler en la adenda, que para llegar al nuevo monto del contrato recuenta tres pagos:
- de $3.892.636,20 por el “primer 20% de la Etapa I Personalización de la SIB realizado el 30 de setiembre del 2008;
- de $186.600 por el primer pago del 27 de setiembre del 2008, correspondiente al 20% de la adenda número 3.
- y uno que describe como rubro a deducir de $406.016,69, que es el primer pago de la adenda 4 según a factura N°65100450 por entrega de hardware y software base.
Es decir sumando los tres montos ($4.485.252,89) y sumando el pago de junio ($2.860.074,92), lo pagado hasta el momento por el Banco Popular son $7.345.327,81, lo cual representa el 54% del total del primer contrato. Pero aún así, la Oficina de Comunicación Corporativa aseguró que no se ha recibido conforme…
Quinta adenda de junio del 2014.Denuncia ante la Contraloría y Defensoría
Carlos Manuel Vega, del Sindicato Unión de Profesionales, Técnicos y Similares del Banco Popular (Unprobanpo), señaló que presentaron una denuncia por posibles anomalías en esta contratación, ante la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes. En el pasado los gremios han llamado la atención sobre el tema, que en el 2012 se intentó conocer en el Congreso.
Vega señaló que piden investigar situaciones que podrían tener algún tipo de violaciones. El Sindicato aportó información al ente contralor, por “las posibles irregularidades en la parte de contratación administrativa”.
El líder gremial agregó que hace pocos días solicitaron información a la junta directiva, pues todavía tienen dudas alrededor de algo que calificó como “una nebulosa”.
La Unidad de Prensa y Comunicaciones de la Contraloría confirmó se recibió hace algunas semanas. Esta se trasladó al Área de Fiscalización de Servicios Económicos para el Desarrollo de la CGR “para su incorporación en la agenda de estudios de fiscalización”.
En la fase de pruebas se encontraron errores, pero estos fueron desestimados pues estaban dentro de “lo manejable” por la entidad.
Dos contratos, cinco adendas, rechazos de la Contraloría: más de siete años
La Contraloría analiza una demanda interpuesta por el sindicato Probanco. (Archivo CRH)
Esa última adenda del 2 de junio del 2014, se hizo para disminuir el objeto contractual, y es en esta donde se determinaron los montos que se deberán pagar finalmente.
Dicha modificación se definió el precio del primer contrato en $13.631.158,59, que es más de $6.000.000 menor al monto original. Pero también se agregaron nuevos costos. (Ver línea de tiempo debajo.)
De acuerdo con el documento de la adenda “se consideró realizar un primer pago del 41% una vez finalizada la etapa de personalización y un pago final por el monto correspondiente al 59% restante una vez finalizada la etapa de post-implementación”.
También se definieron multas en caso de atraso de la terminación de los siete módulos y otros desarrollos, de 1% por cada día natural de rezago y hasta un máximo del 25% sobre el monto del pago de cada uno de los pagos correspondientes de esas sub-fases. Esto aunque se deba aplicar la sanción más de una vez.
“Todas las ejecuciones por motivo de esta cláusula serán rebajadas de las facturas que se presenten a cobro por parte del contratista para cada uno de los pagos correspondientes”, señala la adenda. Si los atrasos fueran culpa de Banco no se cobraría la multa.
Al monto de $13.631.158,59 se le debe deducir una multa de $1.320.372,25, para un neto de $12.310.786,34.
El actual proyecto de la Solución Integral Bancaria acumula años de falta de concreción, desde que se iniciaron las actividades el 15 de abril del 2008, bajo dos contratos con la compañía norteamericana.
Desde entonces se le hicieron cinco adendas, tres modificaciones unilaterales y una ampliación adicional con permiso de la Contraloría. En estos se cambió el alcance, plazo y precio convenidos originalmente.
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Un tortuoso camino de décadas
En el 2007, la entidad perdió $11 millones en un fallido cambio, según informó en mayo de ese año, el diario La Nación. El proceso inició en 1995, cuando siendo gerente Gerardo Arauz Carvajal, se adquirió mediante compra directa un sistema.
En ese entonces, la Contraloría realizó un estudio el cual determinó que nunca operó según las expectativas pues se detectó que no era compatible con el sistema operativo que tenía el banco.
Por esto se perdieron $8,5 millones entre 1998 y el 2000 y otros $2,7 millones por costos entre 2003 y 2006, incluyendo pago de salarios, viajes al exterior, suministros y más. Desde ese momento se habló de un nuevo proceso de licitación, en el cual estaba Temenos, empresa contratada para el actual proyecto.
Pero el actual proceso también ha tenido deficiencias. En junio del 2013, crhoy.com informó que el Banco suspendió el proyecto del sistema informático, pues se había vuelto obsoleto.
El propio exgerente de la entidad financiera Gerardo Porras indicó en una nota a la Contraloría que si se ejecutaba en los términos del contrato actual “impactaría negativamente en sus intereses al no resultar provechosos en su totalidad”.
Posteriormente, el ente contralor rechazó la solicitud de cambios a los contratos y lo volvió a hacer, a pesar de la insistencia de la institución. Luego cambió el contrato, inició fase de ajuste y de pruebas este año.
