(Imagen con fines ilustrativos. Archivo CRH).
La mañana de este viernes, la Sala IV declaró inconstitucional el levantamiento al veto a la Reforma Procesal Laboral (RPL) que había firmado en 2014 el presidente Luis Guillermo Solís.
Ahora, la reforma deberá retornar a la Asamblea Legislativa.
El Gobierno ve con optimismo la resolución de la Sala Constitucional, y señala que es la oportunidad de enmendar la RPL, pulirla y lograr con los Legisladores se pueda modernizar un añejo Código de Trabajo.
Pero, ¿qué ambiente tenía esta reforma en la Asamblea?
Cuando el Presidente tomó la decisión de levantar el veto, acción que en su momento fue “alabada” por sindicatos y el Frente Amplio; provocó reacciones de crítica en el sector empresarial y las otras agrupaciones políticas (en diciembre, legisladores acudieron ante la Sala Constitucional para consultar la constitucionalidad del veto).
En aquel momento, los legisladores frenteamplistas habían acordado dar votos para la elección del directorio, en el que Henry Mora quedó electo como presidente del Congreso en la elección del año anterior, a cambio de revocar tres vetos; entre esos el de RPL.
¿Y ahora?
Luego de la resolución dada a conocer la mañana de este viernes, algunos legisladores reaccionaron.
El diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara, lo catalogó como una buena noticia.
“(…) La reforma del Código Procesal Laboral, entre otras cosas, permitía hacer huelgas en servicios públicos esenciales. Nos corresponderá ahora a los diputados tramitar las reformas a ese Código estrictamente relacionadas con el proceso laboral. Este tipo de logros valorizan la razón de existir de partidos como el Movimiento Libertario, que saben defender los intereses de los ciudadanos sobre los abusos del poder político y gremial”, aseguró Guevara.
El diputado socialcristiano Gerardo Vargas, criticó que el Gobierno se haya “dejado llevar” al levantar el veto.
“Pudimos haber salvado esta reforma, mediante un acuerdo razonable, pero el gobierno se dejó llevar por sus aliados del pacto (para elegir al directorio legislativo)”, posteó en su Facebook.
La diputada liberacionista y exministra de Trabajo, Sandra Piszk, aseguró que su agrupación seguirá impulsando la parte referente a los derechos laborales, que son urgentes.
“Una Administración no puede eliminar de esta manera decisiones tomadas por Gobiernos anteriores. De haberse aceptado este veto (así como otro que también la Sala declaró hoy inconstitucional) el país hubiese entrado en un verdadero caos jurídico”, comentó la Legisladora.
Archivo. (Imagen cedida por Presidencia de la República)
“En segundo lugar, se mantiene la prohibición establecida constitucionalmente de que las huelgas en los servicios públicos esenciales son prohibidas. Debe quedar claro que la huelga es un derecho constitucional que siempre hemos respetado, no obstante en dichos servicios, que están relacionados con la vida y la seguridad de las personas, no era aceptable. Vale la pena recordar, cuando Japdeva cerró los muelles el año pasado, el Presidente Solís sustituyó de inmediato a los trabajadores en huelga y puso a funcionar el servicio. Si la ley hubiera pasado, esta acción hubiese sido prohibida”, ejemplificó Piszk.
Sobre este último punto, la cartera de Trabajo había decretado la prohibición de huelga en servicios esenciales que lo que hacía era reglamentar y dar una guía a la Administración sobre qué hacer en esos casos. Este decreto lo firmó en diciembre, días después del levantamiento del veto por parte del Mandatario.
El decreto
“La legislación vigente dice con respecto a los servicios esenciales que hay una prohibición absoluta; sin embargo, la huelga se hace. Por lo menos durante este periodo siguiente de 18 meses (que es cuando se harán modificaciones antes de que rija la Reforma Procesal Laboral) queremos garantizar que se va a atender servicios en forma continua, a pesar de que haya una huelga”, había explicado en su momento el jerarca.
“Estamos diciendo a jerarcas: señores de la Caja de Seguro Social, ustedes que prestan servicios de salud tienen que ser proactivos en esta dirección para evitar que en determinado momento se suspenda un servicio. Estamos haciendo un protocolo, un procedimiento”, ejemplificó.
Morales había comentado que ese decreto significaba decirle a empresarios, a trabajadores y a la ciudadanía general que el país no se paralizará pese a movimientos de huelga y que la administración garantizará la prestación de servicios.
Posición de empresarios y sindicatos
Tras la decisión de la Sala Constitucional, los integrantes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) evidenciaron su satisfacción y aseguró que quien gana es el país.
De acuerdo con Rónald Jiménez, presidente de Uccaep siempre han estado a favor de algunos puntos y por eso también ven como una oportunidad para discutir el tema.
Por su parte, Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep) anunció que el próximo lunes realizará una conferencia de Prensa para anunciar su posición sobre este tema.