(Imagen con fines ilustrativos. Archivo CRH).
Realizar una reforma a la ley de Pensiones Alimentarias en el tema de restricción migratoria, es una de las dos propuestas que la Fundación Instituto de Apoyo al Hombre (Fundiapho) plantea.
De acuerdo con la presidenta de esa fundación, Eugenia Quesada, este martes presentarán la propuesta ante la Oficina de Iniciativa Popular; además, enviaron la sugerencia en una misiva dirigida al presidente, Luis Guillermo Solís.
Con esto, se buscan que sea un Juez el que pueda aprobar la salida del obligado, y así modificar el artículo 14 de la ley de Pensiones Alimentarias, que condiciona la salida con depósitos de mensualidades, o mediante la firma de la parte actora del proceso alimentario.
Artículo 14.- Restricción migratoria. Ningún deudor de alimentos obligado a pagar pensión alimentaria, podrá salir del país, salvo que la parte actora lo hubiere autorizado en forma expresa o si hubiere garantizado el pago de, por lo menos, doce mensualidades de cuota alimentaria y el aguinaldo.
“Nuestra propuesta introduce la posibilidad de acudir ante el Juez de Pensiones Alimentarias a solicitar la aprobación para salir del país, por razones trabajo, académicas, de salud, de estudio o diversión, que no superen los seis meses de estadía en el exterior. La solicitud se deberá resolver en un plazo máximo de 15 días”, explicó Quesada.
Centro especial y empleo
El otro cambio que proponen es crear un centro de aprehensión de obligados alimentarios. Este estará ubicado dentro de una zona franca creada especialmente para dar trabajo a esa población.
(Imagen con fines ilustrativos. Archivo CRH).
Para esto, asegura la fundación que se requerirá la modificación de un par de artículos de la ley de Zonas Francas y de la Pensiones Alimentarias.
“La idea es que los apremiados alimentarios descuenten su apremio en un lugar apropiado, pues no son delincuentes”, explicó Quesada.
Según la propuesta, al ingresar al centro se les dará la posibilidad de trabajar y si lo hacen su aprehensión no podrá ser mayor a tres meses.
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Al aceptar el empleo deberán autorizar que del salario que perciban se destine una tercera parte a los beneficiarios alimentarios.
Otra tercera parte al mantenimiento y gastos del Centro de Aprehensión, con el objetivo de que se mantenga en condiciones dignas; y el tercer tercio, será para el obligado alimentario.
“De manera tal que él puede enviar algo dinero a su segunda familia -si la tiene- o bien ahorrar para cuando salga de la detención poder pagar el canon alimentario fijado y poder subsistir”, detalló la Presidenta.
Quesada añadió que dentro de esta propuesta, tiene un papel relevante la posibilidad que prevé la Ley de Zonas Francas, a que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) capacite a los apremiados que deseen trabajar por una semana.
Esto beneficiaría a aquellos que se convirtieron en padres en la adolescencia y por ende no tener estudios superiores y mucho menos experiencia laboral.
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Por su lado las empresas instaladas en la Zona Franca Alimentaria, deberán comprometerse a mantener el trabajo a los obligados alimentarios, después de que finalice su detención.
“En realidad es una propuesta amigable, que beneficia a todas las partes involucradas y por eso esperamos que el Inamu lo apoye y los diputados lo estudien con responsabilidad y con voluntad de generar una respuesta más asertiva al problema alimentario y de desempleo y falta de capacitación de los obligados alimentarios”, instó Quesada.