
Expertos forenses recaban información en el Cocula, Guerrero, donde presuntamente fueron quemados los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos a manos de policías corruptos y miembros del crimen organizado. (EFE/Archivo)
Una investigación foránea e independiente sobre los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México desmintió este domingo la versión oficial, según la cual los jóvenes fueron incinerados en un basurero, en un caso que despierta la indignación internacional y pone en entredicho al gobierno.
“No existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula”, por lo que se debe continuar buscando a los estudiantes, indica el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que llegó a México hace seis meses.
En sus cerca de 500 páginas, el informe de la investigación independiente critica la inacción de las fuerzas federales que presenciaron los ataques y pone sobre la mesa un “elemento clave” que no ha sido considerado por la fiscalía: un autobús que pudo transportar droga al momento del ataque.
Estos cabos sueltos ponen en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya popularidad se ha ido a pique a raíz de este crimen que sigue despertando la indignación de las organizaciones de defensa de derechos humanos.
Para Amnistía Internacional, quedó “al descubierto la absoluta incompetencia y falta de voluntad del gobierno para encontrar y castigar a los responsables”.
El presidente mexicano reaccionó en Twitter asegurando que instó a las autoridades a que “tomen en cuenta los elementos aportados por el GIEI” y se analicen sus recomendaciones.
Alegando detentar una “verdad histórica”, la fiscalía mexicana concluyó el año pasado que la noche del 26 de septiembre de 2014 decenas de estudiantes de la escuela de maestros rurales de Ayotzinapa (Guerrero, sur) fueron atacados por policías locales coludidos con criminales en la cercana ciudad de Iguala, cuando los jóvenes tomaron a la fuerza autobuses para sus movilizaciones políticas.
Luego, los policías habrían entregado a los 43 estudiantes -conocidos por su beligerante ideología de izquierda- a un grupo narcotraficante, que los asesinó por sospechar que eran miembros de un cártel rival.
Siempre según la fiscalía, los cadáveres fueron incinerados durante al menos 14 horas en un basurero del cercano poblado de Cocula y arrojados a un río.