Milton Vargas muestra .CRH.
Los diputados Manrique Oviedo, Marielos Alfaro y Adonay Enriquez pidieron la destitución del oficial de cumplimiento de la Junta de Protección Social Roberto Carazo quien, según ellos, ocultó información a la Junta Directiva de la entidad sobre la necesidad de identificar a los compradores de lotería electrónica, para evitar la legitimación de capitales por medio del juego.
Los diputados realizaron una extensa investigación que además determinó que el funcionario no cuenta, aparentemente, con los requisitos para ocupar el puesto. Sin embargo, la solicitud de los congresistas quedó plasmada en un informe de minoría de la Comisión de Ingreso y Gasto Público que podría no conocerse en el Plenario.
De acuerdo con los planteamientos de los legisladores, Carazo recibió la solicitud de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) del Instituto Costarricense de Control de Drogas (ICD) sobre la necesidad de comprobar la identidad de los compradores y, de acuerdo con el informe, no dio aviso a la junta directiva.
La apreciación de los legisladores se desprende de lo dicho por la directora de la Junta Directiva de la entidad Lidieth Brenes Arguedas, quien en la sesión de la Comisión de Ingreso y Gasto Público del 4 de marzo indicó lo siguiente: “llama la atención que la nota de la UIF tiene fecha 12 de febrero de 2014 y fue recibida aparentemente por don Roberto Carazo el 18 de febrero y por la gerencia el 21. Por lo tanto, cuando se recibió al señor Carazo en la sesión de Junta del 25 de febrero, él conocía perfectamente el documento de la UIF y no se refirió a ningún tema de los ahí tratados, cuando el interés de algunos directores era precisamente esa materia”.
En dicha nota, la UIF solicitó a la JPS establecer los controles necesarios para identificar a los compradores de lotería electrónica, investigar a los compradores que apuesten sumas superiores a los 300 mil colones en un solo número, así como poner un tope a las apuestas.
El presidente de la Junta, Abundio Gutiérrez, indicó que dichos aspectos ya habían sido acatados y se estaban ejecutando.
Sin embargo, el diputado Oviedo afirmó que Carazo trató de obstaculizar el proceso para una pronta recopilación de los datos de los jugadores y ganadores de la lotería electrónica. “En esta misma sesión le demostré a don Roberto que no reúne los requisitos para ser oficial de nombramiento por no tener la preparación académica requerida, información que ya trasladé al señor Abundio Gutiérrez vía oficio de este Despacho”.
Entre las recomendaciones hechas por los congresistas está la destitución de Carazo de su puesto y el despido inmediato por “ocultar información de vital importancia para la Junta”.
En la sesión legislativa del 4 de marzo, Carazo indicó que “precisamente, esa nota a la que usted hace referencia, fue analizada con personeros de la Unidad de Inteligencia Financiera y del ICD, que estuvieron presentes en la Junta Directiva (…), y ahí se adquirió una serie de compromisos y se está trabajando en implementar las normas que dicta la UIF, inclusive, he de decirle que la gente de la Unidad de Inteligencia Financiera y del ICD, propiamente la Subdirectora, nos anunció que ya venía una resolución dictada de conformidad con el numeral 126 de la Ley 8204, que es precisamente, la que yo hacía referencia ahora, respecto al Consejo Superior de Administración del ICD, entonces, sí se ha venido trabajando coordinadamente, sí se ha venido estableciendo relaciones y sí, sí se está trabajando en ese tema”.
Investigación de la Comisión cerró sin sanciones
La investigación que llevó acabo la Comisión de Ingreso y Gasto Público sobre la lotería electrónica y la posibilidad de que se convirtiera en un proceso utilizado para la legitimación de capitales cerró sin que se estableciera, ni siquiera, una denuncia formal y el informe de mayoría que fue aprobado (redactado por los diputados de Liberación Nacional que integran la comisión) exime de toda responsabilidad a los miembros de la Junta Directiva y de las Gerencias.
En el proceso de investigación se conoció que la empresa G-Tech ganó la licitación en julio del 2012 para administrar los juegos electrónicos que empezaba a implementar la Junta de Protección social (JPS) pero que antes de que se abriera el concurso, representantes de G-Tech se reunían con miembros de la entidad pública e incluso se realizó un viaje a Chile auspiciado por la firma internacional y donde participaron exgerentes de la benemérita. Aun así, se estableció que no había vicios en el proceso de contratación.
Cuando G-Tech empezó a administrar la lotería se eliminó el tope de la apuesta, por lo que la Junta empezó a tener pérdidas en el plan de pago de premios (estaban pagando más de lo que recibían de apuestas). Además se eliminó el control de los apostadores, a quienes se les solicitaba el nombre y número de cédula. Acción que de acuerdo con la Auditoría de Junta, abrió un portillo para el lavado de dinero.
Parte de las conclusiones de los diputados es que los juegos electrónicos de la Junta son atractivos para los sectores que buscan legitimar capitales. La Procuraduría General de la República indicó que se debe recopilar la información de los jugadores de la lotería electrónica si así lo dispone la Unidad de Inteligencia Financiera
“La empresa concesionada, G-Tech, y parte de la administración de la Junta de Protección Social, han demostrado poco o ningún interés en la identificación de los jugadores y ganadores de la lotería electrónica. La empresa G-Tech ha sido cuestionada en otros países por realizar prácticas que riñen con las normas administrativas correctas”, concluye el informe.
Oviedo afirmó que es relevante exigirle a la Junta Directiva que implemente los mecanismos necesarios para identificar a todos los compradores y ganadores de lotería electrónica y que despida al señor Roberto Carazo por ocultar información fundamental para la toma de decisiones.